Hola,

Esta Semana Santa quise preparar una edición distinta de Rabiosa Medea y aprovechar para lanzar el Boletín Rabioso: un newsletter mensual. En este Rabioso les comparto una ruta breve para ponerse al día con algunos textos y episodios que siguen acompañándonos, ayudándonos a pensar y a nombrar lo que vivimos.

Si llevas tiempo queriendo volver al archivo o estás entrando por primera vez, aquí te dejo una selección para leer y escuchar con calma en estos días de pausa y descanso.

Para leer

Un ok en el vacío: el ángel que ya no quiso ser famoso

Una crónica dura y necesaria sobre lo que la cárcel le hace a un cuerpo, a la voz y a la posibilidad misma de que te escuchen. Es una pieza sobre Ángel Colón Maldonado, pero también sobre la maquinaria burocrática que convierte la deshumanización en un procedimiento y el dolor en un trámite. La recomiendo para empezar porque condensa muy bien una de las preguntas centrales de Rabiosa Medea: qué vemos y qué dejamos de ver cuando el Estado castiga.

Leer aquí: Un ok en el vacío: el ángel que ya no quiso ser famoso.

El sistema no falló: así es como se supone que funcione

Este texto es una excelente entrada a la apuesta política del proyecto porque nombra algo esencial: muchas veces el sistema penal no “falla”, sino que opera exactamente como fue diseñado. A partir de una absolución en un caso de homicidio en Ponce, el ensayo cuestiona la idea de que justicia sea sinónimo de castigo y abre preguntas más profundas sobre reparación, sufrimiento, comunidad y transformación. Es una pieza ideal para quien quiera entrar por una reflexión más conceptual sobre justicia abolicionista.

Leer aquí: El sistema no falló: así es como se supone que funcione

La cárcel llega después; primero viene el abandono.

Este texto insiste en algo que demasiadas veces se borra del debate público: antes del castigo hubo abandono, precariedad, ruptura de redes de cuidado y una conversación pública que prefiere construir monstruos antes que mirar las condiciones que hicieron posible la tragedia. A partir del caso de Chris Ezequiel, la pieza propone una conversación más honesta sobre salud mental, sufrimiento psíquico, consumo problemático y responsabilidad estatal sin negar en ningún momento la brutalidad del daño. Es una lectura importante para entrar al archivo desde la pregunta por las causas de la violencia y no solo por su castigo posterior.

Leer aquí: La cárcel llega después; primero viene el abandono.

Para escuchar

04X02: El derecho que supimos conseguir: Belén, Soledad Deza y el diseño del miedo

Una conversación imprescindible sobre aborto, criminalización, miedo y el diseño del Estado. A partir del caso de Belén y de la conversación con Soledad Deza, este episodio muestra cómo el sistema de salud puede convertirse en una extensión de la policía y por qué el feminismo abolicionista sigue siendo una herramienta urgente para defender el derecho a no dar explicaciones.

Escúchalo aquí: 04X02: El derecho que supimos conseguir: Belén, Soledad Deza y el diseño del miedo

04X01: Venezuela desde Venezuela

Este episodio abre un espacio para escuchar una voz feminista en tierra y pensar a Venezuela no como tema “prohibido”, sino como un campo de batalla narrativo. A partir de la conversación con Aimee Zambrano, el episodio recorre el peso de las sanciones, la guerra mediática, la violencia imperial y el castigo colectivo, desde una brújula feminista, abolicionista y antiimperialista. Me parece una selección muy buena para esta edición porque amplía el archivo hacia una conversación regional sobre soberanía, propaganda, vida cotidiana y violencia estatal.

Escúchalo aquí: 04X01: Venezuela desde Venezuela

Si quieres empezar por uno solo

Si solo vas a abrir una pieza esta semana, te recomiendo empezar por “La cárcel llega después, primero viene el abandono”.

Creo que ahí se siente con mucha fuerza algo que atraviesa todo Rabiosa Medea: la necesidad de mirar de frente el daño sin conformarnos con las explicaciones fáciles del castigo. Después de ese texto, puedes seguir con Un ok en el vacío si quieres entrar de lleno en lo que la cárcel hace con un cuerpo, una voz y una vida; o con El sistema no falló: así es como se supone que funcione si prefieres una reflexión más directa sobre justicia, reparación y transformación.

Gracias por leer y escuchar Rabiosa Medea.

Si este newsletter te acompañó, compártelo con alguien que también quiera ponerse al día en estos días.

En esperanza,

-Mariana

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Pero precisamente porque ese daño importa, no podemos limitar el análisis a un acto monstruoso y excepcional. Un asunto de mera voluntad individual.

En la vista preliminar del 30 de enero de 2026, la cual vi completa, el fiscal Soto Fantauzzi preguntó: “¿En qué sistema de justicia viviríamos si el señor Cristian Serrano Rosario no responde y no es separado permanentemente de la sociedad por el crimen violento que se suscitó por haber atentado contra su propia sangre?”

Al otro día, en entrevista con la periodista Milly Méndez, el fiscal Rivera Millán añadió otra capa: “La pregunta que debe hacerse todo el mundo es si una persona que voluntariamente deja de tomarse sus medicamentos y por el contrario hace uso de sustancias controladas y otras drogas y asesina a su hijo, esa persona puede venir a reclamar que no le caiga todo el peso de la ley porque no es por todas las drogas que consumió sino por capacidad.”

Dos fiscales. Dos declaraciones públicas. El mismo marco: un sujeto autónomo y libre que eligió convertirse en lo que es. Eso no es solamente un argumento penal. Es una narrativa política. Profundamente política. Cuando la respuesta pública, estatal y mediática construye un monstruo, ocurre algo muy específico: la persona acusada aparece como una anomalía moral. Y el Estado desaparece de la escena. Ya no es necesario hablar de abandono, de desigualdad, de salud mental, de consumo problemático de sustancias, de reducción de daños ni de ruptura de redes de cuidado.

Ese monstruo, que los medios de comunicación y la fiscalía construyen juntos, absuelve al Estado. Si la violencia proviene de un ser excepcional, ajeno, incomprensible, radicalmente otro, humanamente incomprensible, entonces no hay condiciones sociales que examinar. No hay política pública que haya fallado. No hay sistema que reparar. Solo hay que separar al monstruo y seguir adelante. Eso es lo que hace la figura del monstruo: despolitiza la violencia.

Por eso, el fiscal Rivera Millán enfatiza la “voluntariedad”. Voluntariamente dejó de tomar sus medicamentos y voluntariamente consumió sustancias. La palabra sirve para castigar, no para tratar de comprender qué pasó esa Víspera de Reyes. Porque en contextos de sufrimiento psíquico, tal como hemos visto y se ha discutido en los medios en este caso, pobreza, aislamiento, consumo problemático de sustancias, desempleo y discontinuidad de los servicios, hablar de voluntad como si existiera en el vacío es una ficción demasiado cómoda.La voluntad no existe fuera del contexto.

Lo que sabemos de este caso es que en 2024, Christian Serrano Rosario ingresó involuntariamente al Hospital Panamericano. La mamá del menor y compañera de Christian en ese momento solicitó una orden 408. Es decir, había señales e intervenciones previas, así como un Estado que estuvo en contacto con dicha situación. Preguntar por qué una persona con un diagnóstico de esquizofrenia descompensada dejó de tomar sus medicamentos, sin preguntar quién lo acompañaba, qué apoyos existían, qué pasaba en su vida material, es hacerle la pregunta equivocada al sujeto equivocado.

La madre del niño salió a comprar medicamentos porque este tenía fiebre. Ella proveía y cuidaba. Cuando regresó, Christian no estaba; la puerta estaba cerrada y en su cuarto encontró a su hijo muerto.Esa imagen lo dice todo: una mujer cargando sola con el trabajo de sostener una familia material y emocionalmente. Un padre con un diagnóstico grave, sin redes de apoyo ni acompañamiento del Estado. Un niño cuya seguridad dependía de que esas redes estuvieran allí. Pero como las redes son inexistentes, el fiscal opta por hablar de voluntad individual.

Entonces, ante el abandono estatal, se evaden preguntas imprescindibles: ¿Qué acceso real hubo a tratamiento? ¿Qué redes sostuvieron o no sostuvieron? ¿Qué formas de abandono precedieron la crisis? ¿Qué hizo el Estado antes del daño, además de prepararse para castigar después? Sin esas preguntas, la conversación se queda en la monstruosidad individual; no hay necesidad de sostener la vida ni de transformaciones políticas. Todo queda igual. ¿Es ese el sistema de justicia del que habla el fiscal?

No estoy argumentando que nada debería pasar ni que se ignore el daño. Estoy proponiendo qué deberíamos mirar y por qué y quiénes más deberían participar en esa conversación. Decir que hay que mirar el abandono, la precariedad y la ausencia de cuidados no borra la brutalidad de lo ocurrido. No disminuye la pérdida irreparable de un niño. No niega el dolor de su familia.

No se trata de explicar para absolver; se trata de explicar para comprender, para rechazar la comodidad de las salidas fáciles que no transforman nada. Porque los diagnósticos no aparecen en el discurso fiscal para que se comprendan. Aparecen solo para descartarlos o decir que no hablarán de ellos. El consumo problemático de sustancias no se analiza para comprender cómo se da. El fiscal únicamente lo utiliza para hablar de “voluntariedad” y para endurecer la condena social y moral.
Todo lo demás, cómo se deteriora una vida antes de romperse, queda fuera de la escena.

Por eso, esto no va de negar el daño. Va de buscar una conversación más honesta sobre sus causas. Preguntar qué condiciones hicieron posible la tragedia y por qué el Estado siempre parece más dispuesto a encerrar que a sostener la vida es una pregunta urgente.

Una cárcel no va a tratar la esquizofrenia de Christian Serrano. No va a devolverle la vida a Chris Ezequiel. No va a crear los servicios de salud mental comunitaria que no existen. No va a construir las redes de cuidado que esta familia no tuvo. No va a cambiar nada de lo que hizo posible que esto ocurriera. Lo que hace la cárcel es cerrar la conversación. Meter al monstruo adentro y seguir igual. Negarse a confundir el castigo con la justicia me parece una posición política indispensable. Lo digo porque, mientras sigamos creyendo que la violencia proviene de monstruos excepcionales, seguiremos negando las condiciones que la incuban y, cuando negamos las causas, nada cambia. Solo repetimos el ciclo: abandono primero, castigo después y la ilusión de que basta con eso.

Conversemos más allá del castigo.

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Belén es un espejo de lo que nos puede pasar cuando el sistema de salud se convierte en una extensión de la policía. Analizamos cómo este caso es un faro para entender lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico con la Ley 122, la Ley 183 y el PS 923.

En este episodio exploramos:

• 🔥 El caso Belén: Cómo un dolor de vientre se convirtió en una condena de homicidio agravado.

• 🏥 La trampa de la “protección”: Cómo la violación de la confidencialidad médico-paciente es la puerta de entrada a la criminalización.

• 🇵🇷 El laboratorio boricua: Cómo el Estado usa nuevas leyes para convertir clínicas en lugares de vigilancia y registro.

• ✊ Feminismo abolicionista: Por qué el sistema penal no repara, sino que disciplina a las mujeres pobres y diversidades.

La historia de Belén, ahora inmortalizada en la película de Dolores Fonzi, nos enseña que la culpa no es un hecho, es una construcción patriarcal. Nos toca defender el derecho a no dar explicaciones.

Dale play, indígnate y organízate. 💚

Recursos y Referencias:

• 📚 Libros:

Jaque a la Reina: Salud, honra y libertad de las mujeres (Sobre el caso María Magdalena).

Cómo formar una guardia de abogadas para garantizar abortos (Sobre la abogacía de Guardia).

Libertad para Belén (Sobre el caso Belén)

Somos Belén (Libro en el que se basa la película)

• 🎬 Película: Belén (Dirigida por Dolores Fonzi), disponible en Amazon Prime.

• ⚖️ Legislación de Puerto Rico en discusión:

  • Ley 122: Sobre el registro de menores y el rol de las clínicas.

  • Ley 183: Definiciones sobre el “nasciturus” y sus implicaciones penales.

  • PS 923: Alineamiento del código civil y penal.

Fundación Mujeres por Mujeres es una organización feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, dedicada a la promoción de una ciudadanía plena con enfoque de género e interseccionalidad. Además, tiene estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos mediante la resolución CP/RES 759 (1217/99). Síguelas en Instagram acá.

Créditos:

• Conducción, Guion, Idea y Sonido: Mariana Iriarte Mastronardo

• Invitada: Soledad Deza

• Producción: Rabiosa Medea

Este pódcast es totalmente autogestionado y autofinanciado. Tu aportación nos ayuda a poder seguir haciendo este tipo de contenido. Puedes apoyarnos acá o escribiéndonos a mariana@rabiosamedea.com.

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Cuando leí por primera vez el cuento “Justice”, de Mariame Kaba, quedé profundamente conmovida. Lo repaso con mis estudiantes cada semestre y, sin falta, el impacto es el mismo: me confronta con la dificultad de un desprendimiento que, como madre, no sé si podría lograr. No les destriparé la historia; está ahí para que la lean. Lo esencial, lo que urge destacar, es la necesidad de imaginar y construir sistemas de justicia que difieran radicalmente de los que conocemos. Un andamiaje que no nos empuje a profundizar el daño y que, sobre todo, no ignore las causas estructurales que nos llevaron a lastimarnos en primer lugar.

El 6 de febrero de 2026, un juez del Tribunal de Ponce absolvió a una persona acusada de matar a su vecino. La determinación fue: defensa propia. Este acto de quitar una vida fue la trágica culminación de múltiples controversias vecinales que, a pesar de haber pasado por la instancia judicial, escalaron hasta el desastre.

A partir de la muerte, el Estado puso en marcha su maquinaria de criminalización. Denunció y, posteriormente, acusó. Una vez en sala, se activa el llamado “sistema adversativo” o sistema acusatorio. Este modelo se basa en la confrontación: el Estado presenta su evidencia de culpabilidad y la parte acusada la rebate. La “verdad” la determina una persona que juzga (juez o jurado) a partir de este debate entre partes, bajo la premisa de que el contraste dialéctico conduce a la justicia.

Este es el sistema de “justicia” que, en las democracias liberales, se supone que garantice derechos individuales y frene la persecución penal estatal. Por eso, a la Fiscalía se le impone la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Se rige por los principios de oralidad y publicidad: este es el sistema acusatorio de Puerto Rico.

En estas últimas semanas hemos palpado los daños inherentes a este sistema. Un espacio donde el Estado y la defensa libran una batalla; donde las personas directamente impactadas por la violencia son relegadas a meros testigos; y donde la inmensa mayoría de las personas acusadas son blanco fácil debido a su falta de herramientas para defenderse: personas empobrecidas, racializadas, cuirs, discas, feminizadas, vulnerabilizadas. Para este sistema, el castigo o el encierro son las únicas respuestas posibles. Cuando el castigo no se materializa, las personas afectadas por el daño experimentan un abandono estatal profundo, declarando: «el sistema falló».

Dentro del sistema de criminalización, el Estado no solo tipifica las conductas prohibidas (delitos), sino que también establece las razones por las que una persona puede ser eximida de responsabilidad penal. A estas se les llama causas de exclusión de responsabilidad penal. En Puerto Rico, se recogen en la Sección Tercera del Código Penal, siendo la legítima defensa una de ellas. En estos casos, la persona que adjudica no duda que la conducta prohibida ocurrió, pero determina que existe una razón legal que exime de responsabilidad penal.

En el contexto puertorriqueño, la persona acusada tiene el derecho a ser juzgada por un jurado de sus pares. Sin embargo, puede renunciar a este derecho y solicitar que el caso sea visto por un tribunal de derecho (solo un juez). El jurado no necesita ser especialista en Derecho. Para garantizar que reciban instrucciones claras y uniformes, el Poder Judicial ha aprobado el “Libro de Instrucciones al Jurado”, un documento esencial para aplicar correctamente el derecho.

El principio fundacional es la presunción de inocencia, recayendo sobre el Ministerio Público la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. A diferencia de la Fiscalía, si la defensa levanta la defensa propia, le basta con generar una duda razonable. Si quien adjudica (juez o jurado) tiene una duda razonable sobre si la persona actuó o no en legítima defensa, tiene el deber de dictar un veredicto de no culpabilidad y absolver.

Es cierto que la defensa propia tiene varios requisitos, pero una vez levantada, es el Ministerio Público quien tiene que probar, más allá de toda duda razonable, que ninguno de esos requisitos se cumplió. Si existe duda sobre la existencia de uno solo de ellos, la persona debe ser absuelta. Es una garantía que eleva la presunción de inocencia por encima de cualquier otra consideración.

Por eso reitero: el sistema no falló. El sistema operó exactamente según su diseño. Reconocer esta verdad es indispensable para poder debatir qué es, y qué no es, la justicia. Surgen preguntas cruciales: ¿Cómo se ve la justicia? ¿Como encierro perpetuo? ¿Como castigo? ¿Como sufrimiento? ¿La justicia debe lastimar o debe sanar? ¿Es justicia el enfrentamiento entre dos partes, una de ellas el Estado, ante un tercero que decide? ¿Cómo se repara el daño causado por otra persona? ¿Cómo transformamos las causas que hacen posible el daño en primer lugar? ¿Es justicia el cumplimiento absoluto de los deseos de las personas impactadas respecto al destino de quien causó el daño? ¿Es justicia la participación de comunidades impactadas, aunque no hayan presenciado los hechos? ¿Se parece a un círculo de sanación? ¿Se percibe como una comunidad involucrada en los asuntos de los espacios que habita?

Lo que presenciamos no fue justicia, pero no por un fallo del sistema, sino porque funcionó exactamente como se supone que lo haga. Y esto es una bofetada: la justicia no puede depender de castigar a la persona que hizo daño. La justicia debe ser otra cosa.

Antes de cerrar: nos enteramos de este caso por su naturaleza, su impacto y la familia involucrada. Sin embargo, a diario ocurren cientos de casos que pasan bajo el radar, donde tanto las personas impactadas por la violencia como quienes la ejercen son consideradas dispensables. Todos los días encarcelamos gente porque es fácil de perseguir y encerrar. Todos los días evitamos hablar de lo que se siente y lo que se genera al vivir en un sistema que nos empuja a hacernos daño de todas las formas posibles, sean estas tipificadas como delitos o no. Todos los días jerarquizamos vidas y reafirmamos la supremacía. Reconocernos y reconocer a quienes amamos en estas dinámicas es fundamental para hablar de la justicia que anhelamos: cómo se siente, cómo se vive y cómo se construye.

La protagonista de este episodio es Aimee Zambrano, antropóloga, comunicadora popular y coordinadora del Monitor de Femicidios de Utopix. Desde Venezuela, Aimee pone palabras a lo que se vive cuando la soberanía se vuelve un “privilegio”, cuando la propaganda acelera la historia hasta borrar el pasado, y cuando la vida cotidiana queda atravesada por la violencia imperial, la guerra mediática y el castigo colectivo.

En este episodio caminamos por capas: el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero como antecedente; la llegada de Chávez y el impacto material de las misiones en la vida de la gente; y el peso de las sanciones en infraestructura, movilidad, salud, educación y comida. Todo con una brújula clara: feminista, abolicionista, antiimperialista y anarquista —sin romantizar gobiernos, pero sin prestarnos a la “liberación” por invasión.

Porque una cosa es crítica, y otra es celebrar el bombardeo.

Advertencia de contenido: conversación sobre guerra, violencia estatal, muerte, precarización y violencia de género.

Un agradecimiento especial al periódico feminista TODAS por prestarnos su redacción para grabar parte de este episodio.

1. Prólogo

Conocí el caso de Ángel Colón Maldonado mientras preparaba un contenido abolicionista. Llegué a él buscando problematizar la categoría de “asesino serial”, esa etiqueta que el sistema utiliza para clausurar cualquier intento de comprender la complejidad humana. Apareció Ángel. Me impactó la edad en la que el Estado alegaba que habían comenzado los daños: era casi la misma edad de mi hijo en ese momento.

Me resisto a comprar la propaganda que define a las personas por sus peores actos y las convierte en monstruos para evitar explicarlas. Por eso investigué, algo que ciertos programas “investigativos” no hacen. Lo que encontré fue una radiografía del abandono organizado: Ángel, el menor de seis hermanos criados por una madre empobrecida, sobrevivía desde los trece años en las calles de Condado mediante el intercambio sexual de supervivencia. Su cuerpo era su único medio de subsistencia en contextos de explotación con hombres mayores y con recursos.

Situar estos daños en su complejidad sistémica no es un ejercicio de justificación, sino de honestidad política. Comprender cómo la homofobia se entrelaza con la precariedad no exime de responsabilidad por el daño causado, pero sí nos obliga a señalar la responsabilidad de un sistema que hace que esta violencia sea posible.

Hoy pude verlo en una pantalla. Nada queda del chico de las fotos de los ochenta que tanta indignación causaron. Su imagen es lo que nos devuelve la cárcel: un cuerpo quebrado que el sistema intenta hacernos creer que es justicia.

2. La oficina

Llegué a la Junta de Libertad Bajo Palabra poco antes de las 8:30 AM. Me recibió una guardia con tres décadas de antigüedad. Mientras esperaba con la prensa, nos informaron que estaban escuchando a las personas que decían haber sobrevivido a los daños para determinar si tenían standing para participar del proceso. Finalmente, a eso de las 11:10 AM, entramos.

Sostengo mi libreta verde con fuerza. Soy abogada abolicionista y feminista, lo que significa que no vengo a pedir encierro perpetuo, sino a observar qué sucede cuando la libertad se vuelve un trámite oficinesco, un procedimiento rutinario que ocurre lejos de los cuerpos que soportan las decisiones.

3. La vista

La vista empezó con una cortesía prolija. “Buenos días. Voy a abrir récord”, dijo la licenciada Patricia Molina Vázquez. Es el 19 de diciembre de 2025.

Frente a nosotres, un monitor. La pantalla no fallaba: la imagen era nítida, casi obscena por su claridad. El Estado lo veía todo en alta definición, pero era incapaz de comprender nada. La oficial presentó el marco: “vista de consideración del privilegio de libertad bajo palabra”. Y luego, como si el expediente necesitara el morbo para existir, añadió su apodo: “el ángel de los solteros”.

La oficial pidió que dijera su nombre “en voz alta y clara”. Era una exigencia de transparencia dirigida a un hombre cuya capacidad de articular había sido triturada por casi cuarenta años de encierro. El audio funcionaba; escuchábamos cada movimiento, pero a Ángel no se le entendía.

—Yo no le escucho bien, no le entiendo —dijo la oficial.

Fue el resumen de la escena. El sistema lo veía perfectamente, pero el sonido de su humanidad le resultaba incomprensible. Aun así, el procedimiento avanzó. Como si fuera mi robot-aspiradora que detecta un objeto, el sistema ajustó la ruta y siguió aspirando sin detenerse.

4. La fábrica de oscuridad

En la pantalla, Ángel no era un “caso”. Era un hombre pálido, con la cabeza afeitada y ojeras que hablaban de décadas de encierro y mal sueño. Se percibía un atontamiento institucional; su dificultad para articular sugería un cuerpo intervenido químicamente por la cárcel.

Ángel ingresó a la cárcel a los 19 años. Ese número me golpeó con la fuerza de una pérdida personal. Treinta y ocho años después, su voz no lograba atravesar el micrófono. Y luego, la palabra: “privilegio”. Libertad como premio, como beneficio y no como una condición humana mínima.

5. El “Ok” como salvavidas

La técnica sociopenal, María Peña Rosa, servía de intermediaria. La oficial recitó los derechos como quien lee las instrucciones de seguridad en un avión, aunque un poco más pausada.

—¿Comprendió lo que le acabo de mencionar? —preguntó la oficial.

—Yo entiendo... pero yo prefiero que... —balbuceó Ángel, entre sonidos borrosos que hablaban de “costar muchos litigios” y “no querer ser más famoso”.

“No quiero hacerme más famoso” puede leerse como un signo de cansancio del personaje. Cansancio de la etiqueta. Cansancio de un relato público que lo precede —ese apodo flotando desde el inicio, pronunciado con claridad como parte de su identidad— mientras su voz real no logra atravesar el micrófono para decir que así lo llamaba el Gobierno.

Esa frase podía abrir una conversación. Podía plantear una pregunta simple: ¿por qué renuncia? ¿a qué le tiene miedo? ¿qué no quiere? ¿qué lo agota?

Pero el procedimiento no está diseñado para escuchar. Está diseñado para cuadrar dentro de opciones predeterminadas.

Para Ángel, el derecho a un abogado o el proceso mismo eran sinónimos de litigios y de una fama que ya no podía soportar. El sistema le pedía que se explicara “más claro”, pero la cárcel es una fábrica de oscuridad. Ante la presión, apareció el salvavidas:

—Ok —se escuchó en la sala.

“Ok” sirve para muchas cosas en una institución penal: para no contradecir, para salir del paso, para aparentar comprensión cuando no hay condiciones para comprender. Sirve para no irritar a quien tiene el control del tiempo. Sirve como salvavidas.

6. El “Exacto”: La voluntad como casilla

La técnica sociopenal soltó una verdad que debió detener la vista inmediatamente: existía una evaluación de 2024 que confirmaba por qué no habían logrado establecer una comunicación coherente con Ángel.

—No puedo darle a usted certeza de que él está comprendiendo el proceso —sentenció la técnica, mientras la examinadora rebuscaba el expediente para confirmar que no obraba en este.

Igual el Estado prefiere el encierro a la comprensión. La oficial decidió explicarle todo de nuevo “en palabras más sencillas”. Ángel, con un eco de cansancio en la voz, respondió, o al menos así lo entendí, que quería “quitar la vista hoy”, mencionando que estaba “difícil en cuanto a salud” y que sufría “depresión” (no estoy segura de si dijo depresión o presión). Solo quería volver “allá”, al lugar que lo rompió, porque ya no sabía cómo estar en otro sitio.

Ante esta deriva de dolor, la oficial aplicó la traducción definitiva:

—¿Desea entonces renunciar al privilegio de libertad bajo palabra?

—Exacto —contestó él.

En ese “exacto” selló el destino. Vimos su mano guiada por el dictado de la sociopenal: “Aquí pones tu nombre”. Firmó una renuncia “libre y voluntaria” que el procedimiento requería para seguir funcionando. La vista culminó con un “lindo día” de parte de la examinadora. ¿Existirán lindos días en la cárcel?

7. Lo más honesto siempre viene después

Después de que el récord se cierra, ocurre lo que suele ocurrir en muchas escenas institucionales: aparece una conversación más sincera, menos cuidada, en la que se dicen cosas que la minuta o la resolución oficial no suele contener.

Preguntan si el caso se vio a petición de Ángel o si se hizo automáticamente. La Ley 85-2022 obliga a Corrección a referir automáticamente los casos que han cumplido con el mínimo requerido para cualificar para el beneficio de libertad bajo palabra. Entonces me animo a hacer una pregunta que debería importarnos tanto como cualquier frase jurídica: si esos derechos que se informan en la vista se informan antes, en el proceso de preparación.

La examinadora me responde con una honestidad que, en otro contexto, sería escandalosa:

“Se supone que la social se lo informe, no sé si lo hacen, nosotros como oficiales examinadores sí tenemos que decirle los derechos y ahí es que muchos de ellos se enteran”, algo así recuerdo que me contestó.

Ahí. En el momento. En la videoconferencia. Cuando el cuerpo ya está en pantalla. Cuando el “ok” ya es la única herramienta. Cuando no se entiende.

8. La desposesión y el lechón

Salimos de la sala. Afuera esperaba una mujer de 81 años junto a familiares de uno de los hombres que ya no están. Buscaban un espacio, pero la Junta determinó que no tenían standing. En la lógica penal, esta exclusión es necesaria. El sistema privatiza el conflicto y lo convierte en una gestión individual del daño, una transacción cerrada entre el Estado y la persona que imposibilita la reparación allí donde todavía podría haberla.

Pero hay algo más profundo: en casos como este, donde el daño es tan absoluto que la reparación ya es imposible, el sistema falla doblemente. Su estructura punitiva impide la gestión colectiva del dolor y, sobre todo, bloquea la transformación de aquello que posibilita el daño. Al centrarse sólo en el castigo de un cuerpo, el Estado se ahorra la tarea de cambiar las condiciones que permitieron que esta historia comenzara hace treinta y ocho años.

Salí por una puerta lateral que daba al parking y el cambio de atmósfera fue un golpe en la cara. Al frío de la oficina lo reemplazaron el aire navideño y el olor a lechón asado. En la calle, que estaba cerrada, Corrección celebraba su fiesta de Navidad. Su propia banda musical se estaba preparando para tocar mientras les empleades hacían fila en la carpita del lechón.

Pasé por el medio de la fiesta. Caminé hacia mi auto por la porción de la calle cerrada que estaba desierta. Pensé en Ángel y en su “ok” inaudible capturado en una videoconferencia a través de la plataforma de Microsoft Teams. Pensé en lo que hace la cárcel. Treinta y ocho años preso no son una suma de días. Son una tecnología. Una forma de intervenir en el cuerpo, el lenguaje, la presencia y la capacidad de relacionarse.

En una vista de libertad bajo palabra, el sistema no solo evalúa el “riesgo” de una persona: evalúa si esa persona puede, todavía, participar de la ficción del ciudadane, que aun privade de su libertad, puede decidir.Pero esa ficción requiere condiciones mínimas: escucha, comprensión, tiempo, asistencia real y la posibilidad de decir “no entiendo” sin que eso te expulse. Requiere que el Estado no confunda el trámite con el consentimiento.

Yo no escribo esto para pedir “mano dura” ni para reclamar más encierro. Sería una perversión política: ver una escena de deshumanización y pedir castigo como respuesta. Lo escribo porque la escena muestra una verdad que el punitivismo siempre oculta: la cárcel no solo castiga lo que hiciste; también castiga la posibilidad de ser alguien que habla, que decide, que se orienta en el mundo. La cárcel te roba la humanidad.

El Estado no necesitó entender a Ángel para cerrar su expediente, ni necesitó escuchar a nadie para seguir bailando. La imposibilidad de comprensión y el lechón asado eran dos partes de la misma tecnología: la que nos permite administrar el olvido mientras la fiesta sigue en la oficina de al lado.

Las fotos de la fiesta de Navidad pueden verlas en la página del Departamento de Corrección, acá.Viendo las fotos, parece que no era lechón, sino más bien una paella acriollada.

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Teorizar es imaginar. Es imaginar otras posibilidades y otros futuros. bell hooks nos enseñó que la teoría puede ser sanadora y una práctica de liberación; depende de nosotres.

En el curso de Teoría del Derecho, estudiamos lo que teorizaron otres pero también buscamos nuestras propias explicaciones. Imaginamos derecho desde los cuidados, en lugar de la violencia; desde lo colectivo, en lugar de lo individual.

Con mucho entusiasmo, les comparto el producto. Está listo para imprimir, así que no se lee linealmente, sino como un libro. En los márgenes encontrarás los números de página para seguir la lectura.

Fanzine Cartografía Del Cuidado Brújula Estudiantil De Apoyo Mutuo

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Además, te comparto un mapa interactivo preparado con mucho amor, pero que también necesita el tuyo. Escríbeme si tienes datos nuevos, algo que corregir o aclarar.

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Era 1949. La élite dominicana bailaba, quizás por inercia o por miedo, al son de la Súper Orquesta San José. Sonaba “San Rafael”, el merengue dedicado al “Jefe”, himno de la adulación obligatoria. El Palacio, escenario habitual de la pompa del régimen, albergaba esa noche una de las tantas fiestas que Trujillo se ofrecía a sí mismo.

Los zapatos de las jóvenes resbalaban sobre el mármol encerado; el calor de los cuerpos en la pista se mezclaba con ese otro calor pegajoso: el de la obligación disfrazada de invitación. La familia no quería estar allí, pero la ausencia no era una opción; mucho menos para ella. Se lo había pedido su padre. Les tocaba obedecer al compás de la güira y la tambora —que martillaban como una orden— y de los metales que dictaban el ritmo unísono de la dictadura.

Mientras el merengue empujaba los cuerpos en el salón de baile, el país vivía otro tipo de estruendo: los gritos de “La 40”.

Allí también se martillaba, se disparaba y se arrastraba, pero no había música. Aquello no era un “Palacio”, sino un centro clandestino de tortura operado por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). No estaba diseñado para fiestas, sino para quebrar voluntades. Sus sobrevivientes no recuerdan saxofones, sino el zumbido mecánico de los generadores eléctricos de las sillas de tortura, mezclado con las órdenes de los guardias y los lamentos de los detenidos.

En “La 40” no había silencio —la privación de sueño era política de Estado— y el calor no venía del baile, sino del hacinamiento en celdas sin aire.

Minerva Mirabal conoció ambos infiernos: el del Palacio de la Gobernación en Santiago, mezclada con la élite, y el de “La 40”, junto a sus hermanas, su esposo, cuñados y sus camaradas. Las Mirabal, mujeres de clase acomodada, cometieron el imperdonable crimen de convertirse en oposición abierta. En el caso de Minerva, la afrenta fue doble: se atrevió a rechazar los avances sexuales de Trujillo, poniendo en jaque la masculinidad frágil del dictador y, con ella, el prestigio del régimen.

Minerva y María Teresa fueron juzgadas y condenadas en mayo de 1960 por “atentar contra la seguridad del Estado”. Meses después, en un gesto que los historiadores llamarían extraño, fueron liberadas por orden expresa de Trujillo, mientras sus esposos permanecían encarcelados.

Pero la libertad era una trampa.

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas salieron de Ojo de Agua hacia Puerto Plata para visitar a sus maridos. La carretera atravesaba La Cumbre: aislada, escarpada, rodeada de abismos y vegetación densa. Al atardecer, la neblina convertía el camino en una boca de lobo. Al llegar al puente de Marapica, era obligatorio reducir la velocidad: el escenario perfecto para una emboscada disfrazada de accidente.

Los agentes del Estado ejecutaron la orden. No fue hasta 1962, tras el ajusticiamiento del tirano, que se condenó a los autores materiales. Pero el pueblo lo supo desde el día uno: Trujillo —el Estado— era el responsable de la muerte de Las Mariposas.

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De las Mirabal a Campo Algodonero: El Estado en el banquillo

A veces pensamos el 25 de noviembre como una fecha más en el calendario institucional, olvidando su raíz sangrienta: la violencia de un Estado que decide quién es dispensable. Cuando las feministas latinoamericanas marcaron este día en 1981 en Bogotá, y cuando la ONU lo adoptó en 1999, no solo estaban señalando la violencia doméstica.

Cada vez que escribimos “25N”, estamos escribiendo también, aunque no lo sepamos: La Cumbre, Ojo de Agua, el SIM. Estamos nombrando a mujeres que el Estado decidió sacrificar para mantener su orden.

Décadas después, el expediente cambió de territorio, pero mantuvo el guion. Ciudad Juárez, México, noviembre de 2001. En un terreno baldío conocido como “Campo Algodonero” aparecen ocho cuerpos. Tres de ellas —Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— se convertirían en el centro de una demanda histórica. Eran jóvenes, pobres, estudiantes o trabajadoras, como tantas desaparecidas en la frontera.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero vs. México es incómoda porque hace la pregunta que los gobiernos evaden: ante un patrón de asesinatos de mujeres, ¿basta con culpar al “crimen organizado” o a un “hombre violento”?

La Corte dijo que no.

Sentenció que el Estado es responsable no solo porque las mataron, sino porque no adoptó medidas de protección, no previno a pesar de conocer el patrón, no investigó con diligencia y sostuvo un sistema de impunidad atravesado por la misoginia y el clasismo.

Campo Algodonero nos deja una premisa tan sencilla como dura: no es solo que a las mujeres las mata un hombre; es que el Estado crea las condiciones para que ese hombre pueda matarlas y desaparecerlas con total impunidad.

Recastando el término: Feminicidio de Estado

Aquí reside la potencia política del 25N: nace señalando la responsabilidad estatal. Por eso, las feministas latinoamericanas empezaron a hablar de feminicidio como crimen de Estado. No se trata solo del acto de matar por razones de género, sino de la indiferencia institucional, el abandono y la burocracia que producen una violencia sistémica. Es un Estado que conoce el patrón, que podría intervenir transformando las causas, y decide no hacerlo.

Desde una óptica abolicionista, esto es central: no estamos ante un sistema “bueno” que falla ocasionalmente. Estamos ante un sistema político, económico, colonial y patriarcal que funciona perfectamente para lo que fue diseñado: jerarquizar vidas, precarizar a unas más que a otras y administrar la violencia.

La violencia no es un error del sistema; es uno de sus principales lenguajes.

La trampa vino después. Muchos Estados cooptaron la palabra feminicidio, incorporándola a los Códigos Penales con penas más severas. El efecto fue ambivalente: se reconoció la gravedad del delito, pero se desplazó el foco. El feminicidio dejó de entenderse como síntoma de un orden social violento y pasó a venderse como algo que se resuelve con más cárcel.

Este es el giro del populismo punitivo: usar nuestro dolor y nuestro miedo para justificar más castigos, sin tocar ni una sola de las condiciones estructurales que generan el daño.

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Abolicionismo y realidad puertorriqueña

Como abolicionista y feminista, no niego la violencia; la tomo tan en serio que me rehúso a convertirla en la identidad eterna de alguien. No hablo de “agresores” como entes monstruosos nacidos de la nada; hablo de personas que han ejercido violencia dentro de un sistema que las formó, las precarizó y les enseñó que el daño es una forma válida de relacionarse.

En Puerto Rico, la violencia no es una suma de anécdotas individuales; es un patrón cruzado por la pobreza, el racismo, la xenofobia y el coloniaje. Ser mujer aquí no es una experiencia universal: si eres negra, pobre, migrante, trans o vives en un barrio criminalizado e hipervigilado, la maquinaria estatal te deja morir más rápido.

Por eso, para mí, el 25N tiene que regresar al origen radical:

1. A las Mirabal, que nos recuerdan que el Estado es un productor directo de violencia.

2. A Campo Algodonero, que establece que la negligencia estatal es complicidad criminal.

3. A la idea del feminicidio como crimen de Estado, y no como un artículo más para inflar el Código Penal.

La apuesta no puede ser darle más poder al sistema de castigo. No podemos remendar un sistema que funciona a base de triturar gente. Hay que construir otra cosa:

• Vivienda segura y autónoma, para que nadie tenga que elegir entre el maltrato o la calle.

• Acceso real a la salud física y mental, sin elitismo ni patologización.

• Independencia económica para romper relaciones de dependencia letal.

• Educación antirracista, anticolonial y con perspectiva de género.

• Recursos directos a las comunidades que ya están poniendo el cuerpo para sostener la vida y desescalar conflictos sin llamar a la policía.

Cada dólar que se traga el Complejo Industrial Carcelario es un dólar que no llega al albergue, a la organización comunitaria, a la prevención real.

No se trata solo de que no nos maten. Se trata de dejar de organizarnos alrededor del miedo y el castigo, para organizarnos alrededor del cuidado y la vida digna.

La violencia no es la esencia de nadie, pero sí es el núcleo de este sistema. Si queremos honrar el 25N, no basta con exigir más penas; hace falta cuestionar el sistema entero y decidir, colectivamente, que no aceptamos seguir siendo materia prima de un orden que nos prefiere asustades y silencioses.

Me quedo aquí, en este tramo del 25N: entre el palacio con merengue y la cárcel sin silencio, entre La Cumbre y Campo Algodonero. En ese punto exacto en el que el Estado decide ser cómplice activo. El 25N es una denuncia contra la máquina de dejar morir. Y aquí, en Puerto Rico, nos dejan morir todos los días.

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¿Por qué un silbato o un pito?

Porque a ICE (Inmigración) y al Gobierno les gusta hacer las cosas en silencio y a escondidas. Además:

• Es barato y fácil de conseguir,

• Cabe en el bolsillo o en el cuello,

• Se escucha fuerte, más que un grito,

• Lo entiende cualquier persona aunque no hable español,

• Avisa a les vecines y al corille rápido.

Ruido = Visibilidad

Silencio = ICE y la Policía hacen lo que quieren

¿Por qué funciona?

• Cuando suenan muchos silbatos la gente sale y mira,

• ICE y la Policía saben que hay testigos y hay cámaras,

• A los guardias no les gusta que las comunidades y barrios estén pendientes,

• El sonido llama a más personas que un grito,

• El grupo da más fuerza y apoyo a la persona detenida.

Un silbato sin acuerdo es sólo ruido, con acuerdo es defensa de la comunidad.

Códigos

Un código es un acuerdo para comunicarnos entre nosotres cuando percibimos un peligro inmediato o inminente.

Código 1 | ICE o la Policía cerca (ALERTA)

Esta es para cuando ves:

• Guaguas o carros de ICE (Inmigración).

• Carros de policía, muchas patrullas en el área.

• Paradas raras, gente mirando puertas, veladores.

SEÑAL DE SILBATO CÓDIGO 1

Sopla CUATRO PITAZOS

cortos, con pausas:

“PRI-PRI-PRI-PRI”

(para, respira, y repite)

Si lo escuchas: respira, no corras sin mirar, mira bien los carros, los uniformes y las entradas, avisa a les vecines, al colmado y al chat del barrio. Si estás segure, acércate a mirar y graba.

SI ESTÁS EN LA CALLE Y HAY CÓDIGO UNO:

• Si vendes en la calle, avísale a les demás venderores.

• Si no puedes salir, manda nota de voz al chat de les vecines con lo que ves desde tu ventana.

• Si estás trabajando en un colmado, salón, barbería: asómate y mira qué pasa.

Código 2 | Redada o detención en curso (EMERGENCIA)

EstE es para cuando YA ves:

• Gente detenida en la calle.

• ICE o policía montando a alguien en una guagua.

• Entrando a una casa, un edificio o un negocio.

• Haciendo redada en una esquina, en un residencial o en un barrio.

SEÑAL DE SILBATO CÓDIGO 2

Sopla SEGUIDO SIN PARAR

“PRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

(pitidos largos, como alarma)

Si lo escuchas: no vaYas sole, ve con otras personas; activa la red y escríbele a tus contactos; documenta hora, lugar, placas, uniformes, graba.

Cuida a quienes quedan: familia, vecines, hijes. Ayuda a llamar a abogados, cuido, trabajo.

Cuidado Colectivo

No sólo se trata de repartir silbatos; el silbato por sí solo no hace mucho. Antes de repartirlos, la comunidad tiene que hablar:

• Qué significa CÓDIGO 1 y CÓDIGO 2

• Practicar los sonidos del silbato juntes

• Hacer un chat de emergencia con gente que sabemos que RESPONDE

• Mapear los recursos: abogades, cuido, prensa, etc.

• Adaptarlo a sus necesidades y ensayar lo que les funcione.

🔊 Qué hacer con este zine, tu silbato y este post

Este zine no es para quedarse guardado en la compu. Es para el barrio:

• Consigue un silbato (o varios) y acuerden los códigos con tu corille, tu edificio, tu calle.

• Compártelo con gente migrante, vecines, colmados, salones, barberías, panaderías. Que todo el mundo sepa qué es Código 1 y qué es Código 2.

• Practiquen: hagan un simulacro corto en el pasillo, en la acera, en la esquina. Que el sonido no les coja por sorpresa.

• Descarga e imprime el zine para pegarlo donde haga falta: tablones de anuncios, postes, neveras, cuartos, centros comunitarios.

  

  Silbatos contra ICE: llama a tu corille y hagan ruido

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  Este mini zine es una adaptación hecha por Rabiosa Medea de materiales comunitarios utilizados en EU para alertar sobre la presencia de ICE o redadas en curso en nuestras comunidades. Puedes descargarlo y adaptarlo a las necesidades de tu comunidad y practicarlo juntes para que, de manera rápida y eficiente, podamos alertarnos unos a otres de la presencia de ICE en nuestros barrios y comunidades.

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Si quieres que facilitemos un taller para practicar los códigos de silbato, escríbeme.

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Este zine está preparado por Rabiosa Medea y se inspira en Silbatos contra ICE y materiales preparados por comunidades migrantes en Estados Unidos. PUEDES DESCARGARLO, ADAPTARLO Y REPRODUCIRLO PARA TU COMUNIDAD.

El pasado sábado 8 de noviembre, presenté estas reflexiones en el panel “Otro camino es posible”, como parte del Primer Conversatorio de la Coalición para la Transformación del Sistema Correccional de Puerto Rico: “Reescribiendo el futuro: Dignidad, oportunidad y retorno a la comunidad de las personas privadas de la libertad”.

Comparto con ustedes la ponencia.

Nos han vendido una estafa. Día tras día, nos hacen creer que la justicia es sinónimo de castigo, que la única respuesta a la violencia es más policía, leyes más duras y más jaulas. Pero el punitivismo es un espejismo.

Soy abogada, pero mi compromiso es con la transformación radical. Y desde esa trinchera, lo digo claro: justicia no es venganza. Como dijo la gran activista Fannie Lou Hamer, nuestro trabajo se ancla en la liberación colectiva, porque “nadie es libre hasta que todes seamos libres”.

La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el feminicidio en Puerto Rico nos grita en la cara el fracaso absoluto del sistema de criminalización para atender la violencia. La cárcel siempre llega tarde, pero, sobre todo, deshumaniza.

Pensemos con claridad: ¿De qué nos sirve un artículo penal más severo si llega después de que la compañera ha sido asesinada? ¿Evitó ese artículo que ella tuviera que regresar a la casa porque no tenía a dónde ir? ¿Le proporcionó un ingreso para ser autónoma? ¿Educó para desaprender el machismo?

No. El sistema penal nunca hace esas preguntas. Solo pregunta: “¿cuántos años le damos al que ya mató?”. Y a eso le llamamos “justicia”.

Eso es una trampa.

La Trampa de la “Justicia Restaurativa”

Para desmantelar esta estafa, me pidieron hablar de la justicia restaurativa, pero quiero usarla para alcanzar el horizonte necesario: la justicia transformativa.

Hay que reconocer que la justicia restaurativa da un paso valiente. Cambia la conversación.

Howard Zehr, uno de sus pioneros, explica el cambio de paradigma con unas preguntas simples pero profundas:

• El sistema penal pregunta: “¿Qué ley se violó, quién la violó y qué castigo merece?”.

• La justicia restaurativa pregunta: “¿Quién sufrió daño? ¿qué necesita? ¿quién asume la responsabilidad de reparar?”.

Esto es un avance inmenso porque desplaza el eje del castigo hacia la responsabilidad y la reparación.

Pero (y este es el “pero” central) la justicia restaurativa a menudo se enfoca únicamente en el incidente. Puede reparar una relación interpersonal rota, pero no pregunta por qué esa relación se rompió de manera tan violenta en primer lugar.

El Horizonte Abolicionista: Justicia Transformativa

Aquí es donde la justicia transformativa (JT) da el salto.

La JT no solo busca reparar el daño; también pregunta qué condiciones sistémicas y estructurales hicieron posible ese daño.

La justicia restaurativa repara el hecho; la justicia transformativa transforma las condiciones.

Cuando hablamos de “condiciones”, no lo hacemos en abstracto. Hablamos de:

• El patriarcado: ¿Cómo la socialización de los hombres en la dominación crea el terreno fértil para la violencia?.

• El racismo: ¿Cómo la deshumanización histórica de las personas negras y racializadas hace que la violencia contra ellas sea más invisible o recibida con más violencia policial?.

• La pobreza capitalista: ¿Cómo la desesperación de no tener para las necesidades básicas genera violencia social que se expresa en lo interpersonal?.

• El colonialismo: ¿Cómo un sistema que nos gobierna con violencia, como la Junta de Control Fiscal, nos ha enseñado que esa es la única forma de resolver conflictos?

• La transfobia y la homofobia: ¿Cómo el odio a quien no se conforma con el binario justifica la expulsión y la precariedad?

La justicia transformativa es, por definición, una justicia abolicionista. Entiende que la policía y las cárceles no son la solución, sino que forman parte del problema de la violencia sistémica.

Abolir no es un vacío, es construir

La sentencia sobre el feminicidio es una brújula que nos señala con claridad dolorosa: el camino nunca fue, ni será, el Código Penal.

Cuando hablamos de abolir la policía y las cárceles, no hablamos de un vacío. Hablamos de construir algo tangible en su lugar.

Hablamos de construir seguridad real.

Como nos enseñan las organizadoras abolicionistas, desde Mariame Kaba hasta Critical Resistance:

La seguridad no es un policía en cada esquina; la seguridad es tener tus necesidades cubiertas. La seguridad es la comunidad organizada.

La abolición es el trabajo de financiar masivamente:

• Salud mental comunitaria, accesible y gratuita.

• Mediadores vecinales y brigadas comunitarias entrenadas en desescalar conflictos.

• Economía solidaria, cooperativismo y vivienda segura.

• Sistemas de cuido infantil comunitarios.

• Educación sexual integral.

¿A qué comunidad se retorna?

Incluso cuando hablamos del “retorno a la comunidad” de las personas privadas de libertad, la justicia transformativa nos obliga a preguntar: ¿A qué comunidad están retornando?.

Si retornan a la misma comunidad precarizada y sin recursos que les empujó al sistema de criminalización en primer lugar, el “retorno” es solo una puerta giratoria.

Nuestro trabajo no es solo pensar en cómo las personas “retornan” de la cárcel. Nuestro trabajo es transformar la sociedad para que no existan jaulas.

La verdadera justicia no es encerrar a quien nos daña; es construir un mundo en el que ese daño sea, en primer lugar, impensable.

Otro camino no solo es posible. Lo estamos construyendo.

Esta conversación no termina aquí; es donde empieza la práctica. 🔥 El panel se tituló “Otro camino es posible”. Para ti, ¿por dónde empezamos a construirlo?

Quiero leerte. 👇

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Cárceles: la paradoja de la democracia es una publicación de Rabiosa Medea para conversar sobre la urgencia y la necesidad de abolir las cárceles. De manera simple e introductoria, te invito a explorar esta posibilidad y a cocrear el mundo en el que merecemos vivir.

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Nota: Esta fue la ponencia que ofrecí el 15 de octubre de 2025 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como parte del conversatorio “Repensar las violencias: Causas y Soluciones”, organizado por el UPRRP Forum & Debate Society.

Buenas tardes a todes, todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. Para mí siempre es un gusto participar de espacios como este, que promueven el pensamiento crítico y la imaginación radical. Estoy convencida de que sólo a través de la imaginación radical podremos construir el mundo en el que merecemos vivir.

La pregunta que nos convoca hoy —las causas de la violencia y sus posibles soluciones— nos obliga a mirar de frente las herramientas que hemos normalizado y a cuestionar si realmente nos han servido para atender las violencias.

Empiezo con una afirmación: el derecho, a diferencia de lo que nos enseñan, nunca es neutral. Siempre cristaliza y reproduce relaciones históricas de poder —clase, raza, género, propiedad, sexualidad, capacidades, entre otras—.

En contextos coloniales, como el nuestro, esa no-neutralidad se agrava: el orden jurídico se diseña para administrar la subordinación política y económica y acaba gestionando el conflicto social que esta misma desigualdad genera.

Si reconocemos esto, la pregunta urgente no es “¿cómo castigamos mejor?”, sino “¿cómo creamos las condiciones para reparar, cuidar y sostener la vida de manera justa y democrática?

Y hablando de democracia, no podemos pasar por alto que nuestro diseño político-jurídico es una derivación del modelo estadounidense y que es producto de una relación colonial que limita nuestra voz, nuestro poder y nuestros recursos. Un modelo de democracia que, en su diseño fundacional, fue excluyente: de hombres blancos, propietarios y ricos. Afuera quedaron las mujeres, las personas esclavizadas, los pueblos originarios, a quienes despojaron de su territorio y, por supuesto, del medio ambiente.

Esa matriz institucional, diseñada para el beneficio de un grupo específico, nunca se universalizó y es a partir de allí que se decide qué vidas valen, qué conflictos se tipifican como “delitos” y qué necesidades quedan fuera del campo de los derechos.

La cárcel, entonces, funciona ideológicamente como un lugar abstracto donde depositamos a las personas que consideramos indeseables, liberándonos de la responsabilidad de pensar en los problemas reales que afectan a sus comunidades.

Desde ahí se despliega una estructura de criminalización que, agravada por la colonialidad, define la pobreza, la racialización, la migración, las identidades sexuales, las neurodivergencias y la diferencia como amenazas por gestionar. Un claro ejemplo de ello es la reciente orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Noem v. Vázquez Perdomo, donde se valida que meramente existir como persona latina, te convierte automáticamente en sospechose.

Así, se normaliza el encierro de personas que no pueden pagar fianzas; se procesan como delitos conductas de supervivencia; y las crisis sociales —salud mental, uso problemático de sustancias, falta de vivienda— se canalizan a través de la policía y el sistema correccional. Criminalizamos la supervivencia y la convertimos en delito. Luego llamamos “reincidencia” al retorno forzado a la misma precariedad que nunca atendimos porque solo escondimos a quienes la experimentan.

La industria carcelaria como negocio

Al mismo tiempo, la industria carcelaria es un gran negocio. Los fondos públicos se desvían de forma acelerada a los bolsillos de los contratistas privados. Necesidades básicas como la alimentación, la salud y las comunicaciones en las cárceles se convierten en un negocio en el que el incentivo es abaratar costos y aumentar ingresos, no en expandir derechos ni en descarcelar.

¿Cómo se sostiene esta industria? Con métricas equivocadas: equiparando justicia con castigo, arrestos, “casos esclarecidos”, años de sentencia. Esas métricas celebran la gestión del castigo, no la reducción del daño, la reparación a les sobrevivientes ni el abordaje de las causas de la violencia.

Al contrario: la inversión masiva en la industria carcelaria implica, necesariamente, la desinversión social y la desatención de las causas que hacen posible la violencia en primer lugar.

¿Qué es el abolicionismo?

Desde el abolicionismo, la afirmación es simple: las cárceles no son una característica inevitable de nuestras vidas; por lo tanto, pueden abolirse. No es utopía. No es ingenuidad.

Como nos enseña Mariame Kaba, no se trata de “derribarlo todo y esperar lo mejor”, sino de un proyecto positivo enfocado en construir las instituciones de cuidado que hagan obsoletas las cárceles.

Esto no admite reformas que solo busquen “humanizar” las jaulas. Requiere pasos abolicionistas: cambios que reduzcan el poder punitivo hoy, sin expandirlo mañana; es decir, sin nuevas jaulas “con otro nombre”, ya sean medidores de riesgo, grilletes electrónicos o “policía comunitaria” que solo enmascara la vigilancia.

Hacia un viraje estructural: Algunas pistas

¿Qué implica, entonces, un viraje estructural abolicionista para Puerto Rico? Es aquí cuando les voy a desilusionar. No tengo la respuesta. Es algo que tenemos que cocrear porque su éxito radicará ahí, en el acuerdo y en el reconocimiento de nuestra humanidad. Mariame Kaba dice que conlleva un millón de experimentos. Y es así, porque estamos co-creando algo completamente nuevo.

Algunas pistas en las que pienso que vale la pena pensar:

1. Reducir el sistema carcelario mediante un horizonte de cierre (decarcelación). En el contexto de Puerto Rico, implica la reducción de la población privada de libertad mediante la conmutación de sentencias y la ampliación de los mecanismos de excarcelación, como la libertad condicional o la libertad bajo palabra. Los recursos liberados deben reinvertirse en vivienda, salud comunitaria y empleo digno para la población excarcelada.

2. Descriminalizar las conductas asociadas a la pobreza y la supervivencia. Esto incluye el uso de drogas, sustituyendo la criminalización por programas de reducción de daños, y el trabajo sexual, garantizando derechos y seguridad a quienes lo ejercen.

3. Eliminar las fianzas en dinero e instituir la libertad como norma. Se debe sustituir el control coercitivo por un acompañamiento psicosocial no policial, proporcionado por equipos interdisciplinarios y no vinculados al sistema de criminalización, y no por dispositivos de vigilancia como grilletes u otros tipos de supervisión electrónica.

4. Pasar del punitivismo a la justicia restaurativa y transformativa, fuera del circuito de criminalización. Establecer mecanismos comunitarios, como círculos y conferencias, para las personas impactadas por la violencia, incluyendo tanto a quienes han sufrido como a quienes han perpetuado el daño. El objetivo es promover acuerdos de reparación, apoyo integral y garantías de no repetición, con las comunidades codiseñando, ejecutando y evaluando dichos procesos.

5. Crear una respuesta civil 24/7 ante crisis comunitarias. Equipos interdisciplinarios de profesionales de la salud, trabajo social y mediación deben ser la primera respuesta ante crisis de salud mental y conflictos interpersonales, con protocolos de desescalación y rutas de cuidado, no de castigo.

6. Invertir en el cuidado y en la creación de espacios comunitarios seguros. Esto incluye iluminación, transporte digno, centros culturales y de ayuda mutua, junto con apoyo económico, vivienda de transición y permanente para quienes egresan de la cárcel, y la eliminación del certificado de antecedentes penales como barrera al empleo.

¿Y qué pasa con la violencia grave?

Seguramente se preguntan: “¿y los casos de violencia grave, como asesinatos o violaciones?”.

Hoy, el sistema punitivo ya les falla a la mayoría de las personas afectadas por la violencia: no previene, no repara y, con frecuencia, las revictimiza. El encarcelamiento es una consecuencia sumamente infrecuente para quienes incurren en conductas de violencia sexual. Y en Puerto Rico, sólo alrededor del 20% de los asesinatos se esclarecen.

La respuesta abolicionista no es negar el daño, sino tomarlo en serio: recursos inmediatos para quienes sobreviven; procesos de responsabilidad que transformen conductas y garanticen la no repetición; y un entorno social que reduzca la probabilidad de que el daño vuelva a ocurrir. La cárcel promete control; la justicia transformativa trabaja en las causas y consecuencias de la violencia.

Cambiar las métricas para cambiar los resultados

¿Cómo sabremos que funciona? Cambiando lo que medimos para cambiar lo que producimos: más personas sobrevivientes reparadas y acompañadas; más personas con vivienda y empleo; menos ingresos sumarios a la cárcel por pobreza; menos reincidencia; y más transparencia y participación comunitaria con poder real de decisión.

Para lograrlo, necesitamos recursos; por eso, hay que desinvertir en las cárceles para invertir en la gente.

Cierro donde comencé. El Derecho no es neutral; en Puerto Rico, debido a la colonialidad, su sesgo de exclusión es estructural. La seguridad no se decreta desde una celda: se construye con vivienda, salud, ingreso y vínculos. La tarea jurídica y política es desarmar las máquinas que producen daño para construir juntes ecologías de cuidado.

Como leí los otros días en un post de Simbiosis Curativa: “Mientras el capitalismo busca soluciones individuales, el micelio resolvió en red.”

Menos jaulas. Más comunidad. Más justicia. Gracias.

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¿Qué alternativas comunitarias al sistema punitivo conoces o te gustaría ver en Puerto Rico?

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En el más reciente episodio de nuestra serie de microdocumentales, “La Paradoja de la Democracia”, abordamos uno de los gritos más ignorados en el sistema carcelario: la salud mental. El guion del episodio se construyó a partir de una realidad que nos golpea a diario: la cárcel se ha convertido en la respuesta fallida a problemas sociales profundos.

Para ampliar lo que discutimos en el video, quiero compartir los datos que respaldan el episodio y profundizar en por qué el camino abolicionista no es una utopía, sino una necesidad práctica.

El infierno de Jonathan: cuando el sistema castiga la enfermedad

Comenzamos el episodio con la historia de Jonathan, un joven diagnosticado con esquizofrenia paranoide a los 18 años. Su primer encuentro con el sistema carcelario no fue por un acto de violencia premeditada, sino como resultado de un episodio de salud mental en el que su familia, buscando ayuda, terminó encontrándose con la Policía.

Esa primera vez estuvo preso durante cuatro semanas. Desde entonces, ha entrado y salido varias veces. Hoy, sigue preso.

La historia de Jonathan es un microcosmos de la tragedia sistémica. No solo su condición de salud mental no se trató adecuadamente, sino que el propio encierro exacerbó su vulnerabilidad. En la cárcel desarrolló colitis ulcerosa, una condición tan grave que derivó en la extirpación de su colon.

Su caso, documentado por El Nuevo Día (ver nota 1 y nota 2), no es una anomalía. Es el resultado esperado de un sistema diseñado para castigar, no para sanar.

Lo que dicen los datos (y lo que callan)

La cárcel es el espejo del fracaso de nuestras redes de apoyo comunitario. Cuando miramos los números, la evidencia es irrefutable.

Es crucial establecer un criterio de verificación: los datos oficiales más recientes del propio Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre el perfil de la población confinada datan de 2019. Para la población de menores, no se actualizan desde 2021. Esta opacidad ya es, en sí misma, una forma de violencia. Pero incluso esos números desactualizados pintan un cuadro desolador.

Salud Mental al Ingresar:

• El 20% de los hombres y el 57% de las mujeres ya tenían algún diagnóstico de salud mental al momento de ingresar a prisión.

• En el caso de los menores, las cifras son aún peores: el 69,05 % de los varones y el 100 % de las niñas presentaban diagnóstico al ingreso.

El Deterioro Adentro:

El encierro no solo no cura, sino que enferma.

• Según ese mismo informe de 2019, un 34% adicional de la población adulta desarrolló alguna condición de salud mental tras ingresar a la cárcel.

• En los menores, ese número (en 2021) aumentaba al 73% tras el ingreso.

El Uso Problemático de Sustancias: La Salud Pública Criminalizada

Estos porcentajes ni siquiera incluyen a las personas que enfrentaban trastornos por uso problemático de sustancias.

• Hablamos del 65,25 % de la población adulta.

• A elles se les sumaron 629 personas más que comenzaron a consumir luego del ingreso.

• En menores, la cifra es casi total: 95,56 %.

¿La consecuencia más trágica de esto?

El “Informe de Muertes de Confinados” señala la intoxicación como la causa principal de muerte. Esto no es un accidente. Es el resultado directo de un manejo fatal del sistema de salud mental y de la entrada de drogas en las propias instituciones que deberían custodiar. Esta crisis ha sido ampliamente documentada, como lo demuestra la serie “Salud Mental en Prisión” del Centro de Periodismo Investigativo (ver la serie).

Esto no es una falla, es un diseño

¿Pero sabes qué es lo peor de todo esto? La mayoría de estas personas nunca recibió el apoyo que necesitaba antes de ser encarcelada.

Más del 70% de quienes usaron drogas de manera problemática NO recibieron servicios previos a terminar en una celda.

Aquí es donde desmontamos la narrativa de la “falla del sistema”. No es una falla; es un diseño. Es un sistema que nos empuja activamente al “enjaulamiento” de personas. El Estado está activamente castigando a personas por un problema de salud pública (como el uso problemático de sustancias o las enfermedades mentales) que no tiene la voluntad política ni fiscal de resolver en la comunidad.

La activista y académica Angela Davis lo dijo claramente en su libro ¿Son obsoletas las prisiones? (Te dejo el libro en PDF):

Esto, señala, es una consecuencia directa de la desigualdad estructural en el acceso a la salud.

La sanación solo puede ocurrir en comunidad

Si el problema es el aislamiento y el castigo, la solución no puede ser más de lo mismo. La cárcel es un modelo único que fracasa de manera única.

Como enfatiza la organizadora Mariame Kaba, las alternativas deben ser múltiples y arraigadas en la comunidad. La verdadera seguridad no se construye con celdas, sino con recursos.

¿Qué sí funciona?

1. Descriminalización: Dejar de tratar el uso de drogas como un crimen y empezar a tratarlo como lo que es: un asunto de salud pública.

2. Tratamiento Comunitario: Invertir de manera masiva en programas de tratamiento comunitarios, accesibles, gratuitos y basados en la ciencia.

3. Reducción de Daños: Implementar programas que no exijan la abstinencia total para acceder a los servicios. El cuidado no puede estar condicionado.

4. Respuesta de Crisis No Policial: Crear equipos de respuesta a crisis de salud mental que no involucren a la policía, para que una llamada de ayuda no termine, como en el caso de Jonathan, en un arresto.

¿Queremos sanación y seguridad real? Debemos exigir que el presupuesto que hoy se destina a castigar el dolor se invierta en programas que lo atiendan.

La sanación sólo puede suceder en la comunidad, con apoyo y acompañamiento, no con aislamiento ni encierro. Podemos y debemos imaginar y construir un Puerto Rico donde el apoyo esté disponible para todes, no sólo para quienes pueden pagarlo.

Recomendaciones

• We Do This ’Til We Free Us — Mariame Kaba (Haymarket Books). haymarketbooks.org

• ¿Y quién ama esta locura? — Adlie Cordero Espada publicado por Las Marías Editorial

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El Lobo, protagonista de esta historia, no salió de la nada, salió de un sistema. Es un paciente de salud mental que estuvo 15 años encarcelado. Un día antes de los hechos, Corrección lo dejó en la plaza pública de Villalba sin vivienda ni medicamentos. Había “cumplido su sentencia”. ¿Seguimos creyendo que la cárcel previene la violencia o aceptamos al fin que solo oculta sus raíces, la esconde y la reproduce?

Según el presupuesto certificado para el AF2026, Puerto Rico destina $519.6 millones al sistema carcelario (Departamento de Corrección y Rehabilitación + Salud Correccional). La mayor parte se va a nómina y operación del encierro: $251.8M en nómina y costos relacionados (sueldos, horas extra, beneficios, reclutamiento), $48.1M en pagos de facilidades y utilidades (PREPA, PRASA, PBA, combustible), y $68.4M en servicios adquiridos, dentro de los cuales $31.0M son para alimentos de la población confinada.

Por otro lado, solo $4.13M se asignan a programas comunitarios y centros de rehabilitación. Es decir, menos del 1% del gasto del sistema carcelario es explícitamente etiquetado como “programas” frente a 99% en sostener la maquinaria de encierro (nómina, facilidades, alimentación, contratos, etc.).

Ese patrón ocurre dentro de un Fondo General de $13.10 mil millones para el AF2026. Llamar a todo esto “seguridad pública” oculta una decisión clave: invertimos en cárceles más que en las condiciones que reducen el daño (vivienda, salud, educación y empleo). Es más, invertimos más en cárceles que en los municipios.

A la red de intereses gubernamentales y corporativos que se benefician de que haya más encierro, más contratos y más vigilancia, se le llama complejo industrial carcelario (PIC).[Como advierte Angela Y. Davis, el encarcelamiento masivo “devora la riqueza social” que necesitaríamos para atender las causas del daño y termina reproduciendo las condiciones que llevan a la gente a prisión.

Cuando el presupuesto prioriza las jaulas sobre la prevención, no es solo contabilidad: es un ejercicio de poder. Se equipara “seguridad” con “castigo” y se margina todo lo que cuida, repara y transforma.

Hay caminos probados para reducir daño y aumentar seguridad sin expandir el encierro, acá te presento algunos:

• Salud mental con respuesta 24/7: equipos móviles de crisis (sin participación de la policía) que estabilizan, conectan a servicios y desvían de la vía penal u hospitalaria.

• Vivienda primero y empleo con apoyo: la evidencia es robusta en que la estabilidad en vivienda es fundamental; sin techo no hay reinserción posible.

• Justicia restaurativa/transformativa: procesos guiados que asumen responsabilidad, reparan el daño y previenen la repetición.

Si movemos una fracción de los recursos que destinamos para sostener la industria del encierro hacia estas respuestas, la historia cambia. No es ingenuidad: es eficacia y costo-efectividad basada en evidencia.

Un hombre con diagnóstico de salud mental, 15 años preso, y un Estado que al salir lo abandona sin techo ni medicamentos. La “seguridad” falló en cada etapa. Si hubiéramos invertido parte de esos $519.6M en tratamiento, vivienda y acompañamiento, quizá hablaríamos de otra cosa.

El dolor pide castigo, cuánto más duro, mejor; es comprensible. Pero hacer política pública desde ese impulso es como apagar un incendio con gasolina. La verdadera seguridad no se mide por cuántas o cuán rápido encerramos personas, sino por cuántas vidas cuidamos y cómo nos cuidamos.

Y ahora, conversemos:

• Si pudiéramos reasignar parte del presupuesto correccional a salud mental, vivienda o educación en tu municipio, ¿qué cambiarías mañana?

• ¿Qué prácticas de cuidado y rendición de cuentas ya existen en tu comunidad y merecen financiamiento estable?

• ¿Qué datos locales necesitamos visibilizar para salir de los mitos punitivos?

En este episodio, menciono el caso de Gabriela Nicole, esa joven de 16 años brutalmente asesinada, que ha despertado una ola de rabia en Puerto Rico. Pero en medio de la exigencia de "justicia", quiero invitarles a reflexionar: ¿es la cárcel la única respuesta que podemos ofrecer? ¿No estaremos cayendo en una trampa?

Más allá de la rabia: ¿Qué buscamos realmente?

Es comprensible que el dolor nos arrope y exigir castigos ejemplares como respuesta. Al fin y al cabo es lo único que conocemos, el castigo. Pero, para honrar la memoria de Gabriela Nicole y evitar futuras tragedias, les propongo ir más allá. Preguntarnos: ¿Qué está fallando en nuestra sociedad que lleva a una adolescente de 17 años a, alegadamente, quitarle la vida a otra de 16?

Las cárceles son instituciones violentas que esconden los problemas que no queremos atender.

¿Dónde está la raíz del problema?

Cuando hablo o escribo de estos temas, usualmente me dicen que estoy justificando la violencia. No, la violencia me indigna igual que a ustedes, pero si algo he aprendido es que la cárcel no es una varita mágica. La violencia no surge de la nada. En Puerto Rico, como en tantos otros lugares, hay una serie de factores que contribuyen a la desesperación y la violencia:

• Escuelas cerradas: Menos oportunidades educativas para las niñeces y juventudes.

• Falta de acceso a la salud mental: traumas no atendidos que explotan en violencia a través de estrategias que se aprenden para sobrevivir.

• Desigualdad y pobreza: que generan traumas y estrategias de supervivencia para navegar el abandono en todos los sentidos, principalmente el estatal.

• Falta de vivienda digna: condiciones de vida precarias crean entornos de riesgo.

Entre muchas otras causas que iremos explorando a través de la serie.

¿De verdad creemos que encerrar a alguien va a solucionar estos problemas?

¿Alternativas? ¡Sí, las hay!

Otros de los señalamientos frecuentes cuando hablo de estos temas es que lo que propongo es “dejar a los títeres por la libre”; sí, literalmente me han dicho eso. No, no estoy proponiendo impunidad, sino que paremos a pensar en soluciones más creativas y efectivas. No tengo la respuesta. Es algo que tenemos que pensar entre todes. Lo que sí tengo son las pistas que nos dan mujeres negras, precarizadas, trans, usuarias de sustancias, trabajadoras sexuales, personas queer, que ven sus comunidades directamente impactadas por la cárcel.

¿Cómo nos centramos en la reparación del daño y la transformación de las causas que lo hacen posible? ¿Cómo atendemos a las personas impactadas por la violencia, a todas, incluyendo a las que hacen daño sin hacernos más daño? ¿Cómo creamos condiciones para no tener que hablar de juventudes y niñeces en riesgo? ¿Cómo logramos desfinanciar las cárceles e invertir esos recursos en crear comunidades verdaderamente seguras? Esas son algunas de las preguntas que me hago y que les hago.

Justicia para Gabriela requiere acciones reales

El caso de Gabriela Nicole debería, cuanto menos, ser un disparador de la curiosidad. Las respuestas fáciles, como la cárcel, no previnieron la muerte de Gabriela y no prevendrán futuras muertes. Necesitamos transformar la sociedad en la que vivimos y transformar, también, lo que entendemos por justicia. Prevenir futuras tragedias y construir un futuro mejor requiere retar lo que hemos dado por sentado y comenzar a mirar lo que no queremos ver.

¿Y tú? ¿Piensas que la cárcel nos hace sentir realmente seguros? ¿Qué otras soluciones propondrías para abordar la violencia en Puerto Rico? ¡Déjame tus comentarios y comparte este post para que podamos seguir conversando! ¡Sigue la serie en Instagram Rabiosa Medea y en TikTok Rabiosa Medea!

Suzy era una muñeca de patas largas rellena de bolitas de foam que mi tío-padrino, Bebe, me había regalado. Resulta que Suzy tenía un rotito por donde perdía bolitas de foam y mi mamá estaba harta del reguero, así que decidió que yo no la necesitaba y la echó a la hoguera. Recuerdo ese momento como hoy, sé que tenía unos cuatro años porque aún vivíamos en Bella Vista, frente a Campo de Mayo.En esa hoguera se fueron también, la mayor parte de los libros de papi. Llevábamos cuatro años de dictadura cívico-militar y mi madre tenía miedo. Los milicos habían entrado a mi casa una vez y un gran número de los amigos de papi estaban muertos o habían desaparecido.

Aquella biblioteca que había sobrevivido a los miedos de mi madre, se mudó con nosotros a la casa de Hurlingham y allí me pasaba yo metida leyendo lo que no debía leer, como, por ejemplo, "Boquitas pintadas". Vaya a saber si no fue esa novela de Manuel Puig, que leía escondida en la parte de atrás de la casa, la que me ha traído hasta acá, nunca lo había pensado.

Como era especialista en leer lo que no debía, un día, tendría unos trece años, rebuscando en un clóset encontré un montón de documentos. Eran documentos importantes o, por lo menos, parecían serlo. Entre ellos había varios certificados de nacimiento. Todos eran de personas que no conocía, y en el blanco de "nombre del padre" estaba el nombre de mi papá. Estaba confundida, pero era lo suficientemente inteligente y despierta para saber que no se trataba de un malentendido; aquellas personas eran hijos e hijas de mi padre. Así fue como me enteré de que tenía unos cuantos hermanos además de mi hermano menor. Sé muy bien el porqué no abrí la boca, pero esto no es un libro sobre mi infancia y adolescencia. Basta con saber que guardé el secreto.

Papi murió en 1992, yo tenía quince años. Unos dos años después de que falleciera, decidí que era tiempo de buscar a mis hermanos y decirle a mi madre que lo sabía todo. Posiblemente quería lastimarla, estaba enojada con el mundo pero sobre todo con ella y la responsabilizaba de la muerte de mi papá. Mi madre tenía la culpa de todos mis males, así que decidí ir a buscar a los otros, a mis hermanos. Mi mamá me pidió que no lo hiciera, me dijo que para qué, que eran mucho más grandes y muy diferentes a mí, que no había razón para buscarlos y cuando se cansó de insistir, me dejó.

Solo me pidió un favor, que no me acercara a uno de mis hermanos porque había estado preso. Ese fue mi primer encuentro con la cárcel. Creo que me asusté, no me acuerdo; sin embargo, no le hice caso.

Nunca le pregunté a, llamémosle, Juan las razones por las cuales lo enjaularon. Al día de hoy, no las sé. Tampoco pregunto las razones por las cuales las personas están o estuvieron privadas de la libertad cuando me relaciono con ellas o sus familiares. Aunque me gusta rebuscar, ya estoy vieja y, además, es un asunto de disciplina política que me ayuda a reafirmarme en que no importa qué haya sucedido, nadie merece que le enjaulen.

Mis hermanos y hermanas, incluido Juan, se criaron en uno de los lugares más pobres del Gran Buenos Aires, Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Mi papá, a quien amo y amé con todo el corazón, los abandonó, y la madre de los tres menores crió a los suyos y a los otros dos que eran hijos de otra mujer, como si fueran de ella.Esa mujer, que criaba cinco muchachos sola, casi nunca estaba con ellos porque trabajaba limpiando casas para darles de comer. Enfermó y murió joven. Mis hermanos prácticamente se criaron solos.

Me contaron que siendo niños vendían escobas y cepillos en la calle y en las guaguas públicas. A una de mis hermanas, mis tíos paternos se la llevaron a su casa de Castelar para criarla, pero mi tía decía que nunca se había sabido comportar y la devolvió como si fuera un paquete. Dos de mis hermanos entraron y salieron de las drogas y de la cárcel. Al padre de una de mis sobrinas lo asesinaron. El primer marido de otra de mis sobrinas estuvo en la cárcel, según me cuentan. Hace unos meses, el único tío que me queda vivo, hermano mellizo de mi mamá, me contó que uno de los chicos que creció conmigo también estaba preso, "lo acusan de haber matado a alguien", me dijo en voz baja como si lo fueran a escuchar. Y así puedo contarles muchas otras historias de personas que no lograron sortear el destino que les depara un sistema basado en la desigualdad.

Mis hermanos eran distintos a mí, es cierto. No porque fueran peores o mejores que yo,

sino porque la pobreza y el abandono les curtieron el cuero y aprendieron a defenderse de la vida como pudieron. Algunas de esas estrategias les llevaron a la cárcel.

A pesar de la historia de mis hermanos, a la que había decidido guardar en un lugar muy lejano porque es una especie de camino de vidrios molidos, no hay forma de abordarla sin terminar sangrando, no fue eso lo que me hizo abolicionista. Aunque el abolicionismo sí logró que me aproximara a esa historia, que también es mía, desde otras lógicas.

Tampoco me transformó en abolicionista mi primera visita a una cárcel, Las Cucharas, donde el unionado que me tocaba representar estaba privado de la libertad. Recuerdo observar la espera de familiares racializados y empobrecidos. También recuerdo ver las muñecas de la persona que iba a entrevistar, rojas, marcadas por un ajuste desmedido de las esposas.

La puerta al abolicionismo me la abrió un conversatorio de Kilómetro 0 donde participaron Jazdil de Micelio Abolicionista y Diego; y una clienta, claro.

A esa clienta la llamaré Aitana. Aitana fue mi espejo. Me vi en ella. Ella fue la primera que me dijo "Mariana, a la Policía no". ¡Cuánta razón tenía! Ahora me hago eco de sus palabras y se lo digo a ustedes en este libro "¡A la Policía no!" (y a la cárcel, menos).

Igual, siempre le había tenido miedo a la Policía, a la Policía argentina particularmente.

Desde pequeña mi padre me había enseñado que el último lugar al que debía recurrir si tenía algún problema o necesitaba ayuda, era a un cuartel.

Claro, mi papá tenía razones de peso para esa enseñanza: era militante activo y dirigente de una organización de izquierda argentina. En 1973 se constituyó en Argentina la Triple A: Alianza Anticomunista Argentina, una organización terrorista que se dedicaba a perseguir y asesinar a personas vinculadas a las izquierdas; en lenguaje de la ultraderecha actual, a las personas zurdas.

Entre las filas de la Triple A, había un sinnúmero de policías de los más altos rangos. Aunque la Triple A operó entre 1973 y 1976, la Policía también fue una pieza fundamental de la dictadura cívico-militar argentina.

La dictadura, que estuvo en el poder hasta 1983, tiene en su haber treinta mil personas desaparecidas, entre ellas camaradas y amigos de mi padre. También, se calcula que se apropiaron de unos 510 infantes, de los cuales Abuelas de Plaza de Mayo ha conseguido recuperar 140. A más de treinta años de la muerte de mi padre, sus camaradas aún continúan desaparecidos. En ese contexto, era completamente entendible que concibiera a la Policía como lo que es: una institución represiva a la cual nunca es seguro llegar.

Otra razón importante para temerle a la Policía fue el "gatillo fácil".

Mi infancia y adolescencia coincidieron con dos casos que pusieron en blanco y negro las recomendaciones de mi padre. Por un lado, la Masacre de Budge en 1987, cuando apenas tenía diez años; y el asesinato de Walter Bulacio en 1999 dentro de una comisaría.

No es que fueran los primeros casos una vez retornó la democracia, pero fueron casos que pusieron de manifiesto lo fácil que le resultaba a la Policía matar a ciertos pibes y pibas.

A Oscar, al Negro y a Willy la Policía los fusiló en una esquina de Budge la tarde del 8 de mayo de 1987. Esa tarde, los tres chicos, de 19, 26 y 24 años, habían comprado una cerveza y se la tomaban en la acera de la esquina del barrio. Tomarse una "birra" en la esquina era una actividad común en los barrios populares. Barrios de clase trabajadora, donde los recursos no dan para sentarse en el bar,

y lo que quedaba, entonces, era el ocio del cordón de la vereda, un espacio de encuentro para, en ese entonces, mayormente varones jóvenes.

En este caso, los chicos habían querido entrar al bar, pero no se los permitieron, se fueron despotricando y terminaron en la acera donde los asesinaron a sangre fría. Esa tarde, que pasó a la historia como la Masacre de Budge, la Policía de la Provincia de Buenos Aires les disparó treinta y nueve veces. Intentaron que aquel fusilamiento pasara como un "enfrentamiento". No lo lograron.

La gente del barrio no lo permitió y la Masacre de Budge se convirtió en el primer caso de "gatillo fácil". Fue ese incidente el que acuñó el término.

Cuatro años después de la Masacre de Budge, en 1991, la Policía asesinó a Walter Bulacio. Walter era un pibe de diecisiete años que había ido con sus amigos a un concierto de los Redondos. La Policía, esta vez federal, llevó a cabo un operativo represivo dentro y fuera del estadio donde se llevaría a cabo el concierto y detuvo a un centenar de chicos, entre ellos a Walter. La mañana siguiente a la detención, la Policía lo trasladó a un hospital donde llegó brutalmente golpeado. ¿El diagnóstico? Traumatismo craneal producido por los golpes que había recibido en la cara. Una semana después, murió en el hospital. La Policía nunca avisó a su familia ni tampoco al Juzgado de Menores

"Yo sabía, yo sabía que a Walter lo mató la Policía" se convirtió en una consigna, pero también en un grito desgarrador de rabia y de dolor.

Desde ese momento, y a muy corta edad, tuve claro que no podía confiar en la Policía, por lo menos en la argentina. Sabía que la Policía secuestraba y desaparecía personas; fusilaba a pibes de barrios populares que se tomaban una cerveza en una esquina; secuestraba y golpeaba hasta matar a chicos que iban a conciertos; y reprimía, tiraba gases y pasaba por encima de cualquier manifestación.

Claro, también asesinaba a periodistas, como José Luis Cabezas, entre otros oficios.

Aunque tenía muy claro que la Policía no ayudaba, no había desarrollado una conciencia abolicionista. Simplemente sabía que no era un recurso al cual se pudiese recurrir, y en ese momento entendía que se trataba de un asunto de corrupción de las instituciones del orden público argentino.

"Maldita Policía" leía aquella tapa de la Revista Noticias que hizo famoso a José Luis Cabezas, que terminó asesinado por la Policía aunque por otra fotografía.

Los noventa, sobre todo a partir de 1995, estuvieron marcados por grandes manifestaciones. La lucha estudiantil en contra de la Ley de Educación Superior de 1995, que incluyó la toma de universidades y enormes manifestaciones en contra de su aprobación, fue un punto de inflexión. “Violenta” y “sediciosa” fueron algunos de los calificativos que se utilizaron para justificar la represión y la persecución policial. Estaba cada vez más claro que la Policía no nos protegía.

Este no pretende ser un libro académico en el sentido técnico de lo que se supone que un libro académico lo sea. Me gusta pensar en bell hooks, en cómo, aún después de la muerte, nos continúa enseñando a transgredir. Sí busca ser un libro profundamente político, en el sentido amplio de la palabra.

Busca nombrar las relaciones de poder en un sistema capitalista, supremacista y colonialista para invitar no a transformar las relaciones de poder actuales por unas más soft, sino para transformar radicalmente la manera en que nos relacionamos para que en esa nueva forma no haya espacio para relaciones basadas en poder.

Vivimos en tiempos convulsos. Desde que Milei y Trump ganaron la presidencia de Argentina el primero y la de Estados Unidos el segundo.

Me gusta pensar que estamos ante una profecía gramsciana. Asistiendo a la presidencia de los monstruos que nacen en el claroscuro que aparece entre la caída del mundo viejo y el nacimiento del nuevo.

Comencé a escribir este libro el 17 de abril de 2025, movida por la rabia de saber que Alfredo, un migrante dominicano, estaba enjaulado cuando debió salir el día anterior para República Dominicana. Así lo establecía la Orden del Juez de Inmigración que concedió su salida voluntaria. Cuando este libro se publique, seguramente Alfredo estará en su casa, pero eso no cambia el hecho de que DHS (Department of Homeland Security) lo retuviera encarcelado casi dos semanas más porque, según alegaba, no tenía personal que pudiera atestiguar en cada escala que se montara en el avión que lo llevaría al país donde nació. Alfredo, al igual que Aitana, llegó en yola a Puerto Rico en el año 2020 y lo detuvieron en San Juan el 11 de marzo de 2025 mientras trabajaba en un proyecto de construcción debido a las políticas racistas de Trump. Él todavía no puede hablar de lo que vivió en el centro de detención.

Las políticas antiderechos de Trump y el avance de la internacional reaccionaria ponen de manifiesto la necesidad urgente de repensar la forma en que nos organizamos políticamente.

Aquello que llamamos democracia en Estados Unidos, y que hoy se señala está en peligro, fue un sistema político excluyente desde su fundación. Se excluyeron a las mujeres, a las personas esclavizadas y a los pueblos originarios de Isla Tortuga, víctimas del genocidio y despojo territorial colonial.

Hoy, luego de décadas de luchas por la inclusión dentro de un sistema excluyente, asistimos al desmoronamiento de asuntos que comenzaban a zanjarse: los derechos de las mujeres, de las personas trans, de las personas migrantes, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad académica, entre muchos otros golpes duros que cual develación, le arranca la máscara a la democracia y nos obliga a preguntarnos si hay otra forma de vivir. Si es posible vivir sin cárceles, sin policías y sin fronteras en un momento en que es el sistema quien más las necesita, no nosotres, el sistema.

Mi apuesta es que sí, y con este libro, quiero invitarte a que también te atrevas a apostar por el mundo en el que merecemos vivir. Uno sin fronteras, sin cárceles y sin policías. Sí, tienes razón, un mundo sin Estado.

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Ya les conté que la Ley 89 les da el derecho exclusivo a los padres sobre la información que reciben los estudiantes sobre sexualidad y afectividad y les permite oponerse a los contenidos dados en clase. Incluso les da derecho a demandar.

La otra ley, la 69, mete al ejército en las escuelas. No las militariza directamente, pero hace algo igual de malo porque incluye en el sistema educativo programas militares como el JROTC, el ROTC, la Civil Air Patrol, y la participación de los estudiantes.

Entonces una se tiene que preguntar: ¿Por qué normalizar y expandir la influencia militar desde las escuelas y no la educación sexual? Me pierdo, la verdad.

¿Por qué el gobierno está tan interesado en el militarismo y no en la educación sexual? Bueno, una de las falsas narrativas que se han logrado sembrar es la falta de disciplina de los jóvenes. Así que la ley aprovecha esa narrativa para decir que la presencia militar en las escuelas fomenta el liderazgo y la disciplina, pero que la educación sexual es un asunto familiar.

¿Podrá una madre objetar la información que recibe su hijo sobre militarismo?

¿En serio lo único que se les ocurre es utilizar la violencia para promover el liderazgo y la disciplina, lo que sea que eso signifique, y a la vez restringir información confiable sobre sexualidad?

¿Promover el ingreso al ejército pero no contenidos que permitan identificar el abuso sexual?

¿Tenemos que invertir nuestros recursos en esto? ¿No sería mucho más provechoso invertir en programas que prioricen la prevención del abuso sexual, que permitan identificar situaciones de abuso, la resolución de conflictos, el trabajo comunitario, el activismo social? ¿En educación sobre derechos, programas de arte, ciencia o apoyo mutuo? ¿No son esas las herramientas que de verdad necesitamos?

No sé, me gustaría saber qué piensan. ¡Deja tu comentario!

¿Me extrañaron? Porque yo les extrañé. Luego de un semestre explotador y una colonia que no da respiro, acá estoy nuevamente. En este episodio hablamos del populismo punitivo y la justicia transformativa. ¡Dale play y compártelo! Y por supuesto, no olvides darnos tus 5 estrellas :)

Para contacto: marianiriarte@gmail.com

Más info: www.rabiosamedea.com

IG: ⁠@rabiosa_medea

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La verdad es que quienes me conocen, saben bien que detesto la formalidad y las jerarquías, quizás por eso es que recibí esta invitación. Aprovecho también para agradecer a la Directora del Departamento de Ciencia Política, la Dra. Mayra Vélez por haber insistido en que ofreciera el curso “Derechos Civiles en Puerto Rico” durante este semestre, sacándome de mi zona de confort y retándome a ir más allá.

Como saben, lamentablemente soy abogada, pero una abogada que aborrece el Derecho y la educación legal formal. ¿Raro? No tanto. Hay unes cuantes como yo por ahí. Pienso que la educación legal, tal como la conocemos, no sólo es anacrónica, también es perjudicial. Que en pleno Siglo XXI, el Derecho se siga enseñando de la misma manera y bajo los mismos parámetros del Siglo pasado, me parece una barbaridad. Me refiero a esa metodología sumamente opresiva de leer casos, memorizar doctrinas, y repetir escrutinios, para luego vaciarlos, bajo presión, en una libreta contestando una pregunta que comienza con “Discuta, analice y fundamente”. O, en otros casos, enfrentarse a una hoja interminable de cincuenta o cien preguntas de selección múltiple, muy parecidas entre sí y diseñadas específicamente para fallar cuando se responde. Esa fue, con muy contadas excepciones, la educación legal que recibí, y la que se sigue ofreciendo. Claro, sobreviví, me gradué con un promedio muy bueno, y pasé la reválida. Sin embargo, eso únicamente prueba que tengo habilidad para memorizar información y contestar un examen en condiciones de mucha presión, no que la educación que recibí fuera una buena educación, por lo menos dentro de lo que concibo como una “buena educación”.

Bien, nunca he querido eso para mis estudiantes. No quiero que se acostumbren ni normalicen la opresión, ni la competencia, ni la violencia. Prefiero, en cambio, que puedan cuestionar, retar, criticar, debatir, y reconocer qué hay detrás de una institución como el Derecho como así también colaborar en un proyecto común y aprender a establecer mecanismos para resolver sus conflictos sin tener que recurrir a la “autoridad”. Eso no siempre fue así, requirió mucha introspección y trabajo conmigo misma. Todos los días aprendo o descarto algo, se trata de ensayar y encontrar lo que nos funciona, y sobre todo reafirmarnos en nuestros principios en los momentos en que quiero caer en el clichoso “este chiques ya no leen”.

Pero esto no es una lección de pedagogía, sólo lo menciono para contarles que el ver varios modelos de prontuarios de cursos sobre Derechos Civiles me enfrentó con aquello que no quería hacer ni ser. Por eso, desde que dije que sí, como canta Joaquín Sabina, pasé 19 días y 500 noches pensando cómo podía ofrecer el curso de una manera que estuviera alineada a mis valores. Cuando hablo de valores, me refiero específicamente a un compromiso radical con una educación transformadora, como diría bell hooks, una educación para transgredir, no para aceptar pasivamente el status quo. Bajo ninguna circunstancia quería transmitirle a todes eses jóvenes en el salón, que las cosas son así y hay que aceptarlas, aprenderlas y repetirlas, sin más. Eso lo dejó clara Hannah Arendt, posiblemente la filósofa política más importante del Siglo XX, pensar es lo que nos hace propiamente humanes, renunciar a pensar es renunciar a nuestra humanidad.

Lo primero que hice fue llamar a la amiga, camarada, colega, la imprescindible Annette Martínez Orabona, hoy directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una incansable luchadora por los Derechos Humanos, para pedirle consejo. Annette, con la ternura que la caracteriza me dijo algo así como “bueno, yo siempre prefiero hablar de Derechos Humanos”, y claro que tenía toda la razón, pero la clase era sobre Derechos Civiles y ante un grupo de estudiantes cuya mayoría tiene la expectativa de llegar a la Escuela de Derecho. ¿Cómo entonces podía ofrecer ese curso sin que se convirtiera en un curso de recitar escrutinios? Sobre todo, porque como acertadamente señaló James Baldwin, no puedo creer lo que dicen porque veo lo que hacen.

Mientras peleaba con clasificaciones como Derechos Civiles, Derechos Humanos, y Derechos Constitucionales, pensé en Vieques. Tengo una relación estrecha con Vieques, una relación de amor a primera visita diría, que me ha permitido observar directamente las violaciones de derechos, de toda las cajitas clasificatorias posibles, en esa comunidad. Una comunidad que, a pesar y en contra de todo, sigue luchando por su derecho a permanecer y en contra del despojo territorial que comenzó con la expropiación de dos terceras partes de la Isla a manos de la Marina de Guerra de Estados Unidos entre el 1941 el 1943. Decidí entonces que compartiría con mis estudiantes asuntos de escrutinios estrictos, mínimos, balances de intereses y otros estándares de análisis jurídico, pero lo haríamos a través de la Petición por violación de derechos Humanos que residentes de Vieques presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno de Estados Unidos. El caso se llama Zaida Torres y otros v. Estados Unidos. Aprovecho también para agradecer a Zaida no sólo su tenacidad y valentía, sino, además, por haberse convertido en una amiga, maestra, compañera, camarada, y modelo a seguir en esto de soñar y construir otro mundo posible. También a la Alianza de Mujeres Viequenses, La Colmena Cimarrona, el Festival de Cine de DDHH de Vieques, entre tanta otra gente y organizaciones que construyen futuro. Volviendo acá, me pareció una buena forma de combinar lo que conversaba con Annette sobre DDHH con los derechos civiles en Puerto Rico, la relación colonial con los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Claro, pero antes de llegar a Vieques teníamos que hablar de ese concepto de derechos civiles. Su origen, las motivaciones, sus vínculos con el Estado, entre otros asuntos. Usualmente, en los cursos, se habla del Bill of Rights Británico, la Declaración de Independencia de EU, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en suma, de los referentes liberales. Y claro, pensemos que durante la Ilustración, ya se cocinaba a fuego lento el surgimiento del Estado liberal como nueva forma de organización política de las comunidades humanas.

Los británicos que formaban parte de los asentamientos coloniales en Isla Tortuga, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, influenciados por la Ilustración, reclamaban el derecho al autogobierno en los territorios invadidos, por ejemplo. Por eso, pienso que esos instrumentos son buenos para poner de manifiesto quiénes quedaron fuera del manto protector de esos derechos y darnos pistas de lo que se estaba cocinando en el slow cooker del capital.

Ahí entonces, incluí dos eventos fundamentales, la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero, sobre todo la Revolución de Haití, que no sólo se conviritó en el primer territorio independiente de Abya Yala, además fue la única revolución antiesclavista, antirracista y no burguesa. Fueron las personas negras esclavizadas quienes la lideraron, y allanaron el camino hacia la abolición de la esclavitud. Digo esto porque muchas veces se tiende a decir que fueron los abolicionistas blancos quienes abolieron la esclavitud. Eso no sólo no es cierto, sino que invisibiliza la politización, organización, y radicalización de las personas negras y esclavizadas que permitieron abolir, aunque sea nominalmente, una institución supremacista, colonial, racista, y por supuesto, profundamente desigual. Lo menciono porque no concebía la posibilidad de ofrecer un curso sobre Derechos Civiles en Puerto Rico, sin hablar de colonialismo, supremacismo, capitalismo y heteropatriarcado. Y es que me parece imposible comprender la necesidad de construir un concepto como el concepto de “derechos civiles” sin comprender las razones por las cuales esa creación se tornaba indispensable, y no necesariamente para las personas.

Y es que los derechos civiles nunca han sido concesiones del Estado, sino, más bien, el alter ego necesario para que una institución opresiva como esta, basado en el colonialismo, el supremacismo, el heteropatriarcado y el capitalismo, pueda concebirse como una forma de organización política “legítima”, y cuando digo legítima, lo digo entre comillas, porque me cuesta mucho pensar como legítima un tipo de organización que se basa en esos pilares. Entonces ¿Cómo hablar de derechos civiles sin cuestionar las estructuras de poder y examinar cómo son estas mismas estructuras las que necesitan los derechos para poder funcionar? ¿Cómo no discutir la aplicación desigual de estos estándares de “justicia”, también entre comillas, que han históricamente excluido y marginado a grupos vunerabilizados a base de su sexo, raza, etnia, género, clase, identidad de género, origen nacional, orientación sexual, capacidades, entre otras capas que construyen el sistema en el que vivimos? ¿Cómo no hablar de supremacía, concepto que se ha utilizado desde la conquista e invasión para justificar el colonialismo y los genocidios? No sólo sería un ejercicio miope, además contribuiría a sostener y legitimar un sistema inherentemente injusto.

Habrá quienes planteen, como me dijo un amigo español hace algún tiempo, “tía, ya han pasado 500 años desde entonces” pero no, el colonialismo, la supremacía, el capitalismo, el heteropatriarcado que nos impuso Europa con su invasión, está vivo y coleando, y sufrimos sus estragos en nuestras cuerpas y cuerpos, en nuestra salud mental, y en nuestro espíritu todos los días. Que hayamos normalizado la opresión, aprendido a sobrevivir, digo quienes podemos porque muches no pueden, no quiere decir que sea cosa del pasado. Y el Estado, siempre astuto, siempre con mecanismos para autopreservarse, nos ha dicho que la mejor forma de canalizar nuestros reclamos de justicia frente a un sistema sumamente opresivo, es la búsqueda y consecución de derechos. No el desmantelamiento del sistema opresivo, no, es la búsqueda de derechos.

Sin embargo, hoy asistimos en vivo y directo al desmantelamiento de aquellos derechos que dábamos por sentados, como los programas de diversidad, equidad e inclusión. El 31 de marzo, hace apenas una semana, la Junta de Gobierno de esta institución tomó la determinación de dar por terminado el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad en cumplimiento con la política pública del Gobierno de Estados Unidos, según dijeron. No sé ustedes, pero yo he compartido el salón con personas jóvenes cuyas familias les dejaron sin hogar por su orientación sexual o identidad de género, y así, como sus familias les descartaron, hoy también lo hace la Universidad.

Por eso, estoy convencida que el análisis de los Derechos Civiles que nos acerca al mundo en el que merecemos vivir, tiene unas perspectivas muy definidas: es transfeminista, antirracista, anti-colonial y, por supuesto, anti-capitalista. Son esas perspectivas las que nos permitirán entender que la lucha por los derechos civiles será continua hasta que no logremos la descomposición del sistema en que vivimos, para que nos sirva de abono a ese mundo justo e igualitario con el que muches soñamos.

Como mencionaba al principio de esta lección, a menudo se mencionan la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como documentos fundacionales de los derechos civiles. Se enfatiza en cómo proclamaron la igualdad, el derecho a la vida, la búsqueda de la felicidad, la libertad, la resistencia a la opresión, entre otros, como derechos inalienables. Sin embargo, como les comenté, esos pilares fueron los cimientos de la construcción de una organización basada en el colonialismo, la esclavitud, el hetero-patriarcado, el extractivismo, y, posteriormente, el capitalismo, elementos que confluyen en la organización que llamamos Estado. Frente a la construcción del Estado como una organización para mantener la supremacía, por mucho tiempo -y podríamos convincentemente argumentar que hasta el día de hoy- los derechos fueron prerrogativas de los hombres blancos, casi siempre propietarios, donde las mujeres, las personas esclavizadas y los pueblos originarios de los territorios que invadieron y colonizaron, no se consideraban parte de la ciudadanía. Claramente, esto pone de manifiesto cómo la supremacía ha regido históricamente la configuración del Estado moderno. La supremacía blanca, la supremacía masculina y la supremacía del capital, sirvieron de gatekeepers de los “derechos”. Los colonizadores y los burgueses conocían muy bien la naturaleza opresiva y desigual del Estado, por eso, reservaron para sí, sólo para sí, aquellas prerrogativas que llamaron derechos y que hoy estudiamos como antecedente de los derechos civiles modernos. A veces pensamos que eso fue hace muchos años, pero no, sólo pasaron 250 desde la declaración de Independencia, sí, eso fue los otros días considerando que venimos habitando este planeta desde hace más o menos 200,000 o 300,000 años. Incluso la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde Olympe de Gouge, que desafiaba la exclusión de las mujeres de la Declaración de los Derechos del Hombre, no incluía a todas las mujeres.

Por eso, cuando hablamos de derechos civiles, sobre todo en el contexto puertorriqueño, prefiero hablar de la Revolución de Haití. Una revolución que fue un levantamiento de personas esclavizadas que, como les comenté al principio, condujo en el 1804, al nacimiento de la primera república negra libre y antiesclavista del mundo, quince años después de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que influenció las luchas antiesclavistas en los otros territorios invadidos y colonizados, incluyendo Puerto Rico, donde los colonos españoles, nos cuenta Fernando Picó, aumentaron todas las medidas de control, entiéndase medidas represivas, para evitar que se diera una revolución similar liderada por las personas esclavizadas y personas negras libres. Medidas que incluían castigos severos y ejecuciones públicas.

Claro está, la elite local también se sintió influenciada por las ideas de libertad y autogobierno pero mirando a Europa y a Estados Unidos, lo que contribuyó al desarrollo de movimientos revolucionarios que en buscaban autonomía y derechos pero sin necesariamente cuestionar la esclavitud como sistema económico ni al sistema inherentemente opresivo. Pero regresando, porque esta conferencia tampoco pretende ser una clase de historia, traigo este asunto para establecer cómo el Estado ha canalizado las luchas por la justicia social en la doctrina de los derechos para así preservar y reforzar una organización política opresiva y basada en la desigualdad. A Haití, hoy ocupada, saqueada, deshumanizada con la complicidad de lo que llamamos comunidad internacional, el colonialismo y el supremacismo, las potencias nunca le perdonaron que desafiara la esclavitud y que comunicara una idea transformadora y revolucionaria entre las colonias y a Estados Unidos: la libertad debe ser para todes, y es posible lograrla.

Raramente, en espacios hegemónicos y tradicionales, se menciona la importancia de la revolución de Haití para inspirar y conectar las luchas de los pueblos colonizados, oprimidos, y esclavizados. Fueron las personas negras libres y esclavizadas, fue la influencia de la Revolución de Haití, las que pusieron de manifiesto la deshumanización que conllevaba la esclavitud y la posibilidad de abolirla. La que insipiró la prohibición del comercio de personas esclavizadas y la abolición de la esclavitud, fueron procesos largos y complejos de organización y lucha, no concesiones del Estado. En nuestro caso, España fue una de las últimas potencias europeas en abolir la esclavitud en sus colonias, hace 152 años, la esclavitud aun era legal en Puerto Rico, y por mucho tiempo más fue legitimada mediante sistemas que aunque no se clasificaban como esclavistas, no distaban mucho de ello, el régimen de la libreta es un ejemplo de ello.

Por eso, el surgimiento de y la lucha por los derechos civiles, no se puede desligar del colonialismo, la supremacía, el hetero patriarcado y el capitalismo. La riqueza colonial tuvo un origen específico: no fue el trabajo duro de los colonos que asesinaron y desplazaron a los pueblos originarios para asentarse en las tierras que ocupaban, fue el trabajo esclavizado y el despojo territorial, élites e identidades nacionales que se beneficiaron de un sistema opresivo que operaba a base del supremacismo, a pesar de que en ese momento, ya se hablaba de derechos, libertad, autodeterminación, y justicia dentro de las elites locales que se beneficiaban de esas instituciones.

Elites que en el caso de Puerto Rico, lograron la autonomía de España justo antes de la invasión de Estados Unidos. Claro, una autonomía para unos pocos, hombres blancos y propietarios, que buscaban consolidar su poder para reproducir las mismas estructuras opresivas heredadas del colonialismo. Debe ser por eso que mientras Estados Unidos invadía Puerto Rico, un movimiento de resistencia conocido como Los Tiznados, a menudo criminalizados y demonizados, aprovecharon la invasión para enfrentarse a los peninsulares y lograr que abandonaran la Isla para así ocupar y redistribuir las propiedades abandonadas a la vez que resistían la nueva invasión colonial. Digamos que fue un tipo de “que se vayan ellos” de finales del Siglo 19, fuertemente reprimido por el gobierno militar.

Mientras esto sucedía en Puerto Rico, dos años antes de la invasión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, confirmaba la legalidad de la segregación racial en el infame Plessy v. Ferguson. Estaban convencidos que era válido separar a las personas negras de las personas blancas, en lo que fue la doctrina de separados pero iguales y las infames leyes Jim Crow instituidas principalmente en el sur, pero también implementadas en el norte. Tomó 68 años acabar formalmente con la segregación racial, digo formalmente porque de facto sabemos que no se ha acabado, sino basta con pensar en Breonna Taylor, una joven negra de Kentucky, que fue asesinada por la Policía el 13 de marzo de 2020 mientras dormía o, el caso más reciente, el de Aneysha Crespo Mandry, una mujer negra, que recibió de un policía dos descargas eléctricas de un taser cuando ya había sido arrestada y estaba inmovilizada. A pesar del derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley, las personas racializadas, en particular las personas negras y empobrecidas, llenan las cárceles y reciben sentencias más severas por delitos similares en comparación con las personas blancas.

O podemos caminar por los barrios más privilegiados para comprobar que son casi exclusivamente blancos, o caminar por los sectores más empobrecidos para también comprobar que son sectores racializados. A pesar de las leyes contra la discriminación en la vivienda, la segregación residencial persiste y las personas racializadas, especialmente las personas negras, tienen menos probabilidades de obtener una hipoteca o alquileres en ciertas áreas . Queda claro que los derechos formales no siempre se traducen en igualdad de acceso y resultados. El el racismo estructural y la desigualdad económica son intrínsecas a la organización que reconoce derechos: al Estado.

Así, que mientras legalizaban la segregación racial, institucionalizaban las leyes Jim Crow y seguían beneficiándose del trabajo cuasi-esclavo o esclavo de las personas negras, en Puerto Rico instituían un gobierno militar con el pretexto de estabilizar la situación en el Archipiélago, poniendo de manifiesto, una vez más, que aquella autonomía y soberanía que reclamaron en 1776 era una excluyente, cimentada en la supremacía. Supremacía que también era la gatekeeper de aquellas prerrogativas llamadas derechos civiles.

La supremacía racial que justificaba la doctrina de separados pero iguales, también justificó la que dispuso que sólo los derechos considerados fundamentales en la Constitución de Estados Unidos, se extenderían a Puerto Rico, porque aunque Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos en virtud del Tratado de París, no era parte de, por lo tanto no se podía extender automáticamente los derechos constitucionales que cobijaban a los continentales, bueno, a algunos continentales, ¿les suena hombres blancos? Posteriormente llegaron la Ley Foraker y la Ley Jones, impuestas, claro está y que, sin duda, reforzaron el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y que aún hoy, por ejemplo, nos obliga a que toda mercancía que llega al Archipiélago, llegue exclusivamente a través de la Marina Mercante de Estados Unidos, encareciendo notablemente nuestro costo de vida y dificultan cada vez más vivir en el Archipiélago.

Hago este limitado recuento para entender el rol de la supremacía, el colonialismo y el capitalismo en la definición y desarrollo de lo que llamamos derechos civiles, tanto para quienes vivimos en Puerto Rico como para las personas negras y racializadas en Estados Unidos y aquellos sectores llamados minoritarios. También para recalcar que mucho tiempo antes de la abolición de la esclavitud o la invasión de 1898, se venían forjando movimientos de resistencia que allanarían el camino para el Movimiento por los Derechos Civiles del Siglo 20 como para los Movimientos para la Descolonización en Puerto Rico. Para que Rosa Parks, que dicho sea de paso no era una señora mayor cansada, sino una activista antirracista, rechazara sentarse en la parte trasera de una guagua de Montgomery, fue necesario que Sojouner Truth se plantara frente a las mujeres blancas en medio de la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, a preguntar si acaso ella no era una mujer, como ejemplo de todas las mujeres y hombres esclavizados que hicieron posible la abolición de la esclavitud, o una Lolita Lebrón que disparó en el Congreso Estadounidense mientras gritaba “Viva Puerto Rico Libre”, o una Marsha P. Johnson y una Sylvia Rivera, mujeres trans, negra y puertorriqueña respectivamente que resistieron la brutalidad policial que sufría su comunidad.

Hoy, nuestra Constitución -colonial, por cierto- tiene un catálogo de derechos individuales que atesoramos profundamente, muchos de ellos extendidos por el Tribunal Supremo a grupos vulnerabilizados e históricamente marginados luego de años de luchas y litigio. Sin embargo, el 5 de abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la petición de Zaida Torres y otros v. Estados Unidos porque consideró que la mayoría de los reclamos de los y las residentes de Vieques relacionados a los daños provocados por la Marina de Guerra en la Isla Nena, tienen fundamentos y, de ser corroborados, podrían constituir violaciones al derecho a la vida, la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, al Derecho a la constitución y a la protección de la familia, el Derecho a la protección de la maternidad y de la infancia, el Derecho a la preservación de la salud y al bienestar, el Derecho de Justicia, Derecho a petición, el Derecho al trabajo y a una justa retribución, y el Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Es decir, el colonialismo supremacista al que está sujeto Puerto Rico por parte de Estados Unidos, no se puede desligar del desarrollo o no de los Derechos Civiles en el Archipiélago, pero más allá de eso, es también el pilar donde está fundamentado nuestro sistema político. En primer lugar, porque es una aporía hablar de derechos civiles en una colonia, y en segundo lugar porque el interés de enmascarar nuestra realidad colonial por parte de quienes se benefician de ella, ha creado una pantalla donde los reclamos de justicia de los movimientos sociales rebotan y regresan en forma de derechos. Derechos que en última instancia son ficciones o ilusiones, sumamente frágiles por cierto, que refuerzan un sistema inherentemente opresivo y desigual.

Con esto no quiero decir que no es importante tener derechos, por supuesto que lo es dentro de un sistema basado en la supremacía, el colonialismo, la explotación, el heteropatriarcado. Sin embargo, es imprescindible tener claro, que en una sociedad desigual, los derechos no igualan, como nos han contado, se ejercen en la de medida de nuestros recursos económicos, simbólicos, raciales, sexo-género, capacidades, origen nacional, condición social, por mencionar algunos, y en última instancia son mecanismos que tiene el Estado para mantener y fortalecer su existencia. Aunque existen leyes contra el discrimen en el empleo, por ejemplo, las disparidades salariales basadas en raza, género y origen étnico siguen siendo significativas. Por ejemplo, las mujeres y las personas negras a menudo ganan menos que los hombres blancos por el mismo trabajo.

Y para estar clares, mientras estamos reunides aquí, hablando de derechos civiles, hay una persona -o varias- privada de la libertad que será excarcela y no tiene una vivienda donde ir, o varias familias en Maricao que hace 10 años no tienen energía eléctrica, u otra persona que va a parir en Vieques y no tiene sala de parto, o un vecine, también de Vieques, que le están diagnosticando algún tipo de cáncer, o un Proyecto de Ley que utiliza la libertad religiosa como pretexto para discriminar contra las comunidades LGBTTQIA+ o me está llamando una persona desesperada porque un hijo, o una madre que están privado o privada de la libertad, no reciben el tratamiento farmacológico que necesita para su condición de salud mental y temen que puedan atentar contra sus vidas.

Por eso, una pregunta fundamental que me hago y les hago es si en lugar de enfocarnos la lucha por los derechos civiles dentro de un sistema de opresión, no deberíamos enfocarnos en desmantelar este sistema inherentemente desigual que llamamos Estado y construir una comunidad donde los derechos no sean necesarios, porque hemos logrado descomponer lo que lo sostiene: el Estado colonial, supremacista, capitalista, y heteropatriarcal.

Sugiero esto porque pienso que es indispensable ser conscientes de que aunque la lucha por los derechos civiles, es decir por aquellos que se reservan a la ciudadanía en tanto personas privadas diferenciadas del Estado, ha sido instrumental para retar la exclusión y el discrimen de grupos históricamente excluidos o marginalizados, es también cierto que esos logros, y el momento político que vivimos valida lo que voy a decir, además de ser frágiles, no han logrado disminuir la violencia sistémica que justamente proviene del Estado. Hoy, ante el avance de la ultraderecha a nivel mundial, pero particularmente en Estados Unidos debido a nuestra relación colonial, asistimos al desmantelamiento de los derechos civiles, principalmente los de aquellas comunidades que se encuentran en la intersección de raza, género, estatus migratorios, clase social, capacidades, orientación sexual, identidad de género, entre otros. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, por ejemplo, como el derecho a cambiar su nombre y sexos en certificados de nacimiento y documentos oficiales, aún enfrentan discriminación generalizada en áreas como el empleo, la vivienda y la atención médica y los derechos conseguidos amenazan con desaparecer.

Ante nuestra mirada incrédula, asistimos también, al secuestro de personas por parte de las autoridades de Inmigración, que a pesar de gozar de ciertas protecciones legales, las políticas de inmigración y las prácticas de aplicación de la ley resultan en la detención, deportación y separación de familias, lo que pone de manifiesto las limitaciones de los derechos civiles frente al poder del Estado y las narrativas xenófobas, la negación de la identidad y existencia de las personas trans, la persecución política de estudiantes y profesoras y profesores por expresarse libremente, la eliminación de programas dirigidos a la equidad racial y a la equidad de género. Esto nos dice que aunque la lucha por el reconocimiento de los derechos aunque adelantaron la inclusión, no transformaron el sistema opresivo que privilegia la supremacía blanca, la dominación masculina, el colonialismo, el capital, la heterosexualidad, las identidades binarias, y que no reconoce las divergencias en capacidades físicas e intelectuales, en las que están cimentadas el Estado en general y el Estado liberal en particular. Ejes que, además, construyeron una noción colonial de civilidad para determinar a qué grupos sí y a cuáles no, le asistía el manto protector de los derechos civiles. Los mismos que no cobijaban a las personas negras, incluso luego de la abolición de la esclavitud, o aquellos que no se extendían a Puerto Rico por determinación del Congreso o por no considerarse fundamentales. En cierto sentido, como argumenté anteriormente, se nos excluye de la sociedad civil, una sociedad civil que se construye al amparo de la exclusión, y mientras enfocamos nuestra energía en ser incluidos en la institucionalidad, el Estado, como organización inherentemente opresiva fortalece sus sistemas de exclusión.

Por eso, valdría la pena pensar si debemos redirigir nuestros esfuerzos a la transformación del sistema y no a conseguir acomodos en forma de derechos dentros de él, al fin y al cabo, si hay algo que queda claro hoy es los derechos son tan frágiles como la construcción de la masculinidad blanca. En ese sentido, ya sé la pregunta que sé que viene, cómo logramos esto, les defraudaré diciendo que no tengo la respuesta, es algo que debemos descubrir juntes, en comunidad, lo que sí he aprendido, y aquí el crédito es de adrienne mareen brown es que la transformación es fractal, que la historia nos dice que lo grande es reflejo de lo pequeño, que los grandes movimientos se construyen como reflejo de pequeñas acciones, y que nos toca practicar juntes, retener lo que nos funciona, cambiar lo que no nos funciona, adaptarnos, ser flexibles, y seguir.

El Estado no está diseñado para incluir, por definición es una organización excluyente, en ese sentido, nos toca decidir si queremos seguir organizades dentro de una organización excluyente, o, en cambio, queremos comunidades inclusivas, autogobernadas, realmente democráticas, donde el apoyo mutuo y no la supremacía sea la base de ese autogobierno, donde el sostenimiento mutuo reemplace el capital y la liberación colectiva sustituya las jerarquías y el control. Comunidades donde los derechos no sean necesarios porque nadie es dispensable o descartable y donde el reconocimiento de nuestra humanidad nos enlaza con la humanidad de les otres.

Sí, lo confieso, sueño un mundo donde no necesitemos derechos y estoy convencida que lo podemos construir, lo sé, porque lo estamos haciendo todos los días.

Muchas Gracias

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