Hace unos días alguien me escribió que no le iba a Argentina porque hoy es “la vanguardia fascista”. Varios mensajes después dijo que Argentina era “vanguardia nazi”. No es un troll. Es alguien a quien aprecio y respeto, y estoy segura de que coincidimos políticamente en más asuntos de los que diferimos.

El comentario me incomodó. Me parecía hiperbólico, pero había algo más que todavía no lograba poner en palabras. Días después me encontré con un colega argentino y con su compañera. Los abracé. De camino a casa entendí un poco mejor lo que me molestaba: aquel encuentro también era Argentina y no tenía nada que ver con Milei. ¿Por qué iba a aceptar que un gobierno pudiera ocupar el país entero? No solo el Estado y sus instituciones, también la camiseta, la selección, la pertenencia y cualquier alegría vinculada al lugar donde nací.

Escribo antes del partido porque no quiero acomodar el argumento al resultado. Todavía no sabemos qué va a pasar en la cancha. Tal vez salte, sienta bronca o termine triste. La disputa por el significado de lo que sintamos, en cambio, ya empezó. Están quienes imaginan una victoria como confirmación de la grandeza nacional y quienes rechazan a la selección porque Milei gobierna. Hay otres, como yo, que sentimos que alentar a Argentina exige demasiadas explicaciones. No digo que el fútbol pueda o deba mantenerse a salvo de la política. Nunca lo ha estado. Me interesa pensar qué hacemos con una alegría popular cuando distintas fuerzas intentan decidir qué significa.

Milei gobierna Argentina, pero no puede contenerla. Entiendo perfectamente que alguien decida no alentarla y prefiera a España o a cualquier otro equipo. Los afectos no se ordenan y nadie tiene la obligación de querer a una selección. Lo que me incomoda es que esa decisión se convierta en un juicio sobre les demás, como si rechazar a Milei y a la ultraderecha exigiera retirarse de todo aquello que él intenta representar.

Soy anarca. No reconozco al Estado ni a quien ocupa la presidencia la facultad de encarnar por completo a un pueblo. Milei puede hablar desde la Casa Rosada, administrar el país, firmar decretos, transformar para mal la vida de millones de personas y funcionar como referente de la ultraderecha latinoamericana. Eso no lo vuelve dueño de todas las historias, vínculos y formas de pertenencia que existen dentro y fuera del territorio argentino.

Argentina también está hecha por quienes enfrentan sus políticas, sostienen comedores, defienden servicios públicos y organizan cuidados mientras el gobierno insiste en que cada cual debe salvarse por su cuenta. Está en los movimientos feministas, en las organizaciones de derechos humanos, en los clubes de barrio, en las personas jubiladas que protestan y en las comunidades que siguen inventando maneras de vivir juntas bajo el ajuste.

También está fuera del país.Soy migrante argentina y vivo en Puerto Rico desde hace más de dos décadas. La distancia no dejó mi relación con Argentina congelada en el momento en que me fui. Aparece en mi acento, en los vínculos que mantengo y en los mensajes que llegan durante un partido. Veo los partidos de la selección sola y siempre uso la camiseta, por cábala. También obligo, literalmente, a Dante a usarla, aunque este año se la haya puesto solo. Tomo mate antes del partido y hago asado después, si ganan. Mi hermano me cuenta que vio el partido contra Egipto en el bar de la esquina y eso me mueve un montón de cosas. Durante unos días, la distancia deja de sentirse como una explicación pendiente. No necesito que el Estado certifique esa pertenencia que aflora durante el Mundial. Mucho menos voy a aceptar que el gobierno de turno se adueñe de ella.

La ultraderecha afirma que Milei encarna a la Argentina verdadera. Parte de sus críticos acepta la misma equivalencia para repudiar todo lo argentino. El efecto es parecido: el país queda encerrado dentro de una sola persona y Milei recibe la bandera, la selección y el poder de decidir qué significa cualquier vínculo con el lugar donde nací. No se lo voy a conceder.

No estoy defendiendo una emoción privada, pura y situada fuera de las relaciones de poder. La alegría colectiva ya es política cuando altera el ritmo de un país, llena las plazas o reúne frente a una pantalla a personas que quizá no comparten casi nada más. También lo es para quienes vivimos lejos y encontramos, durante unos días, una conversación común con el lugar del que nos fuimos.

En esos espacios, físicos o simbólicos, aparece un nosotres. Es inestable, conflictivo y puede desaparecer apenas termina el partido. Aun así, sigue siendo una experiencia de pertenencia. A veces, durante un partido, reaparece con una claridad extraña la certeza de saber de dónde soy. Eso no vuelve emancipadora a cualquier multitud. En la celebración circulan racismo, misoginia, homofobia, nacionalismo, machismo y violencia. Las canciones de cancha reúnen a algunas personas mientras expulsan a otras. La idea de nación acerca y también extranjeriza.

La primera entrega de esta serie nació de negarme a tratar la selección como una representación transparente de Argentina, a defender el mito de un país blanco o a negar el racismo estructural para proteger mi deseo de que Argentina ganara. No necesito idealizar a la multitud para defender mi derecho a estar en ella.

El Mundial que vemos está organizado por la FIFA y comercializado mediante derechos de transmisión, patrocinios y plataformas. La camiseta es un símbolo afectivo, pero también un producto. La celebración no surge en un exterior puro donde el mercado, el Estado y la nación no tienen nada que ver. Ahora bien, las instituciones tampoco producen por sí solas todo lo que ocurre entre las personas. Una conversación familiar durante el partido tiene una historia que desborda el espectáculo que la hizo posible. Lo mismo ocurre con una cábala, un recuerdo o ese mensaje de mi hermano desde el bar de la esquina. La dimensión política de la alegría no está en su supuesta inocencia, sino en la posibilidad de disputar qué relaciones, memorias y formas de comunidad se vuelven visibles cuando celebramos.

El 9 de julio, durante el tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, terminó su homilía con unas palabras de Messi. Milei y otros altos funcionarios estaban sentados frente a él. Cuando escribí el primer borrador de este ensayo, la cita había quedado aislada porque solo había leído la noticia y visto un clip. Parecía una incorporación sencilla de la voz del capitán a un ritual estatal y religioso sobre la unidad nacional. Por eso decidí ver la homilía completa.

García Cuerva partió de la parábola del Buen Samaritano. Nombró a personas enfermas, jubiladas, desocupadas y con discapacidad, así como a jóvenes atrapades por las redes del narcotráfico. Cuestionó la indiferencia, el individualismo, la competencia por el protagonismo y la mezquindad política. También habló de justicia social, honestidad y de la responsabilidad de no abandonar a quienes quedan heridos en el camino. Cuando estaba terminando, citó a Messi: “el mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades”.

El recorte me había hecho repetir el problema que las dos entregas anteriores intentaban examinar. En la primera discutí el salto que convierte once cuerpos en explicación total de la estructura racial de un país. En la segunda me pregunté cuándo una sucesión de jugadas empieza a sentirse como prueba visible de la intención de la FIFA. Esta vez, una sola frase había empezado a explicar toda una intervención.

Vista completa, la homilía difícilmente puede reducirse a un homenaje al gobierno. Funcionó, más bien, como una disputa frente a Milei sobre el significado de la unidad, la responsabilidad y el cuidado.

No necesito compartir la doctrina de la Iglesia ni suspender mi crítica a una institución profundamente jerárquica para reconocer lo que ocurrió. García Cuerva utilizó el lenguaje del equipo contra la fantasía individualista. La unidad que propuso no exigía obedecer al presidente ni ignorar el conflicto social. Obligaba a mirar a quienes habían quedado al costado del camino.

La palabra “unidad” puede pedir silencio, pero también puede nombrar la conciencia de que nadie se salva solo. Su sentido depende del contexto, de las personas incluidas y de las obligaciones que se derivan de ella. Lo mismo ocurre con la alegría: no llega con una interpretación cerrada.

El gobierno de Milei ha convertido el ajuste y la autosuficiencia en principios morales. Durante 2026, organizaciones que prestan servicios terapéuticos y educativos a personas con discapacidad denunciaron pagos congelados, reducción de actividades y riesgos de cierre. Para quienes dependen de esos espacios, la discusión presupuestaria puede significar perder tratamientos, transporte, rutinas y vínculos esenciales.

Por eso el Buen Samaritano de la homilía no era una metáfora separada de la coyuntura. Tocaba una disputa material sobre qué vidas se sostienen y cuáles pueden tratarse como prescindibles.

Pienso esa interdependencia desde una política feminista y abolicionista que no separa el cuidado de las condiciones que lo hacen posible. Creo que el único Estado bueno es el que no existe y, precisamente por eso, distingo entre el Estado y lo común. Sería absurdo negar que los presupuestos y las decisiones institucionales pueden sostener vidas o dejarlas a la intemperie.

Desde ahí me importa la alegría. No porque un gol resuelva la precariedad ni porque una copa detenga el ajuste. Me importa porque una política que solo conoce la denuncia, la emergencia y el dolor termina aceptando que el poder administre también el horizonte de lo que podemos sentir. El descanso, el placer y la celebración no son premios reservados para después de ganar todas las luchas. Son parte de la vida que intentamos defender ahora.

Durante un partido, una multitud espera junta, se desespera y se afecta sin compartir necesariamente una ideología. Ese encuentro puede durar poco, ser excluyente y dejar demasiadas cosas sin resolver. Aun así, existe. La derecha entiende su potencia y por eso intenta hablar en su nombre. Abandonar ese terreno no impide la apropiación; facilita que otras voces se presenten como sus únicas intérpretes.

Hay razones políticas para desconfiar del nacionalismo, de las celebraciones deportivas y de la facilidad con la que un gobierno se acerca a una victoria que no produjo. También hay razones para señalar el racismo, la homofobia y las masculinidades violentas que circulan en el fútbol. Una persona puede negarse a celebrar, participar de un boicot o alejarse de una figura pública por razones éticas. Lo que objeto es que esa decisión se utilice para dictar sentencia sobre la conciencia ajena mediante una cadena de asociaciones.

Quien no quiera alentar a Argentina no tiene que hacerlo. Rechazo que la camiseta se convierta en prueba automática de apoyo a Milei o al sionismo. Puedo gritar un gol mientras discuto el racismo estructural argentino, rechazo a la FIFA y me niego a convertir la pertenencia en obediencia nacional. Tampoco quiero usar la alegría como coartada. Querer que gane Argentina no absuelve al país de sus violencias ni vuelve inocente todo lo que ocurre alrededor del equipo. La apuesta es permanecer dentro de la contradicción sin aceptar que solo existen dos lugares posibles: adherir sin crítica o rechazar sin afecto.

En estos días apareció otra versión del mismo examen moral. Hay personas que sostienen que no se puede estar contenta por Argentina y ser propalestina. La cadena suele construirse así: Messi es sionista, Netanyahu hincha por Argentina y, por lo tanto, celebrar a la selección te coloca del lado de ellos. No voy a resolver aquí la acusación sobre Messi. Hay un sector que lo define políticamente mediante inferencias construidas a partir de asociaciones, fotografías, relaciones institucionales, apariciones públicas y silencios. Esa discusión tendrá su propia entrega y quiero trabajarla con cuidado para separar lo que puede interpretarse razonablemente de aquello que empezó a circular como un hecho después de repetirse suficientes veces. Por eso, me interesa examinar cómo construimos relatos sobre otras personas hasta convertir inferencias, asociaciones y silencios en una identidad política total.

Ahora, para este ensayo, me importa lo que esa acusación hace con los afectos de otras personas. Netanyahu dijo que hinchaba por Argentina y explicó su preferencia por la cercanía política que mantiene con Milei. Yo también quiero que gane Argentina. La coincidencia termina ahí. Mi relación con la selección viene de mi vida como migrante, de mis vínculos, de mis amistades, de mis amores y de una historia que ninguno de esos hombres produjo.

La lógica de la contaminación moral borra esas diferencias. Una acusación define por completo a Messi. Messi pasa a contener a la selección y la selección a Argentina. Después, cualquiera que se alegre por un gol queda obligada a responder por toda la cadena, dar explicaciones o recibir sermones.

Puedo cuestionar las decisiones, relaciones y silencios de una figura pública sin convertir cada afecto vinculado con ella en adhesión. También puedo reservar un juicio mientras investigo mejor. No voy a comparecer ante un tribunal de pureza ideológica cada vez que una alegría mía toque algo políticamente contaminado. En este mundo quedarían muy pocas alegrías disponibles. El domingo voy a misa y después vuelvo a casa a ponerme la camiseta. No necesito resolver en este ensayo todas las contradicciones que caben entre una cosa y la otra.

No sé qué imágenes circularán después ni qué interpretaciones intentarán imponerse. Una victoria puede vivirse como orgullo nacional, negocio, revancha, pertenencia, continuidad de una historia familiar o simple felicidad deportiva. Una derrota abrirá otras narraciones. Ninguna podrá contener por completo lo que sientan millones de personas.

Eso es lo que vuelve política a la alegría: la lucha por el significado de algo vivido en común.

Quiero que gane Argentina. Lo digo sin pedir disculpas y sin convertir ese deseo en una defensa del país tal como es. Una copa no va a borrar el racismo, la desigualdad ni la violencia del proyecto político de Milei y la ultraderecha. Tampoco pienso demostrar mi rechazo a ese proyecto renunciando a todo aquello que todavía puede reunirnos y vincularnos.

¡Vamos, Argentina!

Ayer Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y pasó a la final del Mundial. Yo grité los dos goles, obviamente, pero creo que como nunca antes. Este partido tenía una carga emocional que ningún otro lleva. Además, llevaba días leyendo VARgentina. Entre los comentarios y videos que me llegaban aparecía la idea de que Inglaterra tendría que jugar contra doce, que FIFA quiere a Messi en la final o que la designación arbitral era una pieza más de un operativo que ya venía funcionando. No hice un conteo de internet ni pretendo convertir mi feed en una encuesta. Hablo de lo que yo llevaba varios días viendo mientras investigaba para escribir esta serie de ensayos.

Las controversias anteriores siguen ahí. También las quejas de Argelia y Egipto y la discusión sobre la expulsión de Embolo frente a Suiza. Reuters recogió, además, una precisión de la exárbitra de la FIFA, Christina Unkel, que se pierde con facilidad en el ruido: no consideró particularmente malos los arbitrajes contra Argelia y Egipto, aunque sí describió una pérdida profunda de confianza pública en las personas que arbitran durante este Mundial.

Anoche me quedé pensando en la expectativa porque, como dije, además de ser un partido emocionalmente intenso en el contexto de Malvinas, también llegaba al partido esperando la próxima prueba de que el mundial está comprado. De hecho, bromeé en Facebook sobre que el triunfo de España fue una movida de la FIFA para favorecer a Argentina porque para cuando Argentina llegó a la semifinal del Mundial, la discusión sobre el arbitraje ya tenía nombre: VARgentina. La palabra viene con jugadas discutidas, reclamos de selecciones rivales y sospechas de favoritismo.

Buscando el término me encontré con vargentina.net y sentí que alguien había vuelto literal una parte de lo que llevaba días tratando de pensar. El sitio se presenta como un “tribunal del pueblo” sobre decisiones arbitrales controversiales en partidos de Argentina. Cada jugada se convierte en un Exhibit. Quien entra vota como jurado y el resultado alimenta un medidor de 0 a 10. Sus creadores aclaran que es sátira y opinión comunitaria, que no es periodismo, evidencia ni investigación y que las puntuaciones no verifican conducta indebida.

Justamente por eso me interesa. La página no pretende haber descubierto una súper conspiración secreta. Juega con una forma de organizar las sospechas que reconocemos enseguida: caso, exhibits, jurado, veredicto, puntuación. Una controversia después de otra termina reunida en un archivo que puede abrirse y recorrer. La discusión está organizada como el expediente de un caso. Eso me lleva a la primera entrega de Argentina bajo disputa.

No sé cuántas de las personas que hoy escriben VARgentina son las mismas que hace una semana discutían el racismo argentino. No hice ni pretendo hacer ese estudio. La continuidad que veo está en la forma en que miramos. Tenemos imágenes reales, cuerpos que vemos y jugadas que ocurrieron frente a una cámara y a partir de allí pretendemos explicar algo mucho más complejo. Una formación termina explicando la composición racial de Argentina y varias decisiones favorables terminan revelando qué quiere FIFA.

Paremos acá. Las decisiones de las personas árbitras pueden estar equivocadas y, por supuesto, que Argentina puede haber sido favorecida. La FIFA también tiene una historia de corrupción que hace razonable la desconfianza. Aun así, me interesa ese instante en que una imagen deja de mostrarnos qué ocurrió y empieza a parecernos capaz de explicar por qué ocurrió.

El protocolo del VAR, que nunca hubiese imaginado que me sentaría a leer, parte de una primera decisión. La persona que arbitra y quienes le asisten deben decidir como si la asistencia de video no existiera. El VAR revisa una decisión que el árbitro ya tomó y solo puede asistir dentro de categorías específicas cuando identifica un posible “error claro y obvio” o un “incidente grave inadvertido”. Para las personas abogadas que me leen, un especie de plain error. El VAR puede recomendar una revisión pero la decisión final permanece en manos del árbitro. Acá pueden ver la amarilla inicial a Paredes y la expulsión de Embolo.

En los asuntos subjetivos, el protocolo contempla la revisión en el campo para que la propia persona que arbitra vuelva a mirar las imágenes antes de decidir. Ahí es donde se me complica la aparente sencillez de la regla. Una segunda mirada tiene que evaluar si la primera apreciación cruzó la línea de lo discutible a lo claramente equivocado, incluso cuando la materia todavía depende de la apreciación humana.

¿Cuánta discrepancia cabe dentro de una decisión razonable antes de cruzar ese umbral? ¿En qué momento interpretar un contacto de manera distinta deja de ser una diferencia entre personas que arbitran y se convierte en un error “claro y obvio”? El protocolo fija el umbral, pero son seres humanos quienes siguen decidiendo cuándo se cruza la raya. Eso no vuelve inútil al VAR porque una cámara puede mostrar un contacto que quien arbitra no vio, ubicar una infracción dentro o fuera del área o precisar la posición de un jugador. Más información, sin embargo, no borra por arte de magia la interpretación.

El propio protocolo distingue la forma en que deben usarse las repeticiones. En general, la cámara lenta sirve para establecer hechos como la posición o el punto de contacto; la velocidad normal debe emplearse para evaluar la intensidad de una infracción. Si la persona que arbitra va al monitor, el VAR selecciona inicialmente el mejor ángulo y la velocidad de la repetición, aunque el árbitro puede pedir otros.

Una imagen congelada puede ubicar exactamente un pie y decir poco sobre la fuerza del movimiento que lo llevó hasta allí. La cámara lenta puede revelar un contacto difícil de percibir en vivo y, al mismo tiempo, alargar una acción que ocurrió en una fracción de segundo. El zoom ofrece precisión sobre una parte del cuerpo mientras expulsa del cuadro otra información. Las cámaras no necesitan mentir para complicar lo que vemos. Mirar una jugada siempre supone buscar algo: el punto de contacto, la intensidad, la posición, una posible mano. La respuesta depende, en parte, de cuál era la pregunta cuando se escogió el ángulo y la velocidad.

Desde afuera, además, recibimos la decisión rodeada de una infraestructura técnica que le da una apariencia distinta, casi distópica. Hay monitores, múltiples cámaras, oficiales especializados, repeticiones y una sala de operaciones de video. IFAB no promete un fútbol completamente objetivo. Su propio protocolo demuestra lo contrario. Pero una decisión rodeada de toda esa tecnología se siente diferente de la vieja imagen del árbitro decidiendo desde la cancha, por ejemplo la mano de Dios de México 86. Quizás por eso el desacuerdo molesta tanto. Antes podíamos decir que el árbitro no vio, miro para otro lado o se hizo el loco. Ahora sabemos que hubo posibilidades de mirar, detener, repetir y comparar. Cuando la decisión todavía nos parece absurda, el error empieza a sentirse como algo sospechoso.

TikTok explica que las interacciones de una persona ayudan a moldear las recomendaciones de su For You feed. Likes, comentarios, repeticiones, las cuentas que sigues y otras señales intervienen en un sistema que intenta aprender intereses y ofrecer contenido relevante. La propia empresa reconoce un riesgo de los motores de recomendación: al optimizar la personalización y relevancia pueden producir una corriente cada vez más homogénea de videos. Meta describe una lógica semejante en términos generales. Sus sistemas hacen predicciones sobre la relevancia de una publicación y utilizan señales de conducta, IA y retroalimentación para ordenar Feed, Reels y otro contenido.

No sabemos exactamente por qué cada video aparece en la pantalla de cada persona, y sería irresponsable afirmar que una plataforma sabe que “pienso que Argentina roba” y por eso me enseña videos de Argentina robando. Los modelos son más complejos que la caricatura de mirar un video y recibir cien iguales. Lo que sí estas compañías nos dejan saber es que nuestra conducta produce señales y que esas señales participan en la distribución de lo que vemos después.

La investigación independiente añade cautelas y algunos hallazgos útiles. Una auditoría experimental de 2025 encontró amplificación rápida de contenido alineado con los intereses señalados por cuentas controladas y una reducción gradual de diversidad a medida que aumentaba esa amplificación. Otra auditoría prepublicada en 2026 encontró trayectorias de personalización y refuerzo que variaban según el tema. Al mismo tiempo, Mosnar y colegas advirtieron que este tipo de auditorías enfrenta problemas de reproducibilidad y validez temporal porque las plataformas y el ecosistema de contenido cambian continuamente. Podríamos decir que los sistemas de recomendación pueden cambiar la distribución de aquello que encontramos repetidamente y esa distribución forma parte del entorno desde el cual hacemos inferencias.

Scrolleando encuentro una jugada y la veo. Miro la repetición, leo los comentarios, vuelvo atrás para ver el contacto o la alegada falta y quizás envío el video con un “mirá la estupidez que están diciendo”. Después me aparece en el feed otra jugada. Más tarde, un compilado de Qatar 2022. Al otro día, un video sobre Infantino, una comparación entre dos penales y una estadística cuyo origen no sé de dónde sale pero como no soy experta en fútbol me detengo ahí. Al tercer día mi experiencia ya no se parece necesariamente a haber consumido una serie de contenidos seleccionados por distintes creadores y sistemas de recomendación. Se parece a haber acumulado una cantidad enorme de evidencia en contra de Argentina.

Las jugadas pueden ser reales como la expulsión de Embolo. La revisión también se dio. Durante el mundial Argentina recibió decisiones favorables y hubo equipos rivales que protestaron públicamente. El sistema de recomendación puede acercar temporalmente fragmentos relacionados con un tema sobre el que ya di señales de interés. Lo que pasó en partidos distintos llega a mi pantalla durante una misma hora. La distancia se achica y la repetición empieza a sentirse como acumulación. De ahí puede surgir una pregunta razonable: ¿hay un patrón?

Por eso vargentina.net me resulta tan útil como objeto cultural. El sitio convierte cada controversia en exhibits, los exhibits en un case file y la opinión acumulada en una puntuación. Quienes crearon la página advierten que el medidor registra cómo se sienten los fanáticos, no conducta indebida que se haya corroborado. La estética, sin embargo, vuelve visible una operación que en el feed ocurre de forma mucho más dispersa. En el caso de VARgentina esa información dispersa se traduce en una sospecha que tiene un case file que va por el Exhibit S al momento de cerrar este ensayo.

Diez cuentas distintas pueden publicar diez videos sobre VARgentina y producir la impresión de diez confirmaciones independientes. Quizás cinco usan el mismo clip, tres repiten una afirmación salida de una sola cuenta y dos comparan la jugada con una estadística cuyo origen nadie sabe de dónde salió. La cantidad de publicaciones no equivale a la cantidad de fuentes. Una afirmación repetida por cien cuentas se percibe distinta de una afirmación dicha una sola vez, aunque las cien dependan del mismo video o del mismo dato original. La recomendación personalizada puede, además, hacer que esas publicaciones ocupen una parte enorme de la experiencia del torneo.

Pero la viralidad no es corroboración. De momento, al tercer día una siente que vio muchos videos sobre una acusación y, también, muchas pruebas de la acusación. Vuelve entonces la inquietud de la primera entrega: lo que se ve es importante pero todavía necesitamos preguntarnos qué puede explicar.

No afirmo que la narrativa “Argentina es racista” haya causado la narrativa “Argentina roba”. Tampoco sé si son las mismas personas las que producen ambas. Sí sé que ninguna imagen llega a nosotres sin una historia previa. En la primera entrega discutí la facilidad con la que una historia real de racismo estructural y blanqueamiento puede comprimirse hasta convertirse en la esencia moral de toda una población. Esa operación borra diferencias y transforma estructuras en personalidad nacional.

Argentina también circula mediante relatos sobre arrogancia, europeización, sionismo, trampas y favoritismo. No forman necesariamente una sola campaña ni son todos falsos. Están disponibles cuando una imagen ambigua necesita explicación. Una decisión favorece a Argentina y se instaura la narrativa de que “siempre roban”; el clip se apoya, entonces, en una historia que empezó antes de la jugada que dio origen a la decisión.

Lo que quiero decir es que que Argentina tenga una historia de racismo no me dice qué ocurrió en el VAR. Que haya hinchas racistas no explica por qué un árbitro cambió una decisión. Una jugada favorable tampoco me permite entrar en la cabeza de Infantino. Esos hechos pueden coexistir sin explicarse automáticamente entre sí. Los relatos tienen memoria y la próxima jugada nunca llega a una página en blanco. Si no me creen, vean los comentarios en vargentina.net sobre el partido Argentina-Inglaterra.

El FIFA Gate no demostró que la FIFA manipule partidos para Argentina. Utilizarlo como prueba de VARgentina sería pedirle a un hecho que demuestre otro. Su historia, de todas maneras, modifica el horizonte de lo plausible. La sospecha no nace frente a una institución con un archivo impecable.

Litigar, sobre todo en casos de violencia de género, me enseñó hace mucho que “no se puede demostrar” y “no ocurrió” son afirmaciones distintas. Las instituciones no siempre documentan aquello que las compromete, es difícil que algo ilegal esté en una minuta y las personas que tienen información pueden quedarse callades. No sé si este Mundial está arreglado, pienso que no, mi corazón dice que no, pero no voy a ser yo quien transforme esa incertidumbre en una defensa de la FIFA.

Puede haber favoritismo o puede existir una coordinación que hoy desconocemos, quién sabe. Mañana podría aparecer una comunicación, una persona testigo o un dato que cambie radicalmente lo que sabemos. Mi feed, sin embargo, tampoco estuvo en la sala del VAR. Las repeticiones pueden mostrar el momento en que un árbitro cambia una decisión. No pueden mostrar una intención institucional que no aparece dentro de las imágenes. Después de varias horas mirando VARgentina, esa intención puede empezar a sentirse visible.

Quiero entender cómo ocurre esa sensación sin convertir el asunto en una prueba de inteligencia individual. No existe una persona ideológicamente pura fuera de la tecnología evaluando evidencia absolutamente limpia. La persona que arbitró decidió desde la cancha, el VAR escogió ángulos y velocidades para la revisión y les creadores de contenido seleccionaron el fragmento que publicaron y escribieron un texto encima. Las redes sociales ordenaron lo que apareció después utilizando las señales sobre nuestra conducta. Llegaste con una historia previa sobre la FIFA, Messi y Argentina, comentaste, compartiste y seguiste mirando.

Estamos dentro de esa forma contemporánea de ver. En la primera entrega de Argentina bajo disputa me negué a mirar una formación y fingir que eso explicaba las lógicas raciales de mi país. Los cuerpos importan demasiado para convertirlos en una explicación fácil.

Esta vez son jugadas. No quiero mirar cinco clips y fingir que pude ver la intención de la FIFA de favorecer a Messi porque es su último mundial o no verla porque es el país donde nací. Mi desconfianza hacia la FIFA me exige hacer más preguntas, no menos. Quiero saber por qué una intervención cruzó la línea del “error claro y obvio” y otra no. Quiero comparar decisiones semejantes sin escoger de antemano solo las que favorecieron a Argentina. Quiero saber de dónde salió una estadística antes de verla repetida por cincuenta cuentas y cuántas de esas cuentas dependen de la misma fuente.

Puede haber una trama. Que yo no pueda demostrarla hoy no significa que no haya ocurrido. Pero antes de decir que ya la vi, quiero detenerme en algo que el feed hace muy bien: poner la próxima imagen frente a mí justo cuando ya tengo una historia capaz de explicarla. Vimos las jugadas. ¿En qué momento sentimos que vimos la intención? Quizás ahí, entre la repetición del VAR y el próximo video que aparece en mi pantalla, haya algo que disputar sobre cómo estamos aprendiendo a conocer el poder.

Sí, quiero que gane Argentina. Eso no me obliga a negar el racismo argentino ni a defender la Argentina blanca. La ausencia de jugadores negros en la selección importa. Pero convertir una formación futbolística en prueba de que Argentina es una nación homogéneamente blanca reproduce el borramiento que se pretende denunciar.

El 7 de febrero de 2026, Anamá Ferreira, una modelo, actriz, conductora y empresaria brasilera radicada hace décadas en Argentina, afirmó en televisión que la selección argentina “es la única que no tiene un negro”. Su intervención se produjo en un debate sobre el caso de Agostina Páez, una abogada argentina detenida en Brasil acusada de injuria racial, y dentro de una discusión más amplia sobre el racismo y la escasa representación de personas racializadas en espacios de poder y visibilidad. Leída con atención, su afirmación contiene una pregunta sumamente relevante: ¿por qué la selección nacional no tiene jugadores visiblemente negros? No fue simplemente una provocación contra el país, sino un señalamiento sobre qué cuerpos pueden aparecer como representantes indiscutibles de Argentina ante el mundo.

Cinco meses después, el 3 de julio, durante el partido del Mundial entre Argentina y Cabo Verde en Miami, una persona que vestía una camiseta argentina aparentemente dirigió contra el streamer IShowSpeed una expresión racista que lo remitía al zoológico. Según los videos difundidos, la agresión incluyó también un insulto homofóbico. La FIFA anunció el 7 de julio que investigaría el incidente.

Estos episodios no son equivalentes.

Una cosa es preguntar por la ausencia de jugadores negros en la selección. Otra es agredir racialmente a una persona negra. Una cosa es preguntar(se) qué cuerpos pueden representar a Argentina y otra es convertir una conducta individual, una formación o una camiseta en prueba de que toda persona argentina comparte una misma esencia moral.

La primera es una pregunta política urgente, sobre todo para quienes somos argentines. La segunda es una conducta racista concreta. La tercera es una generalización que no estoy dispuesta a aceptar y pienso que quienes me leen tampoco deberían estarlo.

No utilizaré el hate contra Argentina para desactivar las preguntas sobre el racismo. Pero tampoco utilizaré la indiscutible existencia del racismo argentino para validar cualquier acusación dirigida contra una selección, una población o una nacionalidad. Con esto quiero dejar claro que no vengo a defender la Argentina blanca. Ahora bien, tampoco voy a aceptar que la mejor manera de denunciarla sea tratarla como si realmente existiera tal como fue imaginada por quienes intentaron fabricarla.

Por supuesto quiero que Argentina gane el Mundial y ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. No lo digo como confesando algo de lo que me tendría que avergonzar o como un certificado de autenticidad. Lo digo porque los afectos también forman parte de la posición desde la cual se escribe.

El fútbol habita en recuerdos familiares, migraciones, amistades, barrios, cábalas, llamadas telefónicas y ausencias. Para muchas personas, como yo por ejemplo, una selección no es primero una teoría política sobre la nación. Es una especie de memoria corporal que nos hace sentir parte de los lugares y amores que habitamos: dónde estabas durante un gol, quién estaba contigo, a quién abrazaste, con quién lloraste las finales que perdiste o con quién quisieras poder festejar.

Esa alegría no es inocente por naturaleza y claro, el Estado puede administrarla, los gobiernos pueden explotarla, puede transformarse en chauvinismo y utilizarse para silenciar conflictos. Lo anterior no significa que no pueda exceder a quienes pretenden apropiársela.

No llamaré hate a la denuncia de una agresión racista, de una canción de cancha, de una ausencia visible o de una institución excluyente. No pienso que se deba llamar hate a la crítica de Javier Milei, de la AFA, de la FIFA o de las posiciones públicas de un futbolista. Quiero reservar hate para otra operación: la transformación de la nacionalidad argentina en un defecto moral colectivo; la presunción de que cualquier persona argentina es racista, fascista o sionista antes de examinar sus actos, posiciones y relaciones concretas.

Quiero que la selección gane pero eso no decide de antemano qué hechos estoy dispuesta a reconocer. Ahora, no voy a aceptar que celebrar un gol o un campeonato se trate como una admisión de complicidad con todo lo que ha hecho el Estado argentino, su gobierno o sus instituciones.

Cuando alguien afirma que “la selección argentina no tiene negros”, generalmente no está examinando la genealogía, la identidad ni el autorreconocimiento de cada futbolista. Está diciendo que no ve jugadores visiblemente negros o socialmente leídos de inmediato como negros. Es una observación que nos obliga a hablar de representación porque, sin duda, importa quién puede llevar una camiseta y aparecer ante millones de personas como una encarnación indiscutible de la nación. Es fundamental problematizar quiénes están presentes en una institución que produce prestigio, pertenencia y reconocimiento, y también, quiénes no aparecen.

Por eso pienso que la respuesta no puede ser que una selección nacional “no es un censo”. Es cierto que la selección no escoge para reproducir estadísticamente la composición demográfica del país, pero tampoco es un mero accidente. Es el resultado de un proceso selectivo compuesto por clubes, ligas, divisiones inferiores, entrenadores, representantes, redes territoriales y decisiones institucionales. Nos podemos cuestionar su composición y la ausencia de jugadores visiblemente negros. Ahora, esa ausencia, por sí sola, no puede explicar toda la estructura racial argentina ni tampoco demostrar cuál es el mecanismo que produjo la composición del equipo.

El politólogo y activista afroargentino Federico Pita propone analizar lo que denomina “racismo criollo” mediante tres operaciones relacionadas: invisibilización, negación y extranjerización. También distingue los niveles estructural, institucional e interpersonal del racismo. Su formulación permite abandonar la discusión estéril sobre si Argentina puede ser racista aunque no haya reproducido exactamente el modelo estadounidense de plantación y segregación.

La invisibilización expulsa la presencia afro de la historia, los medios, las instituciones y la imagen pública del país. La negación sostiene que el racismo no constituye un problema argentino, que las personas negras desaparecieron o que el mestizaje disolvió las jerarquías raciales. La extranjerización interpreta los cuerpos negros como incompatibles con la argentinidad. La pregunta “¿de dónde sos realmente?” no siempre busca información biográfica. Puede expresar una sospecha: si sos negra, no podés ser completamente argentina.

Desde este marco, la frase “la selección no tiene negros” puede intervenir de maneras muy diferentes. Puede denunciar una invisibilización: ¿por qué no vemos jugadores negros representando a Argentina? Pero puede también reiterar la negación: no los vemos porque Argentina no tiene personas negras. Y, además, puede reproducir la extranjerización: los cuerpos que aparecen en la selección son los argentinos verdaderos; los cuerpos negros pertenecen necesariamente a otro lugar. Piensen, por ejemplo, en la bochornosa canción creada por hinchas argentinos durante el Mundial de Qatar 2022 y entonada por Enzo Fernández y parte del plantel en los festejos de la Copa América 2024: “Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola”. Y cuidado, porque el problema no es la pregunta sobre representación. El problema es que lo que aparece en una cancha se convierta en la frontera definitiva de quién existe dentro del país.

Pero aguantemos ahí. Rechazar una clasificación racial que se hace desde una fotografía de la selección no significa afirmar que el color de piel sea irrelevante. La raza no es una verdad biológica, pero la racialización actúa sobre cuerpos reales. El color, los rasgos, el pelo, el acento y otros signos interpretados socialmente modifican la forma en que una persona atraviesa el mundo.

No todas las personas afrodescendientes viven el racismo de la misma manera. Una persona afrodescendiente de tez clara puede experimentar el borramiento de su genealogía, la negación de su identidad o la obligación de demostrar permanentemente su pertenencia. Una persona de piel oscura y socialmente leída de inmediato como negra puede experimentar esas formas de negación y, además, una hipervisibilidad racial: insultos directos, sospecha, exotización, animalización y la presunción de que necesariamente es extranjera.

El colorismo permite nombrar cómo la proximidad fenotípica a la blancura distribuye protecciones, oportunidades y vulnerabilidades de manera desigual. La investigación comparada en América Latina demuestra que el tono de piel puede producir desigualdades que no siempre son captadas adecuadamente por las categorías censales de autoidentificación. Reconocer que la afrodescendencia no posee un único fenotipo tampoco puede servir para diluir la violencia específica que reciben las personas de piel más oscura y la antinegritud.

La obra de teatro documental Afroargentinas, escrita y protagonizada por Florencia Gomes y Jesica Salinas Lamadrid, con adaptación y dirección escénica de Ivanna Smolar, reconstruye historias personales y familiares mediante archivos, recuerdos y cartografías afectivas. No se limita a narrar experiencias de discriminación: produce autorrepresentación frente a un relato nacional que presenta la afroargentinidad como ausencia, pasado o extranjería.

Gomes y Salinas Lamadrid han narrado las agresiones racistas que sufrieron desde la infancia, las estrategias que emplearon para reducir su visibilidad y las preguntas recurrentes sobre su supuesto origen extranjero. Sus experiencias muestran cómo un cuerpo puede resultar hipervisible como negro e invisible como argentino.

Pero ojo. No son únicamente testimonios de dolor. La obra propone otra forma de producir conocimiento: recuperar archivos familiares allí donde el archivo nacional borró, crear memoria desde los afectos, vincular la experiencia cotidiana con la historia estructural y construir imágenes propias allí donde la representación dominante solo ofrecía silencio, exotización o negación.

La periodista afroargentina Marilina Lizárraga formula una pregunta decisiva: ¿dónde están las personas afrodescendientes en los medios, en los espacios culturales y en las mesas donde se decide qué historias merecen contarse? Su análisis no depende de encontrar una orden explícita que diga “no contraten personas negras”. Describe un racismo que opera mediante patrones: ser la única persona afrodescendiente dentro de un espacio profesional, ser convocada únicamente para hablar de “temas afro” o ver cómo los medios prefieren opinar sobre comunidades negras sin llamar a personas negras con conocimiento sobre el asunto.

No basta con incorporar voces afroargentinas como fuentes que confirmen una teoría elaborada desde Estados Unidos. Es indispensable reconocer que esas voces son las que están produciendo las categorías con las cuales puede comprenderse el problema. La ausencia no demuestra que falten personas capaces, ni que todes nos mezclamos, pero sí puede revelar quiénes acceden y controlan los espacios de visibilización y poder.

Esta distinción sirve también para pensar la selección. Que no veamos jugadores visiblemente negros no prueba que Argentina carezca de población negra, pero tampoco podemos asumir que esa ausencia carece de significado.

El fútbol argentino no puede describirse como un espacio reservado exclusivamente a las élites económicas blancas. Su popularización durante las primeras décadas del siglo XX estuvo relacionada con la formación de sectores populares urbanos y con la proliferación de clubes creados por jóvenes, muchos de ellos hijos de inmigrantes, que construyeron identidades alrededor del barrio, la cuadra, la esquina y el potrero. El fútbol fue, desde ese momento, un espacio de producción de vínculos locales y también de incorporación conflictiva de símbolos nacionales.

Esa tradición continúa en las trayectorias de numerosos jugadores de selección. Según Infobae, la estructura del fútbol argentino se apoya sobre una red de más de 12.000 clubes de barrio distribuidos en todo el país. Lionel Messi comenzó en un club de barrio de Rosario; Leandro Paredes en clubes de baby fútbol de San Justo; Nicolás Otamendi en Villa Real y Barrio Nuevo de San Fernando; y Germán Pezzella en Kilómetro Cinco y Juventud Unida de Algarrobo, antes de ingresar en estructuras profesionales. La selección de 2026 combina futbolistas formados en barrios del Gran Buenos Aires, clubes de baby fútbol, pueblos y ciudades medianas del interior, particularmente en provincias como Santa Fe y Córdoba.

Aunque este dato impide explicar la composición visual de la selección como el simple resultado de una barrera económica que reserva el fútbol profesional para una élite blanca y adinerada, también es cierto que no podemos escudarnos en esto para reclamar que sea un sistema racialmente neutral.

¿Por qué? Porque clase y racialización no son equivalentes. Los sectores populares argentinos también están atravesados por jerarquías de color, origen, territorio y nacionalidad. Un espacio puede ser popular y comunitario y, al mismo tiempo, reproducir antinegritud, extranjerización o desigualdades en el reconocimiento. Nadie pone en duda que los clubes de barrio pueden ser lugares de pertenencia, solidaridad, formación y experiencia colectiva. No existen, sin embargo, fuera de las relaciones de poder de la sociedad en la cual funcionan.

Por eso, reconocer el origen popular de numerosos jugadores no debe utilizarse como absolución: “si vienen de abajo, entonces no puede haber racismo”. Tampoco debe ignorarse para sostener la caricatura contraria: “la selección está formada por blancos ricos reclutados entre las élites”. Ninguna de esas afirmaciones describe adecuadamente el problema porque la pregunta es mucho más compleja.

¿Cómo operan las jerarquías raciales dentro de un sistema futbolístico profundamente popular, barrial y territorial?

La selección presenta una composición fenotípica que suele leerse como blanca y que coincide con la imagen dominante de la Argentina blanca. Esa coincidencia es políticamente significativa. Sin embargo, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022 registró 302,936 personas que se reconocieron afrodescendientes o declararon tener antepasados negros o africanos. Representaban el 0,7 % de la población en viviendas particulares. Ese dato refuta la afirmación literal de que en Argentina no existen personas afrodescendientes.

El censo combina autorreconocimiento y ascendencia declarada pero no mide cuántas personas son socialmente leídas como negras. Tampoco puede utilizarse como argumento exculpatorio: que solo el 0,7 % se reconociera afrodescendiente o declarara esa ascendencia no convierte a la selección en un reflejo razonable de la demografía argentina.

La intelectual y activista afroargentina Miriam Gomes propone comprender la presencia afroargentina no desde la pasividad de una población “desaparecida”, sino desde la continuidad de sus organizaciones, sus estrategias de inserción y sus formas de resistencia. Entre los mecanismos de invisibilización, Gomes identifica la extranjerización; la folklorización; la infantilización y animalización; la apropiación nacional de aportes culturales afro, una vez separados de su pertenencia comunitaria; y el silenciamiento de la memoria colectiva.

La Diáspora Africana de la Argentina organiza su trabajo alrededor de dos propósitos centrales: visibilizar la historia y la actualidad de la afrodescendencia argentina y combatir el racismo en todas sus formas. Su existencia no es una nota al pie del relato nacional. Demuestra que las personas declaradas ausentes han producido comunidad, pensamiento, memoria y acción política contra su propio borramiento.

Emanuel Ntaka lo formula de una manera que corrige una de las narrativas más persistentes: sectores de poder quisieron borrar la presencia afro de la historia argentina, pero no consiguieron eliminarla. El proyecto de blanqueamiento fue poderoso; no fue total.

La Argentina blanca no debe tratarse como una descripción natural de la población. Es una forma histórica de organizar la pertenencia. Una nación que se imaginó moderna porque se imaginó europea y lo incluyó en el Artículo 25 de su Constitución, que dispone: “el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Una historia oficial que convirtió a las personas afrodescendientes en figuras coloniales, restos folklóricos o poblaciones extinguidas. Una estructura capaz de apropiarse de palabras, músicas y prácticas culturales afro mientras separaba esas producciones de las comunidades que las sostuvieron. Una pedagogía que enseñó a reconocer determinados cuerpos como inmediatamente argentinos y a interrogar a otros sobre su procedencia, con un prócer que apostaba a lo europeo como la civilización y a los pueblos originarios como barbarie, en su nombre se celebra el Día del Maestro. Por eso, afirmar que Argentina fue construida como una nación blanca es una tesis histórica y política. Ahora, afirmar que Argentina es realmente una nación homogéneamente blanca es aceptar el resultado que aquel proyecto quiso producir.

Un comentario en redes sociales no posee el mismo poder que el Estado. Estoy convencida de que no debemos establecer una equivalencia entre una generalización irresponsable y los procesos históricos de esclavización, despojo, clasificación, silenciamiento y exclusión institucional. Pero claro, un discurso sin poder estatal puede heredar las categorías producidas por el Estado. Puede mirar la invisibilidad pública y concluir que no existe nadie detrás de ella. Puede decir que la Argentina blanca es una ficción racista y, en la misma frase, tratarla como una descripción demográfica verdadera.

Puede denunciar que el Estado borró a las personas negras y luego hablar como si ese borramiento hubiese sido completo. Ahí la crítica reitera uno de los resultados del proyecto que cuestiona. No porque produzca el mismo daño o porque posea la misma responsabilidad, sino porque vuelve a colocar fuera de Argentina a las personas que llevan generaciones disputando su derecho a ser reconocidas dentro de ella.

La afirmación “Argentina no tiene negros” no puede ser nuestra explicación del racismo argentino porque es uno de los productos de ese racismo.

La antinegritud y el racismo contra los pueblos originarios tampoco son intercambiables. El proyecto de nación blanca necesitó negar ambas presencias, pero lo hizo mediante historias, instituciones y violencias distintas. El Censo de 2022 registró 1,306,730 personas que se reconocieron indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios, equivalentes al 2,9 % de la población en viviendas particulares. Esa categoría censal no agota las identidades, pertenencias comunitarias ni formas de organización indígena, pero contradice la imagen de un territorio homogéneamente europeo.

La poeta mapuche-tehuelche Liliana Ancalao nombra el mapuzungun como un “idioma silenciado”. Su formulación no describe una lengua que perdió vitalidad por accidente, al contrario. Relaciona ese silenciamiento con el genocidio, la ocupación territorial, la escolarización forzada en español, el estigma y la interrupción de la transmisión entre generaciones.

El historiador qom Juan Chico, junto con Mario Fernández, reconstruyó las memorias de la Masacre de Napalpí a partir de los relatos comunitarios y las voces de personas sobrevivientes en Napalpí: la voz de la sangre. Chico continuó investigando la masacre, entrevistó a sus últimos sobrevivientes y logró que sus testimonios fueran incorporados al juicio por la verdad. Su trabajo disputó quién tiene autoridad para producir el archivo y narrar la historia argentina.

Estas voces amplían la pregunta. La nación blanca no se fabricó únicamente mediante la negación de la presencia africana. También necesitó convertir a los pueblos originarios en pasado, obstáculo, minoría administrada o población ajena al proyecto civilizatorio. Pero eso no significa que esas experiencias se puedan fusionar bajo una categoría indiferenciada de “personas no blancas” porque la violencia antinegra posee formas específicas. El despojo territorial y el racismo contra los pueblos originarios poseen historias y expresiones propias. La racialización de las distintas poblaciones migrantes tampoco puede reducirse a una sola experiencia. Las relaciones deben estudiarse sin borrar las diferencias.

Reconocer que la nación blanca es una construcción no vuelve inocentes a sus instituciones. No explica por sí solo la composición racial de la selección. No convierte una agresión racista en una diferencia cultural. No transforma el mestizaje en igualdad. No convierte el origen popular de un futbolista en prueba de que el sistema que lo formó carece de jerarquías raciales. No absuelve a una hinchada, a la AFA, a los clubes ni a los medios de comunicación. Tampoco obliga a aceptar que “Argentina” designe una personalidad colectiva con una sola ideología.

Una respuesta liberal podría proponer una Argentina más inclusiva: más cuerpos representados, más identidades reconocidas y una fotografía nacional más diversa. Esas transformaciones importan materialmente porque la representación, el acceso y el reconocimiento tienen consecuencias reales. Pero no son el horizonte final de un mundo por construir. Pienso que no solo debemos preguntarnos quién debe incorporarse a la nación. Es fundamental preguntarnos quién adquirió el poder de definirla. El Estado clasifica mediante censos, documentos y fronteras. La escuela selecciona las historias que se convertirán en memoria. Los medios administran la visibilidad. La policía decide qué cuerpos producen sospecha o deben enjaularse. Los clubes forman, seleccionan y descartan. La AFA y la selección administran una representación internacional de Argentina. Ninguna de esas instituciones representa de manera transparente ni agota a las comunidades, pueblos y personas que habitan el territorio administrado por el Estado.

No busco una nación purificada de contradicciones para poder quererla sin culpa. Busco cuestionar la autoridad de quienes se presentan como sus únicos representantes.

Por eso puedo querer que Argentina gane sin aceptar que Milei sea Argentina. Puedo celebrar a la selección sin tratarla como un censo. Puedo reconocer el origen popular y barrial de numerosos jugadores sin convertirlo en un certificado de igualdad racial. Puedo rechazar el hate sin negar la antinegritud. Puedo reconocer que la ausencia de jugadores negros importa sin asignar identidades raciales a futbolistas desde la pantalla de mi televisor. Y puedo y quiero dejar abierta una pregunta urgente y necesaria.

También debe obligarnos a reconocer lo que desconocemos. No sabemos todavía por qué la selección posee esta composición. Sí sabemos que una formación no contiene la totalidad de una sociedad. También sabemos que más de 300,000 personas se reconocieron afrodescendientes o declararon ascendencia negra o africana. Sabemos que las comunidades afroargentinas llevan décadas produciendo organizaciones, archivos, arte y pensamiento contra la narrativa de su inexistencia. Sabemos que las personas visiblemente negras enfrentan violencias específicas que no deben disolverse en una celebración abstracta del mestizaje. Sabemos que el fútbol argentino tiene raíces populares, barriales y comunitarias. Y sabemos que lo popular no existe fuera de las relaciones raciales, territoriales, de género y de poder.

La Argentina blanca no fue un dato demográfico neutral. Fue un proyecto que consistió en convencer al país y al mundo de que Argentina era blanca y el antirracismo no puede limitarse a repetir esa descripción con un signo moral negativo. Debe mostrar cómo fue producida. A quiénes expulsó de la imagen. Qué instituciones continúan reproduciéndola. Qué experiencias diferenciadas organiza. Y quiénes siguen existiendo, creando memoria y disputando poder a pesar de ella.

No voy a defender la Argentina blanca.

Tampoco voy a permitir que el hate me obligue a creer en ella.

^{Nota: en este ensayo uso el término violencia doméstica porque es la terminología que utiliza el andamiaje civil-penal. De igual manera, aunque soy consciente de que existen otros programa de fondos bajo VAWA, me enfoco en STOP porque son los que distribuye la OPM como agencia administradora.}

Entrar al estacionamiento del Tribunal de Carolina equivale a meterse en un laberinto oscuro y húmedo. Es posible perderse antes de alcanzar la luz del último nivel del multipiso, donde suele estacionarse el público en general. La entrada es angosta, con un solo punto de cotejo, y si el caso es citado temprano, la fila puede ser bastante larga. Yo paso con la identificación de abogada; no hago fila, pero una mujer que llega a solicitar protección sí tiene que hacerla. Además, nadie te advierte que, si vas a la Sala de Investigaciones, conviene llevar abrigo. Allí, el frío es intenso y, con toda probabilidad, habrá que esperar un tiempo considerable hasta que un juez o una jueza municipal atienda el caso. No he estado en la sala especializada de violencia doméstica, pero una colega me confirmó que sucede lo mismo que en la de investigaciones: espera y frío.

Solicitar una orden de protección bajo la Ley 54 requiere al menos dos visitas al tribunal: una para la solicitud inicial y otra para la vista final (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 1989; El Nuevo Día, 2026a). Muchas personas deben regresar más veces debido a problemas como la falta de diligenciamiento de la citación, la incomparecencia de la parte peticionada, la ausencia de representación legal o la indisponibilidad de los abogados o las abogadas. Claro, también pueden aparecer otros obstáculos burocráticos adicionales que aumenten la ansiedad durante el proceso.

Gemillies Lozada Navarro mantenía contacto diario con su hermana Génesis, llamándola cada mañana y mediodía. Esta rutina reflejaba su cercanía, una manera de decir que estaba allí y que se tenían. Supe que Gemillies trabajaba como encargada de alimentos en el programa Early Head Start de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina, preparando comidas para niñeces de dos meses a casi tres años, en un turno de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Según El Nuevo Día (2026a), Gemillies fue interceptada tras salir de su trabajo y el feminicidio-suicidio se reportó a las 12:11 p.m. en el expreso Román Baldorioty de Castro, en la salida PR-3, en la dirección de Carolina a Río Piedras. Solo pasaron minutos entre terminar su jornada laboral y el ataque. Todo ocurrió en cuestión de instantes.

Cocinar era una de sus pasiones. “Lo de ella era hacer comida. Le encantaba ver a la gente feliz, que ella cocinara y que la gente se comiera su comida”, relató Génesis a El Nuevo Día (El Nuevo Día, 2026b). En una ocasión reciente, durante un pasadía familiar en Aguadilla, Gemillies preparó arroz con pollo y compartió momentos de alegría con su familia. Según Génesis, ese día cocinó como para alimentar a toda la playa.

En los últimos cinco meses, Gemillies regresó a la casa familiar tras separarse de su pareja de seis años, padre de sus dos hijos (WAPA, 2026b). Imágenes difundidas por la prensa la muestran bailando bomba, sonriente y en movimiento, sin saber que su imagen sería utilizada posteriormente para reportar un feminicidio.

Tras el feminicidio, Génesis declaró públicamente que Gemillies sentía miedo, que su expareja la seguía y que, en una ocasión, intentó llevarse a uno de sus hijos (WAPA, 2026b). Por ese temor, Gemillies acudió al tribunal antes de que su caso se hiciera público. Según reportó El Nuevo Día (2026a), el 28 de marzo de 2026, un juez municipal expidió una orden de protección ex parte bajo la Ley 54. Esa clase de orden se concede sin escuchar aún a la parte peticionada. Es una medida provisional, pensada para cubrir el período entre la urgencia inicial y la vista final que el tribunal emite cuando entiende que una persona está en riesgo. En el caso de Gemillies, el tribunal entendió que había elementos suficientes para expedir la orden, ya que existía un riesgo de maltrato inmediato y la petición incluía maltrato verbal y psicológico.

Durante dieciocho días, el Estado activó una protección provisional porque un juez municipal entendió que había base suficiente para emitir una orden ex parte. Después llegó el 14 de abril. Ese día, se celebró la vista final. Según informó la Oficina de Administración de los Tribunales, el tribunal evaluó las alegaciones y la prueba específica presentada en sala. Gemillies compareció representada por un abogado. El tribunal escuchó a ambas partes y consideró que no existían motivos suficientes para dictar una orden de protección final (El Nuevo Día, 2026a). La orden ex parte se acabó ahí.

El tribunal sí emitió un estado provisional de derecho sobre las relaciones paternofiliales y la pensión alimentaria, conforme a la Ley 140 (El Nuevo Día, 2026a). No tengo el récord de sala para asegurarlo, pero ese detalle sugiere que el tribunal leyó parte del conflicto desde la controversia sobre los hijos: pudo intervenir para determinar alimentos y relaciones paternofiliales, pero no sostuvo la orden de protección. En ese margen, entre lo que el tribunal reguló y lo que no reconoció como riesgo suficiente, se sitúa la pregunta política que plantean este y todos los casos.

El Departamento de Justicia confirmó la información. También aclaró que no se había presentado una querella ante la Policía, por lo que el proceso se tramitó por la vía civil, conforme a la Ley 54. La fiscal Ileana Santos Colom explicó que cualquier persona puede solicitar una orden de protección por la vía civil, ya sea a través de la Policía, de forma virtual o directamente en el tribunal, hasta que se celebre la vista final (El Nuevo Día, 2026a; WAPA, 2026a). En esa vía civil, el estándar de prueba es menor que en un proceso penal. Aun así, no alcanzó. Cuarenta y dos días después de la vista final, Gemillies fue asesinada por su expareja (cálculo propio con base en El Nuevo Día, 2026a; WAPA, 2026b). Según la prensa, él la interceptó mientras conducía, chocó su vehículo y luego le disparó.

Organizaciones y manifestantes, convocados por la Colectiva Feminista en Construcción, se presentaron en la Oficina de Administración de los Tribunales bajo la consigna “Estado Feminicida” (NotiCel, 2026b). Denunciaron que este no era un caso aislado, sino un ejemplo de abandono institucional y falta de urgencia ante una crisis de vida o muerte.

La judicatura, como suele hacer, respondió desde el lenguaje que maneja: evidencia, discreción judicial, debido proceso, límites de la función judicial. La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura defendió la decisión de no conceder la orden y sostuvo que las determinaciones judiciales se emiten con base en la prueba presentada en sala y dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico. También advirtió que atribuir responsabilidad a la jueza por los actos delictivos posteriores de otra persona era una conclusión errónea (Claridad, 2026; Primera Hora, 2026).

No se conoce con certeza lo que ocurrió en esa sala: qué dijo Gemillies, qué preguntas se formularon, qué se consideró relevante o se minimizó porque el Tribunal de Primera Instancia se negó a divulgar la grabación de la vista a la prensa. Esta falta de información debe reconocerse con honestidad. Sin embargo, el caso evidencia que una mujer puede acudir al tribunal, expresar su temor, recibir protección provisional y perderla días después si el riesgo no se comunica en los términos requeridos por el Derecho. La cuestión no es si hubo un error judicial, sino qué observó el tribunal, qué no percibió y qué formas de peligro quedan excluidas cuando el riesgo se evalúa únicamente bajo los parámetros jurídicos.

Una mujer puede llegar al tribunal diciendo: “me sigue”, “me controla”, “me amenaza”, “sabe mis horarios”, “me da miedo que me haga daño”, “se me aparece en los sitios”, “pone estados en WhatsApp con balas”, pero en sala esas frases por sí solas no bastan. Tienen que convertirse en hechos concretos y demostrables: cuándo la siguió, dónde apareció, qué dijo exactamente, si hay mensajes, si alguien lo vio, si hubo una querella previa, si ese miedo puede probarse y convertirse en un riesgo inmediato. Lo que para ella puede ser una certeza que se siente en el cuerpo y le avisa de que está en peligro, para el tribunal debe convertirse en una narración suficientemente clara y jurídicamente válida para justificar la emisión de una orden de protección.

He presenciado esta situación en numerosas ocasiones. Mujeres con quienes he repasado fechas antes de la vista, como si preparáramos un examen. Mujeres que buscan mensajes en sus teléfonos para respaldar lo que ya sienten. Algunas dudan en revelar si retomaron el contacto por temor a que esa información se use en su contra. Muchas no denunciaron antes por miedo, dependencia económica, para evitar que sus hijos enfrenten otro proceso, porque creyeron poder manejar la situación, por estatus migratorio irregular, porque su pareja es inmigrante y temen su deportación, porque aún lo quieren, porque no desean separarse, porque no quieren que vaya preso, o porque nadie quiere exponer su vida privada hasta que no queda otra opción.

La Ley 54 reconoce no sólo la violencia física, sino también la psicológica, la intimidación, la persecución, la violencia cibernética, sexual y económica. Cada vez que una forma de violencia queda fuera del lenguaje legal disponible, la ley vuelve a moverse para intentar nombrarla. Por eso, la Ley 54 ha sido enmendada en numerosas ocasiones desde su aprobación. Aunque el marco legal es amplio, el desafío surge al trasladar estos conceptos a la sala: no siempre hay evidencia del control o testigos del acecho, no toda amenaza es explícita y no todo miedo puede documentarse de las maneras requeridas por un tribunal.

El Poder Judicial dispone de un Programa para la Atención de Casos de Violencia de Género y de salas especializadas en violencia doméstica, incluida la región judicial de Carolina. En su propia comunicación institucional, ese andamiaje aparece vinculado a la coordinación con la Policía, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, municipios, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y organizaciones que ofrecen intercesoría o representación legal (Poder Judicial de Puerto Rico, 2026). Es decir, el sistema reconoce la violencia y la nombra; la pregunta es qué ocurre cuando ese reconocimiento todavía exige traducir el miedo al lenguaje de la prueba para que se expida una orden de protección.

El género también influye en la credibilidad. Una mujer que solicita protección debe parecer asustada, pero no desbordada; coherente, pero no ensayada; afectada, pero no vengativa; vulnerable, pero no incapaz; firme, pero no agresiva; protectora, pero no alienante. Si no acudió antes a la Policía, se le pregunta por qué. Si retomó el contacto, se cuestiona su decisión. Si no tiene mensajes, se le pregunta por la falta de evidencia; si tiene muchos, por qué sigue respondiendo. La violencia doméstica suele manifestarse por acumulación de hechos, pero en sala es necesario traducir esa acumulación en un patrón creíble y demostrable, que es el lenguaje del Derecho.

Por ello, la cuestión no es solo si el tribunal creyó o no. Es más relevante preguntar por qué la política de seguridad exige que una mujer anticipe el peligro antes de recibir protección, incluso en salas especializadas. ¿Qué formas de violencia se reconocen sólo cuando hay evidencia concreta y cuáles quedan fuera cuando el riesgo aún no se ha materializado, pero ya afecta la vida de la persona?

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En 1989, el movimiento feminista de Puerto Rico ganó una batalla que llevaba décadas librando, en parte precipitada por la indignación pública tras el asesinato de Ivonne Rodríguez a manos de su esposo, Richie Pietri (Negrón, n.d.; Torres, 2019). Ese caso se convirtió en punto de condensación política: expuso la forma en que el sistema podía minimizar la violencia íntima, leerla como tragedia privada o conflicto pasional, y no como violencia estructural contra las mujeres. Así, la Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54, convirtió la violencia doméstica en un asunto jurídico específico, la tipificó como delito y creó las órdenes de protección. Estableció que lo que ocurría en la casa era un asunto público y que el Estado tenía la obligación de intervenir.

Más allá de lo atroz del asesinato de Ivonne Rodríguez, ese logro fue el resultado de mujeres que testimoniaron, documentaron, cabildearon e insistieron aun cuando el sistema político les decía que la violencia contra las mujeres no era un asunto político. Por eso, la Ley 54 fue, en su momento, una transformación del lenguaje legal y de la manera de entender las relaciones de pareja o vínculos sexo-afectivos. Antes de la Ley 54, esas agresiones podían procesarse mediante delitos generales, pero no existía un marco específico de violencia doméstica ni un andamiaje propio de protección civil. Después de la ley, el miedo en el hogar dejó de quedar jurídicamente disperso. Es fundamental reconocer este avance. Para miles de mujeres en Puerto Rico, fue la primera vez que el sistema reconoció su realidad con un nombre legal propio. Sin embargo, la generalización tuvo consecuencias.

Este avance también dio lugar, con el tiempo, a nuevas instituciones y procedimientos. La Ley 54 generó su propio andamiaje: formularios estandarizados, protocolos de intervención y salas especializadas. La burocracia aprendió a procesar la violencia en categorías jurídicas, evaluando si hay pruebas suficientes, si las alegaciones corresponden a los artículos legales y si la conducta encuadra en los tipos penales establecidos.

Este sistema era necesario, pero tiene límites poco discutidos. Como decía anteriormente, la lógica jurídica requiere hechos demostrables, fechas, testigos y pruebas que cumplan con los estándares legales. Sin embargo, el miedo no siempre puede expresarse en términos jurídicos. El control coercitivo no siempre es comprobable ni fácilmente documentable. Una mujer que percibe un riesgo real, pero no puede probarlo, no encaja en el marco legal diseñado para protegerla. Como bien señaló Richie (2012), la construcción de “any woman could be a battered woman” y “rape is a threat to every woman” dejó de lado la dimensión estructural de la violencia de género (pp. 109–110). En esas fórmulas, la mujer que se volvió visible fue, con frecuencia, la que tenía mayor reconocimiento social y político, dejando desatendidas las necesidades de las demás.

Así, cuando ocurre un feminicidio, el debate público suele centrarse en si existía una orden de protección. Si la había, se cuestiona por qué no funcionó; si no, por qué no se solicitó. Si se solicitó y no se concedió, como en el caso de Gemillies Lozada Navarro, la pregunta se dirige al tribunal. Estas son preguntas legítimas, pero asumen que la orden de protección es la única respuesta plausible y que el sistema judicial es el único espacio para resolver estos casos.

Aunque la Ley 54 trasladó la violencia del ámbito privado al tribunal, el tribunal no siempre logra interpretar el miedo. A veces, una mujer puede explicar con más facilidad a una amiga por qué sabe que está en peligro que a un juez o jueza que le exige convertir ese miedo en prueba. Como expresó Andrea Ruiz Costas, otra víctima a quien no se le otorgó una orden de protección: “Ya he hablado tantas veces de eso. Le he dicho a tanta gente y a tantos policías la misma mierda. A tantos fiscales, a tantos jueces que estoy harta ya” (NotiCel, 2021; Telemundo Puerto Rico, 2021). Su frustración es comprensible. La pregunta no es si el miedo existe, sino qué le exige el Derecho a ese miedo antes de reconocerlo como riesgo.

La falta de programas no es un simple descuido administrativo ni una falla de gestión. Es el resultado de décadas de decisiones sobre la asignación de recursos. Aunque inicialmente se designaron doscientos cincuenta mil dólares para la ejecución 1989-1990 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 1989, art. 5.5), para comprender estas decisiones, es necesario remontarse más allá de la Ley 54, hasta 1994.

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En 1994, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Violence Against Women Act (VAWA), que desde entonces estructura buena parte del financiamiento y del enfoque federal para atender la violencia doméstica en los estados y territorios, incluido Puerto Rico. McCloy (2024) describe VAWA como una iniciativa federal sin precedentes para atender la violencia motivada por género, pero también muestra que esa iniciativa se construyó en la intersección entre el movimiento de mujeres maltratadas y el giro estadounidense hacia políticas de “tough-on-crime” (pp. 7–8, 17–18, 26). Sectores institucionales del movimiento antiviolencia, incluidas organizaciones feministas y albergues, recibieron VAWA como una conquista porque traía reconocimiento federal y recursos después de décadas de abandono estatal. Esa celebración no fue ingenua ni irrelevante: respondía a la normalización de la violencia en el hogar y a la precariedad de los servicios. Sin embargo, desde una lectura feminista abolicionista, el punto no es negar lo que VAWA permitió, sino mirar el precio político de haber obtenido protección dentro de un paquete anticrimen.

VAWA nació como el Título IV del Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994, uno de los paquetes penales federales más expansivos de la historia de Estados Unidos: treinta mil millones de dólares destinados a combatir la criminalidad mediante expansión policial, endurecimiento penal y crecimiento carcelario (EBSCO Research Starters, s. f.; McCloy, 2024). Esa genealogía es importante. El principal instrumento federal para atender la violencia contra las mujeres no nació fuera del paradigma penal, sino dentro de una apuesta estatal por la policía, la fiscalía, los tribunales y la cárcel. Por eso, el problema no es simplemente que VAWA financiara pocos servicios; el problema es que organizó esos servicios alrededor de un andamiaje estatal que entendía la seguridad principalmente como intervención legal.

Puerto Rico recibe fondos STOP como territorio a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La distribución no es enteramente discrecional. La ley federal establece cómo deben repartirse los fondos y, por tanto, delimita desde el inicio qué respuestas son financiables con mayor estabilidad.

De esos fondos que la Office on Violence Against Women transfiere a la OPM bajo STOP, al menos el 25% está destinado a la aplicación de las leyes (law enforcement), es decir, a la Policía. Al menos otro 25% va al Departamento de Justicia, específicamente al Ministerio Público. Al menos un 5% debe destinarse a los tribunales. Finalmente, al menos el 30% debe destinarse a organizaciones que brindan servicios a las personas afectadas por la violencia doméstica (34 U.S.C. § 10446).

Si se clasifican policía, fiscalía y tribunales como componentes del sistema jurídico-penal, al menos el 55% de esos fondos queda reservado para esa maquinaria institucional. Si se limita el análisis a policía y fiscalía, el mínimo directamente penal es 50%. El 30% restante de asignación obligatoria va a servicios a víctimas, una categoría amplia que incluye albergues, asistencia legal y líneas de ayuda. De ese 30%, la ley exige que al menos el 10%, apenas el 3% del total, llegue específicamente a organizaciones de base comunitaria (34 U.S.C. § 10446). El estado o territorio dispone, además, de un 15% de discrecionalidad, siempre que se cumplan los objetivos de VAWA (34 U.S.C. § 10446). En cualquiera de las dos lecturas, la estructura presupuestaria revela una decisión: la respuesta financiada con mayor estabilidad no fue la vivienda, ni el apoyo económico directo, ni las redes comunitarias autónomas, sino la ruta legal.

Incluso en el mejor escenario, la tendencia histórica ha sido clara. Según el Departamento de Justicia federal, la Office on Violence Against Women ha distribuido más de once mil millones de dólares en fondos autorizados por VAWA desde su aprobación (U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, 2024). Esa cifra oficial, sola, no dice hacia dónde fue el dinero. La crítica abolicionista surge al mirar el andamiaje de asignación y los análisis que señalan el peso sostenido de la policía, la fiscalía y los tribunales dentro de VAWA. Common Justice sostiene que, entre 1994 y 2013, la proporción de fondos asignados al sistema penal aumentó del 62% al 85%, y que en la reautorización de 2022 la categoría de law enforcement recibió ciento ochenta y cinco millones de dólares, mientras que las soluciones comunitarias recibieron cinco millones (Common Justice, 2022; Goodmark, 2021).

En Puerto Rico, como en otros territorios que reciben fondos STOP, esto incide directamente sobre qué servicios existen para las mujeres que buscan ayuda fuera del tribunal. VAWA sí financia servicios a víctimas. También puede sostener albergues, asistencia legal, acompañamiento, líneas de ayuda y programas culturalmente específicos. Pero esos servicios operan dentro de un marco en el que la seguridad pública sigue organizada alrededor de un caso, la orden, la querella, la vista y la intervención estatal. Desde ahí parte el argumento de este ensayo: el Estado no abandonó a las mujeres porque no hizo nada; las abandonó porque decidió financiar casi una sola puerta y llamar a esa puerta protección.

En 2001, INCITE! Women of Color Against Violence y Critical Resistance hicieron una advertencia que sigue siendo incómoda para el feminismo institucional: cuando el movimiento antiviolencia depende del financiamiento estatal, el Estado no solo paga programas; también define los límites de lo imaginable. La declaración conjunta criticó que esa dependencia produjo una mayor “profesionalización” del movimiento antiviolencia y lo alejó de sus raíces comunitarias y de justicia social (INCITE! Women of Color Against Violence & Critical Resistance, 2001). Esa frase debe leerse con cuidado. No significa que las organizaciones que reciben fondos sean el problema. Significa que el financiamiento estatal reorganiza el campo de acción: premia lo medible, lo procesable, lo compatible con agencias públicas y lo que puede insertarse en protocolos.

El resultado es estructural. Las organizaciones antiviolencia más capitalizadas operan dentro de los límites del financiamiento federal. Esto no implica que sean organizaciones deficientes, sino que están condicionadas por un sistema que prioriza la intervención legal sobre la prevención comunitaria, el apoyo económico o el acceso a vivienda segura. Esa dependencia puede limitar la capacidad institucional de cuestionar abiertamente el sistema que financia sus servicios. En este contexto, el movimiento antiviolencia puede terminar en tensión, en lugar de colaboración, con movimientos de justicia social que buscan erradicar también la violencia estatal.

Aunque la Ley 54 se promulgó cinco años antes de VAWA, mi argumento es que su implementación posterior quedó cada vez más atada a la lógica de financiamiento federal: tribunal, orden de protección, querella e intervención penal. Así, lo que quedó fuera no fue por simple descuido, sino por falta de financiamiento estructural. La herramienta se convirtió en la opción dominante, no por error de quienes la impulsaron, sino porque el Estado estuvo dispuesto a sostener con dinero, principalmente, una respuesta traducible al lenguaje legal. Por ello, Gemillies tenía una puerta institucional principal a la que acudir.

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El feminismo carcelario surge de décadas de lucha por hacer que el Estado reconociera la violencia contra las mujeres como un problema real y urgente. En ese proceso, como señalaron INCITE! Women of Color Against Violence y Critical Resistance en su declaración conjunta de 2001, el movimiento antiviolencia fue cediendo terreno: cedió autonomía a cambio de financiamiento, cedió visión comunitaria a cambio de protocolos institucionales, cedió la pregunta de qué necesitan las mujeres para sobrevivir a la pregunta de qué puede perseguir el Estado (INCITE! Women of Color Against Violence & Critical Resistance, 2001). Esa es mi lectura política de esa advertencia. Ya no son únicamente las mujeres, sus familias, sus vecinas, sus organizaciones y sus comunidades quienes definen qué necesitan para sobrevivir. Es el Estado quien decide qué cuenta como violencia, cuándo se activa una respuesta, qué evidencia importa, qué intervención es financiable y qué práctica queda fuera por no caber en el formulario. Entonces, la herramienta disponible siempre termina siendo casi la misma: tribunal, orden de protección, querella, desvío, cárcel.

Eso no resuelve el problema. La relación entre el aumento del encarcelamiento y la reducción de la violencia es débil (Brookings Institution, 2024; The Sentencing Project, 2024). Las tasas de criminalidad violenta en Estados Unidos bajaron sostenidamente desde los años noventa, pero el encarcelamiento siguió creciendo más de una década después de que la violencia empezara a caer. Las cárceles no explican la baja. Y no producen seguridad para las mujeres. Producen más presos.

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Pero aquí, como señalan INCITE! y Critical Resistance, hay que ser honesta sobre algo que el movimiento abolicionista feminista también tiene que escuchar. La declaración conjunta advierte que muchas alternativas al encarcelamiento no han logrado ofrecer mecanismos suficientes de seguridad y rendición de cuentas para sobrevivientes de violencia sexual y doméstica (INCITE! Women of Color Against Violence & Critical Resistance, 2001). También alerta contra una “noción romantizada de comunidad”. Esa advertencia importa porque no basta decir “la comunidad” como si esa palabra, por sí sola, protegiera a alguien. Hay comunidades que cuidan, comunidades que miran para otro lado y comunidades que castigan a quien denuncia. La crítica al feminismo carcelario no equivale a tener la respuesta, pero sí a tener la obligación de construirla. Esa construcción, desde los márgenes, lleva por lo menos dos décadas en proceso.

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En 2004, Creative Interventions, fundada en Oakland por Mimi Kim, desarrolló un toolkit de intervención comunitaria a la violencia, hoy disponible también en una traducción al español (Creative Interventions, 2012). Me interesa ese trabajo porque no romantiza a la comunidad ni propone una salida abstracta. Parte de una premisa más difícil: si el Estado penal no produce seguridad real para todas, las comunidades tienen que aprender, practicar y sostener otras capacidades antes de que explote la crisis. La seguridad no aparece espontáneamente; se organiza.

En 2014, el Bay Area Transformative Justice Collective desarrolló el concepto de “pod”, asociado al trabajo de Mia Mingus (Bay Area Transformative Justice Collective, 2014). Un pod no es una comunidad idealizada. Es una red nombrada de personas concretas: a quién llamarías si estuvieras en peligro, si causaras daño o si fueras testigo de violencia. El “pod mapping” obliga a convertir una palabra grande, comunidad, en preguntas verificables: ¿quién sabe?, ¿quién puede llegar?, ¿quién puede acompañar?, ¿quién puede cuidar a les niñes?, ¿quién puede intervenir sin llamar primero a la Policía?, ¿quién puede sostener el plan cuando el miedo todavía no se ha convertido en evidencia judicial?

Survived & Punished, una coalición de sobrevivientes de violencia criminalizadas por defenderse, también desplaza la urgencia de resolverlo todo de inmediato. Su propuesta insiste en el trabajo lento de construir confianza, escuchar sin juicio y acompañar sin imponer soluciones (Survived & Punished, 2022). Esa práctica parece mínima, pero es profundamente política: en un sistema que obliga a las sobrevivientes a repetir su miedo ante policías, fiscales y jueces, escuchar sin convertir inmediatamente ese relato en un caso también es una forma de seguridad.

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¿Qué habría necesitado Gemillies que no tenía nada que ver con un tribunal?

Aunque Gemillies estaba viviendo con su familia, la vivienda segura de acceso inmediato es indispensable. En Puerto Rico, los albergues y organizaciones de primera línea han enfrentado crisis de fondos, reducción de plantillas y recortes de servicios y tampoco son un modelo viable para un sinnúmero de mujeres (Bauzá, 2026). Una mujer que decide separarse, no puede esperar un espacio o un voucher, necesita acceso a una vivienda segura de manera inmediata y sin que medie un proceso ante el tribunal.

Apoyo económico real. Gemillies trabajaba medio tiempo. Tenía dos hijos. Llevaba cinco meses viviendo en casa de su familia (WAPA, 2026b). La dependencia económica no desaparece con una orden de protección.

Una red concreta de personas que supieran que estaba en peligro y tuvieran un plan antes de que ocurriera la crisis. No el tribunal. No la Policía como primer paso. Génesis sabía. La familia sabía. El sistema no tenía forma de conectar lo que ellas sabían con ninguna intervención posible y la abandonaron, a ella y a su familia.

Un mecanismo que no la obligara a sentarse frente a él en un proceso adversarial para probar su miedo. El proceso adversarial, de por sí, es confrontativo, no reparador.

La seguridad de las mujeres es una realidad material. Depende de acceso a vivienda, recursos económicos y redes de cuidado. Eso lo dice la literatura abolicionista, pero también lo dice Génesis cuando habla de programas y lo dijo Andrea Ruiz Costas antes de ser asesinada, cuando describía el hartazgo de repetirle su miedo a jueces que no podían hacer lo único que ella necesitaba: que alguien interviniera de verdad, antes de que la mataran.

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Entre 2023 y 2026, el 95.6% de los incidentes de violencia doméstica reportados por la Policía de Puerto Rico se esclarecieron por un arresto o una denuncia (Negociado de la Policía de Puerto Rico, 2026). Ese porcentaje surge de un cálculo propio con el dashboard del NPPR para el periodo 1 de enero de 2023 a 16 de mayo de 2026: 20,747 incidentes esclarecidos por arresto más 6,595 esclarecidos por denuncia, sobre 28,588 incidentes totales (Negociado de la Policía de Puerto Rico, 2026).

No es una tendencia espontánea. La Orden General 600-627 de la Policía lo estructura así: una vez el agente establece “motivos fundados”, el verbo que usa la norma no es “podrá arrestar”, es “efectuará un arresto” (Negociado de la Policía de Puerto Rico, 2023, sec. XII.A). Esa distinción importa: el relato de la persona que sufre el daño activa la intervención y la obligación operacional depende de la determinación policial de motivos fundados. Esa misma lógica se repite, casi palabra por palabra, cuando se trata del incumplimiento de una orden de protección vigente: la Orden General dispone arresto inmediato (Negociado de la Policía de Puerto Rico, 2023, sec. XII.D). Claro, esa garantía sólo existe si la orden está vigente y se ha notificado. Gemillies dejó de cualificar para ella el 14 de abril, cuarenta y dos días antes de que la mataran (cálculo propio con base en El Nuevo Día, 2026a; WAPA, 2026b).

Mientras tanto, en los dos años fiscales donde los datos de la Policía y los del Poder Judicial coinciden en la misma ventana de doce meses, las solicitudes civiles de orden de protección bajo la Ley 54 superan a los incidentes policiales: 10,943 solicitudes frente a 8,884 incidentes en el año fiscal 2023-2024; 10,843 frente a 8,999 en el siguiente (cálculo propio con datos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, 2026; Oficina de Administración de los Tribunales, 2024, 2025).

El número de casos criminales radicados en Sala Superior bajo la misma ley equivale aproximadamente a un tercio de los incidentes policiales reportados en el mismo periodo. No son necesariamente los mismos casos. No existe, entre ambos sistemas, una manera de seguir una cohorte. El porcentaje de casos terminados con convicción ha subido cuatro años consecutivos, de 64.8% a 73.0%, según los Anuarios Estadísticos del Poder Judicial (Oficina de Administración de los Tribunales, 2022, 2023, 2024, 2025).

El 13 de mayo de 2026, la Procuradora de las Mujeres anunció lo que llamó una inversión histórica: 2.4 millones de dólares para fortalecer servicios a sobrevivientes en Puerto Rico, repartidos entre catorce organizaciones (Foro Noticioso, 2026). Trece días antes del asesinato de Gemillies. Dos millones cuatrocientos mil dólares, para todo un ciclo fiscal, para las organizaciones de servicios a sobrevivientes incluidas en ese anuncio (Foro Noticioso, 2026).

Mientras tanto, el sistema penal procesa más de nueve mil incidentes de violencia doméstica al año, sólo en los datos de la Policía, sin contar las solicitudes civiles ni los casos criminales que corren en paralelo. Y vamos, no es que falte voluntad individual, es que el diseño del financiamiento decidió, hace tres décadas, cuál de las respuestas iba a tener recursos estables y cuál iba a sobrevivir con lo que quedara.

Ese mismo año, la misma oficina transfirió $1,861,000 en fondos federales a las organizaciones que atienden directamente a las sobrevivientes (Oficina de Gerencia y Presupuesto, 2023). La nómina de confianza, pagada con fondos propios de Puerto Rico, equivale al 30.1% de todo lo que el dinero federal logró entregarle a quienes hacen el trabajo directo. No son partidas legalmente intercambiables. Pero la comparación sí ilustra la escala relativa de las prioridades presupuestarias que constan en documentos públicos.

En junio de 2026, un reporte de prensa señaló que el presupuesto de la Procuradora era de $7.2 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto salió a corregirlo. Según su director, Orlando Rivera Berríos, el presupuesto consolidado real es de $19.7 millones, de los cuales $9.6 millones permanecen bajo custodia directa de la OGP para iniciativas de violencia de género (El Vocero, 2026; NotiCel, 2026a). Ese mismo número, $9.6 millones, es la cifra que la propia Procuradora, Astrid Piñeiro Vázquez, había solicitado a la Legislatura como aumento de presupuesto desde $4.6 millones, según reportó la Unidad Investigativa de Género de Todas y el Centro de Periodismo Investigativo en marzo de ese año (Bauzá, 2026).

No puedo confirmar que se trate de la misma partida. Pero la coincidencia exacta plantea una pregunta que la OGP no ha respondido en público: si esos $9.6 millones son una solicitud presupuestaria sin aprobar, no son fondos retenidos y disponibles, que es exactamente cómo su director los presentó. El problema es que esa cifra no aparece en ningún reporte público regular de la propia OGP. El Consolidado de Agencias Integrantes del Plan Fiscal que la misma oficina publica muestra $6.2 millones aprobados para la Procuradora en el año fiscal 2026 (Oficina de Gerencia y Presupuesto, 2025).

No sé cuál de las dos cifras es la correcta. Con las fuentes públicas disponibles, no pude reconciliarlas. Esa falta de trazabilidad presupuestaria impide saber con claridad cuánto dinero está disponible, bajo qué control administrativo y cuánto llega finalmente a las organizaciones que reciben a las mujeres que huyen de la violencia.

***

Carolina queda a quince minutos de Río Piedras por el expreso Baldorioty. Quince minutos es también lo que separó la salida del trabajo de Gemillies del momento en que la asesinaron. El tribunal que no sostuvo la orden final está a la misma distancia pero en el otro sentido. La cercanía en este caso no es simbólica, es geográfica. Lo que ella describió en una sala fría, con abrigo si tuvo suerte de saber para llevarlo, ocurrió a minutos de donde finalmente le quitaron la vida.

Este ensayo no pretende decir que un juez o una jueza mató a Gemillies. La mató su expareja. Pero tampoco pretende fingir que el sistema que la recibió, que la escuchó, que decidió que su miedo no alcanzaba jurídicamente para sostener la orden final, es un sistema neutral que simplemente falló esta vez. Desde la tesis de este ensayo, falló de la manera en que está diseñado para fallar: ofreciendo una sola puerta, evaluando el riesgo con el lenguaje del Derecho, y financiando esa puerta con el 55% de un dinero que pudo haber financiado quince puertas distintas.

La Ley 54 fue una conquista real que mejoró las vidas de muchas mujeres, eso no se discute. Lo que sí se discute es que, treinta y siete años después, siga siendo la única conquista que el Estado decidió sostener con dinero. Todo lo demás, la vivienda, el acompañamiento económico, las redes que ya existían antes de que Génesis llamara a su hermana esa última mañana, quedó fuera del presupuesto o sujeto a una propuesta competitiva. No es un descuido o una falla, es una decisión, una decisión presupuestaria.

***

No hay una sola cosa que reemplace lo que faltó. Mariame Kaba lo dijo pensando en otro país: no habrá una cosa nueva que sustituya al sistema penal. Habrá, quizás, “un millón de experimentos” (Million Experiments, 2021). Pods. Albergues sin lista de espera. Vivienda que no requiera las medidas que requieren los albergues. Acompañamiento que no empiece con una pregunta sobre interés criminal. Apoyo económico. Cuidados de niñeces. Servicios de salud integral. Vecinas, amigas y familiares que sepan, cómo sabía Génesis y su familia, antes de que haga falta un tribunal para confirmarlo. Kaba también dijo que “la esperanza es una disciplina”, no una emoción (Kaba, 2021). Que hay que practicarla todos los días, incluso cuando la evidencia diaria diga lo contrario. No lo plantea como consuelo sino como mapa de ruta.

Gemillies escribió en abril que cualquiera merece que la cuiden, que la abracen, que le digan que la extrañan. No escribió sobre política pública. No tenía por qué. Pero la frase, leída ahora, es la pregunta que el Estado todavía no responde: quién decide qué clase de cuidado merece financiamiento, y quién se queda esperando con abrigo en una sala fría, a que alguien la escuche a tiempo para que no la desvivan.

La Unica Puerta

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Referencias

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Torres, X. (2019, August 8). La ley que ha salvado la vida de miles de mujeres cumple 30 años - Todas. Todas.

En enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador y Nicaragua por obligar a niñas sobrevivientes de violencia sexual a ser madres. En junio, condenó también a Guatemala. Estos cuatro dictámenes en tres países establecieron un estándar de Derechos Humanos: la maternidad forzada de niñas es tortura.

Esta es la primera parte de una riquísima conversación que Mariana tuvo con Mayra Tirira Rubio, directora ejecutiva de Surkuna, organización feminista ecuatoriana que acompaña a mujeres, niñas y adolescentes en acceso a la justicia, aborto legal y reparación. Mayra llegó al activismo después de que su prima Johanna fuera víctima de femicidio. Hoy, además de litigar el caso de Norma ante la ONU, acompaña a una niña de 9 años que es madre en Ecuador.

Hablamos del dictamen, de Norma, de la campaña Son Niñas No Madres, de por qué desde Puerto Rico este tema nos toca de una manera particular y de qué significa que el Estado que obliga a parir sea el mismo que desaparece cuando toca reparar.

Próximamente la segunda parte de esta conversación: Acompañar no es castigar.

En los enlaces encontrarás información pertinente. Además, te compartimos algunos links que se utilizaron en este episodio.

Cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe | Noticias ONU

Embarazos en niñas y adolescentes, violencia sexual e impunidad en América Latina y el Caribe

Violencia Sexual en Latinoamérica y el Caribe

Conducción, guión, idea, sonido y producción: Mariana Iriarte Mastronardo

Invitada: Mayra Tirira Rubio, Surkuna

Surkuna: 🌐 surkuna.org

IG: https://www.instagram.com/surkuna.ec

X: https://x.com/SurkunaEc

Son niñas, no madres: 🌐 www.sonninasnomadres.org

IG: https://www.instagram.com/ninasnomadresla/

Rabiosa Medea: 🌐 www.rabiosamedea.com

IG: https://www.instagram.com/rabiosa_medea/

X: https://x.com/RabiosaMedeaPod

Contacto: mariana@rabiosamedea.com

#NiñasNoMadres #SonNiñasNoMadres #AbortoLegal #MaternidadForzadaEsTortura #Surkuna #RabiosaMediaPodcast

Comparto con ustedes la ponenencia que compartí hoy en el panel “Educación Solidaria” del Encuentro de Geografías Feministas

Mi nombre es Mariana Iriarte Mastronardo. Soy profesora por contrato del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ofrezco, entre otros cursos, el curso de Teoría del Derecho. Hoy, estoy aquí, pero me parece imprescindible decir de donde vengo. Vengo de una comunidad que está en huelga indefinida. Quiero empezar por ahí porque no tendría sentido hablar de pedagogías feministas, educación para la liberación y Teoría del Derecho, sin nombrar lo que está pasando ahora mismo en nuestros recintos. Porque, mientras estamos aquí, les estudiantes de la UPR llevan casi dos semanas con los portones cerrados en Río Piedras y un mes en Mayagüez. De hecho, el Tribunal de Mayagüez emitió un entredicho provisional ordenando abrir los portones en el RUM. El entredicho es una herramienta excepcional que, usualmente, se utiliza para juridificar procesos políticos y sociales, con lo que ello conlleva. Los otros nueve recintos se han sumado con paros de diferente duración.

El 28 de abril, el Movimiento Estudiantil de Río Piedras publicó su pliego de reclamos y quiero leerles algunos, porque dialogan y nos ayudan a entender por qué esta huelga es inseparable de la Guía que vengo a presentar. Les estudiantes le exigen a la Administración Central que no elimine ni consolide programas académicos, que mantenga los once recintos, que descongele plazas docentes y no docentes, que invierta en infraestructura y residencias estudiantiles. Rechazan un Plan Fiscal que congela el presupuesto de la UPR en 500 millones, que propone aumentos de matrícula y que pretende eliminar 13 de las 16 categorías de exenciones que aún existen. Exigen, también, que se restituya la fórmula del 9.6% del Fondo General que sostenía a la universidad antes de que la austeridad la desmantelara.

Pero hay reclamos que resuenan aún más con la Guía. Les estudiantes piden que Resicampus quede en manos del recinto y que la renta no supere los $250 mensuales. Piden que el recinto se designe como espacio santuario para migrantes y personas sin hogar y que se establezca un protocolo para proteger a estudiantes internacionales de las intervenciones de ICE. Piden que se ceda el primer piso del Centro Universitario para una cafetería social comunitaria y autogestionada. Piden que los acomodos razonables puedan solicitarse en cualquier momento del año y no solo al inicio del semestre. Cada uno de esos reclamos aparece, de alguna forma, en la Guía que mis estudiantes co-crearon el semestre pasado.

Lo que se teorizó en el salón se reclama hoy en los portones. La Guía está disponible para que ustedes mismes lleguen a sus conclusiones. Y quiero ser irreductible en esto: los derechos no pueden definirse por el Estado, los derechos los definen y consiguen las comunidades, los movimientos sociales, quienes no se conforman con el status quo. Hoy, les estudiantes están creando derecho y reivindicando el derecho a la huelga más allá del Estado. Yo, como profesora, como feminista, como abolicionista, como abogada y, sobre todo, como parte de esa comunidad, les apoyo y les exhorto a ustedes a también hacerlo.

Dicho eso, quiero comenzar con una pregunta que me acompaña cada semestre cuando entro al salón, especialmente, al de Teoría del Derecho: ¿qué hacemos con un curso diseñado para enseñar a pensar el Derecho cuando el Derecho, tal como nos lo enseñaron, fue diseñado para no pensarnos a nosotres?

Teoría del Derecho es un curso que, en su versión más tradicional, recorre el canon: el positivismo jurídico, el iusnaturalismo, el realismo, la teoría crítica. Autores que en su inmensa mayoría son hombres blancos del norte global que teorizaron desde universidades y que nunca tuvieron que preguntarse si había alumbrado público en la calle de regreso a un hospedaje, o si el casero iba a devolver el depósito, o si la guagua iba a pasar. Ojo, no vengo a decirles que ese canon no sirve, de hecho, es la espina dorsal del curso. Vengo a decirles que no alcanza y que cuando ese canon se convierte en la única forma válida de hacer teoría, se convierte en un instrumento de exclusión: decide qué cuenta como conocimiento y qué se descarta como anecdótico, como activismo o como “no suficientemente teórico”, que casi siempre coincide con los saberes de las comunidades históricamente marginalizadas.

Por eso, antes de ir a la Guía, me parece importante hablar del gatekeeping. Hay una puerta, no tan invisible, que decide qué saberes son suficientemente rigurosos, suficientemente teóricos e, incluso, suficientemente citables. Detrás de esa puerta se quedan los saberes del cuerpo, los saberes de la calle, los saberes de quien ha sobrevivido un desalojo, de quien aprendió a leer un contrato de alquiler no en la Escuela de Derecho sino cuando un casero se quedó con la fianza. Esos saberes, que son profundamente jurídicos y profundamente normativos, no entran. Se quedan afuera, junto a los cuerpos cansados, junto a todo lo que la universidad pretende que no existe, como la crisis por ejemplo, mientras exige que sus estudiantes rindan como si vivieran en condiciones dignas. Esta ponencia es sobre atreverse a abrir esa puerta. Sobre lo que pasa cuando decides que la teoría no es un ejercicio de abstracción sino, como escribió bell hooks, una práctica de liberación.

bell hooks escribió que la teoría puede ser un lugar de sanación. Que no tiene que ser ese lenguaje impenetrable que nos aleja de nuestras propias experiencias, sino una práctica de liberación, una forma de darle sentido a lo que vivimos para poder transformarlo. En Teaching to Transgress, hooks nos invita a romper con la idea de que el salón de clases es un espacio neutral donde se transmite conocimiento de arriba hacia abajo. El salón es un espacio político. Las decisiones que tomamos sobre qué enseñar, cómo evaluar, qué voces incluir y cuáles silenciamos, son decisiones profundamente políticas.

Paulo Freire, con mucha razón, nos enseñó a desconfiar de la educación bancaria, esa donde la profesora deposita contenido en la cabeza del estudiante como quien llena un pote. Freire propuso algo radical y a la vez muy sencillo: les estudiantes no son recipientes vacíos, sino sujetos de conocimiento. Que el acto educativo es un acto de co-creación. Que nadie educa a nadie, nos educamos juntes en el mundo. Esa idea, para quienes enseñamos cualquier materia relacionada al Derecho en una universidad pública caribeña marcada por la precariedad, la deuda, la austeridad, el colonialismo y la violencia institucional, no es solo una aproximación pedagógica. Es una exigencia ética. No casualmente Hannah Arendt, la filósofa política más importante del Siglo XX, definió la política como estar con otres en el mundo.

Por eso mismo, Mariame Kaba, desde el abolicionismo, nos alerta: no podemos seguir confiando en las mismas instituciones que sistémicamente producen el daño para que nos protejan del daño. Kaba insiste en que la pregunta no es “¿cómo castigamos?” sino “¿cómo prevenimos?”, “¿cómo reparamos?”, “¿cómo nos cuidamos?”. Esa pregunta, trasladada al salón, se convierte en: ¿cómo enseñamos Derecho sin reproducir la lógica punitiva que el propio Derecho y la academia imponen?

Con esas tres coordenadas, hooks, Freire y Kaba, decidí hacer algo que probablemente mis colegas de la Escuela de Derecho, y posiblemente también mis colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, podrían considerar poco riguroso: les pedí a mis estudiantes de Teoría del Derecho que dejaran de teorizar solo desde el canon y empezaran a teorizar desde la comunidad.

Así que el primer semestre 2025-2026 fue un proyecto colectivo de investigación-acción: co-creamos una guía de apoyo mutuo para estudiantes en Río Piedras. Lo que resultó de ese proceso es lo que hoy les presento: la Cartografía del Cuidado: Brújula Estudiantil de Apoyo Mutuo. Por cuestiones de tiempo, voy a detenerme en la metodología y en los retos que implica.

Es un reto primero, porque requiere salir del salón. En este caso, se caminó, se habló con otres estudiantes, con vecines, se mapearon, literalmente, las calles con poca iluminación, se identificaron los problemas recurrentes en hospedajes, las paradas de guagua, las barreras de accesibilidad en edificios y en el propio campus. Ese mapeo no fue un ejercicio decorativo: fue una forma de teorizar. Porque cuando caminas la Ponce De León a las nueve de la noche y ves que tres de cada cinco postes de luz están apagados o casi no alumbran, y luego vuelves al salón y lees que la Constitución dispone que “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”, algo se agrieta. Y de esa grieta nace la teoría. Teoría encarnada, situada, urgente.

Segundo, porque requiere trabajar colectivamente. La Guía no tiene una persona autora. Es un documento co-creado por todo el grupo. Esto no es un tema sencillo. Esto implica renunciar a ciertas comodidades docentes. Al examen tradicional, a la rúbrica predecible. Hay algo inherentemente contradictorio en enseñar teorías críticas del Derecho y administrar exámenes de manera tradicional. Por eso, hace tiempo vengo ensayando otras formas de evaluación, a falta de un término mejor. Confieso que este camino no es fácil, todo lo contrario. Requiere romper con expectativas, desaprender patrones de violencia y bregar con muchas frustraciones, propias y de les estudiantes. Mi interés no es que compitan entre elles por ser la persona más interesante en el salón, al contrario, busco promover la colaboración. Para la mayoría, socializades en el neoliberalismo individualista, colaborar y cooperar es un reto mayor. Estoy casi segura que preferirían aprender diez teorías de memoria y vaciarlas en un papel que enfrentarse a los desacuerdos y conflictos que acarrea trabajar colectivamente, no únicamente con amigues o gente que nos cae bien.

Este ejercicio significó negociar relaciones, manejo de conflictos, contenidos, discutir enfoques, decidir juntes qué incluir y qué dejar fuera. Significó también enfrentar tensiones reales: ¿qué hacemos cuando alguien desaparece? ¿repartir el trabajo es lo mismo que trabajar colectivamente? ¿Hablamos de la policía como recurso de seguridad o no? ¿Cómo identificamos negocios que pueden ser un espacio seguro? Por ejemplo, la Guía tomó una posición clara en cuanto a seguridad. La seguridad que nos interesa no es la de más patrullas ni más cámaras, sino la que se construye cuando nos organizamos para cuidarnos. Esa decisión no la tomé yo: la tomó el grupo después de semanas de lectura, debate y reflexión teórica. Ahí está Kaba, ahí está el abolicionismo, pero no impuesto desde el podio, sino procesado colectivamente a través del tallereo en el salón.

Tercero, el formato. Un fanzine, no una monografía. Esa decisión fue deliberada y sí fue mía. El fanzine tiene una tradición feminista, punk, queer, de zine culture que importa: es reproducible, accesible, no requiere acceso a bases de datos ni suscripciones. Se puede imprimir en cualquier fotocopiadora o printer y repartirse en cualquier sitio. Se puede escanear un QR code y acceder al mapa interactivo desde el celular mientras esperas la guagua o verificar el alumbrado antes de salir del recinto o del hospedaje. Eso también es una declaración teórica: el conocimiento que producimos tiene que circular fuera de los muros de la academia, o no sirve.

Y hablando de lo que sirve o no, quiero hablar de lo que no entra. De los saberes que la academia no reconoce como suficientemente teóricos. Cuando hablamos sobre sindicatos de inquilines o sobre cómo organizarse colectivamente frente a un casero abusivo, estábamos haciendo teoría del derecho. Estábamos describiendo lo que los estudios críticos del Derecho llevan décadas argumentando: que las normas no bajan desde arriba, ya listas y completas, sino que se construyen en la relación entre personas porque el Derecho ES político. Pero si le presento eso a un comité de evaluación académico y le digo que esa fue la evaluación del curso, probablemente me miren con desconfianza porque no tiene formato de artículo revisado por pares, porque no cita cincuenta fuentes en APA o Bluebook o porque parece “activismo” y no “academia”. Tampoco contaría como publicación.

Y ahí está justo lo que quiero señalar: la academia tiene un sistema de validación del conocimiento que reproduce jerarquías coloniales, patriarcales y de clase. Los saberes que vienen del cuerpo, del territorio, de la experiencia vivida, de la organización comunitaria, de las redes de cuidado entre vecines, se tratan como materia prima que necesita ser “elevada” por la teoría para que cuente. Como si la señora que lleva treinta años viviendo en Río Piedras y sabe exactamente cuándo la Policía puede aparecer a violentar a les vecines, no estuviera produciendo conocimiento. Como si les estudiantes que crearon un protocolo de acompañamiento nocturno y chats comunitarios no estuvieran teorizando sobre seguridad. Como si les estudiantes en huelga, no estuvieran teorizando sobre arreglos institucionales.

bell hooks diría que esa jerarquía entre teoría y práctica es una forma de violencia epistémica. Freire diría que es educación bancaria disfrazada de rigor. Yo digo que es un engaño: nos enseñan que el Derecho protege pero luego el Derecho no te protege de un casero que entra a tu hospedaje cuando le da la gana, ni de un depósito que nunca te devuelven, ni de una calle sin luz donde caminas con miedo todas las noches. Ahí decimos “el sistema no funciona” y pasamos por alto que sí funciona, y funciona muy bien para cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñado. Por eso, imaginar y ensayar otras formas de vivir desde esos saberes, también es teoría.

La Guía tiene una frase que para mí condensa todo el proyecto: “Cambiar bombillas es más efectivo y menos violento que llenar la comunidad de patrullas. Esa es una decisión política, no solo técnica.” Ahí está la teoría. Ahí está el abolicionismo hecho pedagogía. Ahí está la respuesta a la pregunta de cómo enseñar Derecho sin reproducir la violencia del Derecho.

Porque la Guía no dice “no salgas de noche” ni que su protección depende de la policía. Propone redes de acompañamiento, mapas de iluminación, puntos de refugio en comercios aliados, chats comunitarios, sindicatos de inquilines, herramientas de documentación, fondos solidarios. Propone que la seguridad se co-construye, que el derecho a la vivienda se defiende colectivamente, que la accesibilidad no es un favor sino una exigencia. Y todo eso lo hace desde un marco teórico explícito, solo que el marco no se queda en la bibliografía: se traduce en herramientas concretas para la vida. Insisto, imaginar otro futuro posible ES teoría.

Finalmente, quiero cerrar con algo que está en la última página de la Guía:

“Ojalá uses esta Guía como excusa para hablar más con tus vecines, con la gente en el Centro, con quienes comparten ruta, con quien se sienta a tu lado en clase. Preguntar qué necesitan, qué les da miedo, qué les sostiene. Cada vez que abrimos esa conversación, estamos imaginando y ensayando otras formas de hacer comunidad y de hacer Derecho.”

Eso, para mí, es una educación transformadora. No es un examen que se olvida al otro día. No es una nota que se registra. Es una invitación a seguir imaginando. A usar la teoría como una herramienta para defendernos, apoyarnos y crear juntes otras formas de vivir.

Y ahora sí, por último, la Guía tiene una versión en línea con el mapa interactivo en bit.ly/apoyomutuorp y una versión imprimible disponible en rabiosamedea.com. Si la teoría no nos ayuda a cambiar cómo habitamos nuestros territorios, se queda coja. Como diría bell hooks: la teoría como práctica de sanación y liberación colectiva.

Gracias.

Hola,

Esta Semana Santa quise preparar una edición distinta de Rabiosa Medea y aprovechar para lanzar el Boletín Rabioso: un newsletter mensual. En este Rabioso les comparto una ruta breve para ponerse al día con algunos textos y episodios que siguen acompañándonos, ayudándonos a pensar y a nombrar lo que vivimos.

Si llevas tiempo queriendo volver al archivo o estás entrando por primera vez, aquí te dejo una selección para leer y escuchar con calma en estos días de pausa y descanso.

Para leer

Un ok en el vacío: el ángel que ya no quiso ser famoso

Una crónica dura y necesaria sobre lo que la cárcel le hace a un cuerpo, a la voz y a la posibilidad misma de que te escuchen. Es una pieza sobre Ángel Colón Maldonado, pero también sobre la maquinaria burocrática que convierte la deshumanización en un procedimiento y el dolor en un trámite. La recomiendo para empezar porque condensa muy bien una de las preguntas centrales de Rabiosa Medea: qué vemos y qué dejamos de ver cuando el Estado castiga.

Leer aquí: Un ok en el vacío: el ángel que ya no quiso ser famoso.

El sistema no falló: así es como se supone que funcione

Este texto es una excelente entrada a la apuesta política del proyecto porque nombra algo esencial: muchas veces el sistema penal no “falla”, sino que opera exactamente como fue diseñado. A partir de una absolución en un caso de homicidio en Ponce, el ensayo cuestiona la idea de que justicia sea sinónimo de castigo y abre preguntas más profundas sobre reparación, sufrimiento, comunidad y transformación. Es una pieza ideal para quien quiera entrar por una reflexión más conceptual sobre justicia abolicionista.

Leer aquí: El sistema no falló: así es como se supone que funcione

La cárcel llega después; primero viene el abandono.

Este texto insiste en algo que demasiadas veces se borra del debate público: antes del castigo hubo abandono, precariedad, ruptura de redes de cuidado y una conversación pública que prefiere construir monstruos antes que mirar las condiciones que hicieron posible la tragedia. A partir del caso de Chris Ezequiel, la pieza propone una conversación más honesta sobre salud mental, sufrimiento psíquico, consumo problemático y responsabilidad estatal sin negar en ningún momento la brutalidad del daño. Es una lectura importante para entrar al archivo desde la pregunta por las causas de la violencia y no solo por su castigo posterior.

Leer aquí: La cárcel llega después; primero viene el abandono.

Para escuchar

04X02: El derecho que supimos conseguir: Belén, Soledad Deza y el diseño del miedo

Una conversación imprescindible sobre aborto, criminalización, miedo y el diseño del Estado. A partir del caso de Belén y de la conversación con Soledad Deza, este episodio muestra cómo el sistema de salud puede convertirse en una extensión de la policía y por qué el feminismo abolicionista sigue siendo una herramienta urgente para defender el derecho a no dar explicaciones.

Escúchalo aquí: 04X02: El derecho que supimos conseguir: Belén, Soledad Deza y el diseño del miedo

04X01: Venezuela desde Venezuela

Este episodio abre un espacio para escuchar una voz feminista en tierra y pensar a Venezuela no como tema “prohibido”, sino como un campo de batalla narrativo. A partir de la conversación con Aimee Zambrano, el episodio recorre el peso de las sanciones, la guerra mediática, la violencia imperial y el castigo colectivo, desde una brújula feminista, abolicionista y antiimperialista. Me parece una selección muy buena para esta edición porque amplía el archivo hacia una conversación regional sobre soberanía, propaganda, vida cotidiana y violencia estatal.

Escúchalo aquí: 04X01: Venezuela desde Venezuela

Si quieres empezar por uno solo

Si solo vas a abrir una pieza esta semana, te recomiendo empezar por “La cárcel llega después, primero viene el abandono”.

Creo que ahí se siente con mucha fuerza algo que atraviesa todo Rabiosa Medea: la necesidad de mirar de frente el daño sin conformarnos con las explicaciones fáciles del castigo. Después de ese texto, puedes seguir con Un ok en el vacío si quieres entrar de lleno en lo que la cárcel hace con un cuerpo, una voz y una vida; o con El sistema no falló: así es como se supone que funcione si prefieres una reflexión más directa sobre justicia, reparación y transformación.

Gracias por leer y escuchar Rabiosa Medea.

Si este newsletter te acompañó, compártelo con alguien que también quiera ponerse al día en estos días.

En esperanza,

-Mariana

Si te interesa apoyar el trabajo que hacemos desde aquí, contáctame mariana@rabiosamedea.com

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Pero precisamente porque ese daño importa, no podemos limitar el análisis a un acto monstruoso y excepcional. Un asunto de mera voluntad individual.

En la vista preliminar del 30 de enero de 2026, la cual vi completa, el fiscal Soto Fantauzzi preguntó: “¿En qué sistema de justicia viviríamos si el señor Cristian Serrano Rosario no responde y no es separado permanentemente de la sociedad por el crimen violento que se suscitó por haber atentado contra su propia sangre?”

Al otro día, en entrevista con la periodista Milly Méndez, el fiscal Rivera Millán añadió otra capa: “La pregunta que debe hacerse todo el mundo es si una persona que voluntariamente deja de tomarse sus medicamentos y por el contrario hace uso de sustancias controladas y otras drogas y asesina a su hijo, esa persona puede venir a reclamar que no le caiga todo el peso de la ley porque no es por todas las drogas que consumió sino por capacidad.”

Dos fiscales. Dos declaraciones públicas. El mismo marco: un sujeto autónomo y libre que eligió convertirse en lo que es. Eso no es solamente un argumento penal. Es una narrativa política. Profundamente política. Cuando la respuesta pública, estatal y mediática construye un monstruo, ocurre algo muy específico: la persona acusada aparece como una anomalía moral. Y el Estado desaparece de la escena. Ya no es necesario hablar de abandono, de desigualdad, de salud mental, de consumo problemático de sustancias, de reducción de daños ni de ruptura de redes de cuidado.

Ese monstruo, que los medios de comunicación y la fiscalía construyen juntos, absuelve al Estado. Si la violencia proviene de un ser excepcional, ajeno, incomprensible, radicalmente otro, humanamente incomprensible, entonces no hay condiciones sociales que examinar. No hay política pública que haya fallado. No hay sistema que reparar. Solo hay que separar al monstruo y seguir adelante. Eso es lo que hace la figura del monstruo: despolitiza la violencia.

Por eso, el fiscal Rivera Millán enfatiza la “voluntariedad”. Voluntariamente dejó de tomar sus medicamentos y voluntariamente consumió sustancias. La palabra sirve para castigar, no para tratar de comprender qué pasó esa Víspera de Reyes. Porque en contextos de sufrimiento psíquico, tal como hemos visto y se ha discutido en los medios en este caso, pobreza, aislamiento, consumo problemático de sustancias, desempleo y discontinuidad de los servicios, hablar de voluntad como si existiera en el vacío es una ficción demasiado cómoda.La voluntad no existe fuera del contexto.

Lo que sabemos de este caso es que en 2024, Christian Serrano Rosario ingresó involuntariamente al Hospital Panamericano. La mamá del menor y compañera de Christian en ese momento solicitó una orden 408. Es decir, había señales e intervenciones previas, así como un Estado que estuvo en contacto con dicha situación. Preguntar por qué una persona con un diagnóstico de esquizofrenia descompensada dejó de tomar sus medicamentos, sin preguntar quién lo acompañaba, qué apoyos existían, qué pasaba en su vida material, es hacerle la pregunta equivocada al sujeto equivocado.

La madre del niño salió a comprar medicamentos porque este tenía fiebre. Ella proveía y cuidaba. Cuando regresó, Christian no estaba; la puerta estaba cerrada y en su cuarto encontró a su hijo muerto.Esa imagen lo dice todo: una mujer cargando sola con el trabajo de sostener una familia material y emocionalmente. Un padre con un diagnóstico grave, sin redes de apoyo ni acompañamiento del Estado. Un niño cuya seguridad dependía de que esas redes estuvieran allí. Pero como las redes son inexistentes, el fiscal opta por hablar de voluntad individual.

Entonces, ante el abandono estatal, se evaden preguntas imprescindibles: ¿Qué acceso real hubo a tratamiento? ¿Qué redes sostuvieron o no sostuvieron? ¿Qué formas de abandono precedieron la crisis? ¿Qué hizo el Estado antes del daño, además de prepararse para castigar después? Sin esas preguntas, la conversación se queda en la monstruosidad individual; no hay necesidad de sostener la vida ni de transformaciones políticas. Todo queda igual. ¿Es ese el sistema de justicia del que habla el fiscal?

No estoy argumentando que nada debería pasar ni que se ignore el daño. Estoy proponiendo qué deberíamos mirar y por qué y quiénes más deberían participar en esa conversación. Decir que hay que mirar el abandono, la precariedad y la ausencia de cuidados no borra la brutalidad de lo ocurrido. No disminuye la pérdida irreparable de un niño. No niega el dolor de su familia.

No se trata de explicar para absolver; se trata de explicar para comprender, para rechazar la comodidad de las salidas fáciles que no transforman nada. Porque los diagnósticos no aparecen en el discurso fiscal para que se comprendan. Aparecen solo para descartarlos o decir que no hablarán de ellos. El consumo problemático de sustancias no se analiza para comprender cómo se da. El fiscal únicamente lo utiliza para hablar de “voluntariedad” y para endurecer la condena social y moral.
Todo lo demás, cómo se deteriora una vida antes de romperse, queda fuera de la escena.

Por eso, esto no va de negar el daño. Va de buscar una conversación más honesta sobre sus causas. Preguntar qué condiciones hicieron posible la tragedia y por qué el Estado siempre parece más dispuesto a encerrar que a sostener la vida es una pregunta urgente.

Una cárcel no va a tratar la esquizofrenia de Christian Serrano. No va a devolverle la vida a Chris Ezequiel. No va a crear los servicios de salud mental comunitaria que no existen. No va a construir las redes de cuidado que esta familia no tuvo. No va a cambiar nada de lo que hizo posible que esto ocurriera. Lo que hace la cárcel es cerrar la conversación. Meter al monstruo adentro y seguir igual. Negarse a confundir el castigo con la justicia me parece una posición política indispensable. Lo digo porque, mientras sigamos creyendo que la violencia proviene de monstruos excepcionales, seguiremos negando las condiciones que la incuban y, cuando negamos las causas, nada cambia. Solo repetimos el ciclo: abandono primero, castigo después y la ilusión de que basta con eso.

Conversemos más allá del castigo.

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Belén es un espejo de lo que nos puede pasar cuando el sistema de salud se convierte en una extensión de la policía. Analizamos cómo este caso es un faro para entender lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico con la Ley 122, la Ley 183 y el PS 923.

En este episodio exploramos:

• 🔥 El caso Belén: Cómo un dolor de vientre se convirtió en una condena de homicidio agravado.

• 🏥 La trampa de la “protección”: Cómo la violación de la confidencialidad médico-paciente es la puerta de entrada a la criminalización.

• 🇵🇷 El laboratorio boricua: Cómo el Estado usa nuevas leyes para convertir clínicas en lugares de vigilancia y registro.

• ✊ Feminismo abolicionista: Por qué el sistema penal no repara, sino que disciplina a las mujeres pobres y diversidades.

La historia de Belén, ahora inmortalizada en la película de Dolores Fonzi, nos enseña que la culpa no es un hecho, es una construcción patriarcal. Nos toca defender el derecho a no dar explicaciones.

Dale play, indígnate y organízate. 💚

Recursos y Referencias:

• 📚 Libros:

Jaque a la Reina: Salud, honra y libertad de las mujeres (Sobre el caso María Magdalena).

Cómo formar una guardia de abogadas para garantizar abortos (Sobre la abogacía de Guardia).

Libertad para Belén (Sobre el caso Belén)

Somos Belén (Libro en el que se basa la película)

• 🎬 Película: Belén (Dirigida por Dolores Fonzi), disponible en Amazon Prime.

• ⚖️ Legislación de Puerto Rico en discusión:

  • Ley 122: Sobre el registro de menores y el rol de las clínicas.

  • Ley 183: Definiciones sobre el “nasciturus” y sus implicaciones penales.

  • PS 923: Alineamiento del código civil y penal.

Fundación Mujeres por Mujeres es una organización feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, dedicada a la promoción de una ciudadanía plena con enfoque de género e interseccionalidad. Además, tiene estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos mediante la resolución CP/RES 759 (1217/99). Síguelas en Instagram acá.

Créditos:

• Conducción, Guion, Idea y Sonido: Mariana Iriarte Mastronardo

• Invitada: Soledad Deza

• Producción: Rabiosa Medea

Este pódcast es totalmente autogestionado y autofinanciado. Tu aportación nos ayuda a poder seguir haciendo este tipo de contenido. Puedes apoyarnos acá o escribiéndonos a mariana@rabiosamedea.com.

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Cuando leí por primera vez el cuento “Justice”, de Mariame Kaba, quedé profundamente conmovida. Lo repaso con mis estudiantes cada semestre y, sin falta, el impacto es el mismo: me confronta con la dificultad de un desprendimiento que, como madre, no sé si podría lograr. No les destriparé la historia; está ahí para que la lean. Lo esencial, lo que urge destacar, es la necesidad de imaginar y construir sistemas de justicia que difieran radicalmente de los que conocemos. Un andamiaje que no nos empuje a profundizar el daño y que, sobre todo, no ignore las causas estructurales que nos llevaron a lastimarnos en primer lugar.

El 6 de febrero de 2026, un juez del Tribunal de Ponce absolvió a una persona acusada de matar a su vecino. La determinación fue: defensa propia. Este acto de quitar una vida fue la trágica culminación de múltiples controversias vecinales que, a pesar de haber pasado por la instancia judicial, escalaron hasta el desastre.

A partir de la muerte, el Estado puso en marcha su maquinaria de criminalización. Denunció y, posteriormente, acusó. Una vez en sala, se activa el llamado “sistema adversativo” o sistema acusatorio. Este modelo se basa en la confrontación: el Estado presenta su evidencia de culpabilidad y la parte acusada la rebate. La “verdad” la determina una persona que juzga (juez o jurado) a partir de este debate entre partes, bajo la premisa de que el contraste dialéctico conduce a la justicia.

Este es el sistema de “justicia” que, en las democracias liberales, se supone que garantice derechos individuales y frene la persecución penal estatal. Por eso, a la Fiscalía se le impone la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Se rige por los principios de oralidad y publicidad: este es el sistema acusatorio de Puerto Rico.

En estas últimas semanas hemos palpado los daños inherentes a este sistema. Un espacio donde el Estado y la defensa libran una batalla; donde las personas directamente impactadas por la violencia son relegadas a meros testigos; y donde la inmensa mayoría de las personas acusadas son blanco fácil debido a su falta de herramientas para defenderse: personas empobrecidas, racializadas, cuirs, discas, feminizadas, vulnerabilizadas. Para este sistema, el castigo o el encierro son las únicas respuestas posibles. Cuando el castigo no se materializa, las personas afectadas por el daño experimentan un abandono estatal profundo, declarando: «el sistema falló».

Dentro del sistema de criminalización, el Estado no solo tipifica las conductas prohibidas (delitos), sino que también establece las razones por las que una persona puede ser eximida de responsabilidad penal. A estas se les llama causas de exclusión de responsabilidad penal. En Puerto Rico, se recogen en la Sección Tercera del Código Penal, siendo la legítima defensa una de ellas. En estos casos, la persona que adjudica no duda que la conducta prohibida ocurrió, pero determina que existe una razón legal que exime de responsabilidad penal.

En el contexto puertorriqueño, la persona acusada tiene el derecho a ser juzgada por un jurado de sus pares. Sin embargo, puede renunciar a este derecho y solicitar que el caso sea visto por un tribunal de derecho (solo un juez). El jurado no necesita ser especialista en Derecho. Para garantizar que reciban instrucciones claras y uniformes, el Poder Judicial ha aprobado el “Libro de Instrucciones al Jurado”, un documento esencial para aplicar correctamente el derecho.

El principio fundacional es la presunción de inocencia, recayendo sobre el Ministerio Público la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. A diferencia de la Fiscalía, si la defensa levanta la defensa propia, le basta con generar una duda razonable. Si quien adjudica (juez o jurado) tiene una duda razonable sobre si la persona actuó o no en legítima defensa, tiene el deber de dictar un veredicto de no culpabilidad y absolver.

Es cierto que la defensa propia tiene varios requisitos, pero una vez levantada, es el Ministerio Público quien tiene que probar, más allá de toda duda razonable, que ninguno de esos requisitos se cumplió. Si existe duda sobre la existencia de uno solo de ellos, la persona debe ser absuelta. Es una garantía que eleva la presunción de inocencia por encima de cualquier otra consideración.

Por eso reitero: el sistema no falló. El sistema operó exactamente según su diseño. Reconocer esta verdad es indispensable para poder debatir qué es, y qué no es, la justicia. Surgen preguntas cruciales: ¿Cómo se ve la justicia? ¿Como encierro perpetuo? ¿Como castigo? ¿Como sufrimiento? ¿La justicia debe lastimar o debe sanar? ¿Es justicia el enfrentamiento entre dos partes, una de ellas el Estado, ante un tercero que decide? ¿Cómo se repara el daño causado por otra persona? ¿Cómo transformamos las causas que hacen posible el daño en primer lugar? ¿Es justicia el cumplimiento absoluto de los deseos de las personas impactadas respecto al destino de quien causó el daño? ¿Es justicia la participación de comunidades impactadas, aunque no hayan presenciado los hechos? ¿Se parece a un círculo de sanación? ¿Se percibe como una comunidad involucrada en los asuntos de los espacios que habita?

Lo que presenciamos no fue justicia, pero no por un fallo del sistema, sino porque funcionó exactamente como se supone que lo haga. Y esto es una bofetada: la justicia no puede depender de castigar a la persona que hizo daño. La justicia debe ser otra cosa.

Antes de cerrar: nos enteramos de este caso por su naturaleza, su impacto y la familia involucrada. Sin embargo, a diario ocurren cientos de casos que pasan bajo el radar, donde tanto las personas impactadas por la violencia como quienes la ejercen son consideradas dispensables. Todos los días encarcelamos gente porque es fácil de perseguir y encerrar. Todos los días evitamos hablar de lo que se siente y lo que se genera al vivir en un sistema que nos empuja a hacernos daño de todas las formas posibles, sean estas tipificadas como delitos o no. Todos los días jerarquizamos vidas y reafirmamos la supremacía. Reconocernos y reconocer a quienes amamos en estas dinámicas es fundamental para hablar de la justicia que anhelamos: cómo se siente, cómo se vive y cómo se construye.

La protagonista de este episodio es Aimee Zambrano, antropóloga, comunicadora popular y coordinadora del Monitor de Femicidios de Utopix. Desde Venezuela, Aimee pone palabras a lo que se vive cuando la soberanía se vuelve un “privilegio”, cuando la propaganda acelera la historia hasta borrar el pasado, y cuando la vida cotidiana queda atravesada por la violencia imperial, la guerra mediática y el castigo colectivo.

En este episodio caminamos por capas: el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero como antecedente; la llegada de Chávez y el impacto material de las misiones en la vida de la gente; y el peso de las sanciones en infraestructura, movilidad, salud, educación y comida. Todo con una brújula clara: feminista, abolicionista, antiimperialista y anarquista —sin romantizar gobiernos, pero sin prestarnos a la “liberación” por invasión.

Porque una cosa es crítica, y otra es celebrar el bombardeo.

Advertencia de contenido: conversación sobre guerra, violencia estatal, muerte, precarización y violencia de género.

Un agradecimiento especial al periódico feminista TODAS por prestarnos su redacción para grabar parte de este episodio.

1. Prólogo

Conocí el caso de Ángel Colón Maldonado mientras preparaba un contenido abolicionista. Llegué a él buscando problematizar la categoría de “asesino serial”, esa etiqueta que el sistema utiliza para clausurar cualquier intento de comprender la complejidad humana. Apareció Ángel. Me impactó la edad en la que el Estado alegaba que habían comenzado los daños: era casi la misma edad de mi hijo en ese momento.

Me resisto a comprar la propaganda que define a las personas por sus peores actos y las convierte en monstruos para evitar explicarlas. Por eso investigué, algo que ciertos programas “investigativos” no hacen. Lo que encontré fue una radiografía del abandono organizado: Ángel, el menor de seis hermanos criados por una madre empobrecida, sobrevivía desde los trece años en las calles de Condado mediante el intercambio sexual de supervivencia. Su cuerpo era su único medio de subsistencia en contextos de explotación con hombres mayores y con recursos.

Situar estos daños en su complejidad sistémica no es un ejercicio de justificación, sino de honestidad política. Comprender cómo la homofobia se entrelaza con la precariedad no exime de responsabilidad por el daño causado, pero sí nos obliga a señalar la responsabilidad de un sistema que hace que esta violencia sea posible.

Hoy pude verlo en una pantalla. Nada queda del chico de las fotos de los ochenta que tanta indignación causaron. Su imagen es lo que nos devuelve la cárcel: un cuerpo quebrado que el sistema intenta hacernos creer que es justicia.

2. La oficina

Llegué a la Junta de Libertad Bajo Palabra poco antes de las 8:30 AM. Me recibió una guardia con tres décadas de antigüedad. Mientras esperaba con la prensa, nos informaron que estaban escuchando a las personas que decían haber sobrevivido a los daños para determinar si tenían standing para participar del proceso. Finalmente, a eso de las 11:10 AM, entramos.

Sostengo mi libreta verde con fuerza. Soy abogada abolicionista y feminista, lo que significa que no vengo a pedir encierro perpetuo, sino a observar qué sucede cuando la libertad se vuelve un trámite oficinesco, un procedimiento rutinario que ocurre lejos de los cuerpos que soportan las decisiones.

3. La vista

La vista empezó con una cortesía prolija. “Buenos días. Voy a abrir récord”, dijo la licenciada Patricia Molina Vázquez. Es el 19 de diciembre de 2025.

Frente a nosotres, un monitor. La pantalla no fallaba: la imagen era nítida, casi obscena por su claridad. El Estado lo veía todo en alta definición, pero era incapaz de comprender nada. La oficial presentó el marco: “vista de consideración del privilegio de libertad bajo palabra”. Y luego, como si el expediente necesitara el morbo para existir, añadió su apodo: “el ángel de los solteros”.

La oficial pidió que dijera su nombre “en voz alta y clara”. Era una exigencia de transparencia dirigida a un hombre cuya capacidad de articular había sido triturada por casi cuarenta años de encierro. El audio funcionaba; escuchábamos cada movimiento, pero a Ángel no se le entendía.

—Yo no le escucho bien, no le entiendo —dijo la oficial.

Fue el resumen de la escena. El sistema lo veía perfectamente, pero el sonido de su humanidad le resultaba incomprensible. Aun así, el procedimiento avanzó. Como si fuera mi robot-aspiradora que detecta un objeto, el sistema ajustó la ruta y siguió aspirando sin detenerse.

4. La fábrica de oscuridad

En la pantalla, Ángel no era un “caso”. Era un hombre pálido, con la cabeza afeitada y ojeras que hablaban de décadas de encierro y mal sueño. Se percibía un atontamiento institucional; su dificultad para articular sugería un cuerpo intervenido químicamente por la cárcel.

Ángel ingresó a la cárcel a los 19 años. Ese número me golpeó con la fuerza de una pérdida personal. Treinta y ocho años después, su voz no lograba atravesar el micrófono. Y luego, la palabra: “privilegio”. Libertad como premio, como beneficio y no como una condición humana mínima.

5. El “Ok” como salvavidas

La técnica sociopenal, María Peña Rosa, servía de intermediaria. La oficial recitó los derechos como quien lee las instrucciones de seguridad en un avión, aunque un poco más pausada.

—¿Comprendió lo que le acabo de mencionar? —preguntó la oficial.

—Yo entiendo... pero yo prefiero que... —balbuceó Ángel, entre sonidos borrosos que hablaban de “costar muchos litigios” y “no querer ser más famoso”.

“No quiero hacerme más famoso” puede leerse como un signo de cansancio del personaje. Cansancio de la etiqueta. Cansancio de un relato público que lo precede —ese apodo flotando desde el inicio, pronunciado con claridad como parte de su identidad— mientras su voz real no logra atravesar el micrófono para decir que así lo llamaba el Gobierno.

Esa frase podía abrir una conversación. Podía plantear una pregunta simple: ¿por qué renuncia? ¿a qué le tiene miedo? ¿qué no quiere? ¿qué lo agota?

Pero el procedimiento no está diseñado para escuchar. Está diseñado para cuadrar dentro de opciones predeterminadas.

Para Ángel, el derecho a un abogado o el proceso mismo eran sinónimos de litigios y de una fama que ya no podía soportar. El sistema le pedía que se explicara “más claro”, pero la cárcel es una fábrica de oscuridad. Ante la presión, apareció el salvavidas:

—Ok —se escuchó en la sala.

“Ok” sirve para muchas cosas en una institución penal: para no contradecir, para salir del paso, para aparentar comprensión cuando no hay condiciones para comprender. Sirve para no irritar a quien tiene el control del tiempo. Sirve como salvavidas.

6. El “Exacto”: La voluntad como casilla

La técnica sociopenal soltó una verdad que debió detener la vista inmediatamente: existía una evaluación de 2024 que confirmaba por qué no habían logrado establecer una comunicación coherente con Ángel.

—No puedo darle a usted certeza de que él está comprendiendo el proceso —sentenció la técnica, mientras la examinadora rebuscaba el expediente para confirmar que no obraba en este.

Igual el Estado prefiere el encierro a la comprensión. La oficial decidió explicarle todo de nuevo “en palabras más sencillas”. Ángel, con un eco de cansancio en la voz, respondió, o al menos así lo entendí, que quería “quitar la vista hoy”, mencionando que estaba “difícil en cuanto a salud” y que sufría “depresión” (no estoy segura de si dijo depresión o presión). Solo quería volver “allá”, al lugar que lo rompió, porque ya no sabía cómo estar en otro sitio.

Ante esta deriva de dolor, la oficial aplicó la traducción definitiva:

—¿Desea entonces renunciar al privilegio de libertad bajo palabra?

—Exacto —contestó él.

En ese “exacto” selló el destino. Vimos su mano guiada por el dictado de la sociopenal: “Aquí pones tu nombre”. Firmó una renuncia “libre y voluntaria” que el procedimiento requería para seguir funcionando. La vista culminó con un “lindo día” de parte de la examinadora. ¿Existirán lindos días en la cárcel?

7. Lo más honesto siempre viene después

Después de que el récord se cierra, ocurre lo que suele ocurrir en muchas escenas institucionales: aparece una conversación más sincera, menos cuidada, en la que se dicen cosas que la minuta o la resolución oficial no suele contener.

Preguntan si el caso se vio a petición de Ángel o si se hizo automáticamente. La Ley 85-2022 obliga a Corrección a referir automáticamente los casos que han cumplido con el mínimo requerido para cualificar para el beneficio de libertad bajo palabra. Entonces me animo a hacer una pregunta que debería importarnos tanto como cualquier frase jurídica: si esos derechos que se informan en la vista se informan antes, en el proceso de preparación.

La examinadora me responde con una honestidad que, en otro contexto, sería escandalosa:

“Se supone que la social se lo informe, no sé si lo hacen, nosotros como oficiales examinadores sí tenemos que decirle los derechos y ahí es que muchos de ellos se enteran”, algo así recuerdo que me contestó.

Ahí. En el momento. En la videoconferencia. Cuando el cuerpo ya está en pantalla. Cuando el “ok” ya es la única herramienta. Cuando no se entiende.

8. La desposesión y el lechón

Salimos de la sala. Afuera esperaba una mujer de 81 años junto a familiares de uno de los hombres que ya no están. Buscaban un espacio, pero la Junta determinó que no tenían standing. En la lógica penal, esta exclusión es necesaria. El sistema privatiza el conflicto y lo convierte en una gestión individual del daño, una transacción cerrada entre el Estado y la persona que imposibilita la reparación allí donde todavía podría haberla.

Pero hay algo más profundo: en casos como este, donde el daño es tan absoluto que la reparación ya es imposible, el sistema falla doblemente. Su estructura punitiva impide la gestión colectiva del dolor y, sobre todo, bloquea la transformación de aquello que posibilita el daño. Al centrarse sólo en el castigo de un cuerpo, el Estado se ahorra la tarea de cambiar las condiciones que permitieron que esta historia comenzara hace treinta y ocho años.

Salí por una puerta lateral que daba al parking y el cambio de atmósfera fue un golpe en la cara. Al frío de la oficina lo reemplazaron el aire navideño y el olor a lechón asado. En la calle, que estaba cerrada, Corrección celebraba su fiesta de Navidad. Su propia banda musical se estaba preparando para tocar mientras les empleades hacían fila en la carpita del lechón.

Pasé por el medio de la fiesta. Caminé hacia mi auto por la porción de la calle cerrada que estaba desierta. Pensé en Ángel y en su “ok” inaudible capturado en una videoconferencia a través de la plataforma de Microsoft Teams. Pensé en lo que hace la cárcel. Treinta y ocho años preso no son una suma de días. Son una tecnología. Una forma de intervenir en el cuerpo, el lenguaje, la presencia y la capacidad de relacionarse.

En una vista de libertad bajo palabra, el sistema no solo evalúa el “riesgo” de una persona: evalúa si esa persona puede, todavía, participar de la ficción del ciudadane, que aun privade de su libertad, puede decidir.Pero esa ficción requiere condiciones mínimas: escucha, comprensión, tiempo, asistencia real y la posibilidad de decir “no entiendo” sin que eso te expulse. Requiere que el Estado no confunda el trámite con el consentimiento.

Yo no escribo esto para pedir “mano dura” ni para reclamar más encierro. Sería una perversión política: ver una escena de deshumanización y pedir castigo como respuesta. Lo escribo porque la escena muestra una verdad que el punitivismo siempre oculta: la cárcel no solo castiga lo que hiciste; también castiga la posibilidad de ser alguien que habla, que decide, que se orienta en el mundo. La cárcel te roba la humanidad.

El Estado no necesitó entender a Ángel para cerrar su expediente, ni necesitó escuchar a nadie para seguir bailando. La imposibilidad de comprensión y el lechón asado eran dos partes de la misma tecnología: la que nos permite administrar el olvido mientras la fiesta sigue en la oficina de al lado.

Las fotos de la fiesta de Navidad pueden verlas en la página del Departamento de Corrección, acá.Viendo las fotos, parece que no era lechón, sino más bien una paella acriollada.

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Teorizar es imaginar. Es imaginar otras posibilidades y otros futuros. bell hooks nos enseñó que la teoría puede ser sanadora y una práctica de liberación; depende de nosotres.

En el curso de Teoría del Derecho, estudiamos lo que teorizaron otres pero también buscamos nuestras propias explicaciones. Imaginamos derecho desde los cuidados, en lugar de la violencia; desde lo colectivo, en lugar de lo individual.

Con mucho entusiasmo, les comparto el producto. Está listo para imprimir, así que no se lee linealmente, sino como un libro. En los márgenes encontrarás los números de página para seguir la lectura.

Fanzine Cartografía Del Cuidado Brújula Estudiantil De Apoyo Mutuo

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Además, te comparto un mapa interactivo preparado con mucho amor, pero que también necesita el tuyo. Escríbeme si tienes datos nuevos, algo que corregir o aclarar.

Mapa Cartografía del Cuidado

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Era 1949. La élite dominicana bailaba, quizás por inercia o por miedo, al son de la Súper Orquesta San José. Sonaba “San Rafael”, el merengue dedicado al “Jefe”, himno de la adulación obligatoria. El Palacio, escenario habitual de la pompa del régimen, albergaba esa noche una de las tantas fiestas que Trujillo se ofrecía a sí mismo.

Los zapatos de las jóvenes resbalaban sobre el mármol encerado; el calor de los cuerpos en la pista se mezclaba con ese otro calor pegajoso: el de la obligación disfrazada de invitación. La familia no quería estar allí, pero la ausencia no era una opción; mucho menos para ella. Se lo había pedido su padre. Les tocaba obedecer al compás de la güira y la tambora —que martillaban como una orden— y de los metales que dictaban el ritmo unísono de la dictadura.

Mientras el merengue empujaba los cuerpos en el salón de baile, el país vivía otro tipo de estruendo: los gritos de “La 40”.

Allí también se martillaba, se disparaba y se arrastraba, pero no había música. Aquello no era un “Palacio”, sino un centro clandestino de tortura operado por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). No estaba diseñado para fiestas, sino para quebrar voluntades. Sus sobrevivientes no recuerdan saxofones, sino el zumbido mecánico de los generadores eléctricos de las sillas de tortura, mezclado con las órdenes de los guardias y los lamentos de los detenidos.

En “La 40” no había silencio —la privación de sueño era política de Estado— y el calor no venía del baile, sino del hacinamiento en celdas sin aire.

Minerva Mirabal conoció ambos infiernos: el del Palacio de la Gobernación en Santiago, mezclada con la élite, y el de “La 40”, junto a sus hermanas, su esposo, cuñados y sus camaradas. Las Mirabal, mujeres de clase acomodada, cometieron el imperdonable crimen de convertirse en oposición abierta. En el caso de Minerva, la afrenta fue doble: se atrevió a rechazar los avances sexuales de Trujillo, poniendo en jaque la masculinidad frágil del dictador y, con ella, el prestigio del régimen.

Minerva y María Teresa fueron juzgadas y condenadas en mayo de 1960 por “atentar contra la seguridad del Estado”. Meses después, en un gesto que los historiadores llamarían extraño, fueron liberadas por orden expresa de Trujillo, mientras sus esposos permanecían encarcelados.

Pero la libertad era una trampa.

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas salieron de Ojo de Agua hacia Puerto Plata para visitar a sus maridos. La carretera atravesaba La Cumbre: aislada, escarpada, rodeada de abismos y vegetación densa. Al atardecer, la neblina convertía el camino en una boca de lobo. Al llegar al puente de Marapica, era obligatorio reducir la velocidad: el escenario perfecto para una emboscada disfrazada de accidente.

Los agentes del Estado ejecutaron la orden. No fue hasta 1962, tras el ajusticiamiento del tirano, que se condenó a los autores materiales. Pero el pueblo lo supo desde el día uno: Trujillo —el Estado— era el responsable de la muerte de Las Mariposas.

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De las Mirabal a Campo Algodonero: El Estado en el banquillo

A veces pensamos el 25 de noviembre como una fecha más en el calendario institucional, olvidando su raíz sangrienta: la violencia de un Estado que decide quién es dispensable. Cuando las feministas latinoamericanas marcaron este día en 1981 en Bogotá, y cuando la ONU lo adoptó en 1999, no solo estaban señalando la violencia doméstica.

Cada vez que escribimos “25N”, estamos escribiendo también, aunque no lo sepamos: La Cumbre, Ojo de Agua, el SIM. Estamos nombrando a mujeres que el Estado decidió sacrificar para mantener su orden.

Décadas después, el expediente cambió de territorio, pero mantuvo el guion. Ciudad Juárez, México, noviembre de 2001. En un terreno baldío conocido como “Campo Algodonero” aparecen ocho cuerpos. Tres de ellas —Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— se convertirían en el centro de una demanda histórica. Eran jóvenes, pobres, estudiantes o trabajadoras, como tantas desaparecidas en la frontera.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero vs. México es incómoda porque hace la pregunta que los gobiernos evaden: ante un patrón de asesinatos de mujeres, ¿basta con culpar al “crimen organizado” o a un “hombre violento”?

La Corte dijo que no.

Sentenció que el Estado es responsable no solo porque las mataron, sino porque no adoptó medidas de protección, no previno a pesar de conocer el patrón, no investigó con diligencia y sostuvo un sistema de impunidad atravesado por la misoginia y el clasismo.

Campo Algodonero nos deja una premisa tan sencilla como dura: no es solo que a las mujeres las mata un hombre; es que el Estado crea las condiciones para que ese hombre pueda matarlas y desaparecerlas con total impunidad.

Recastando el término: Feminicidio de Estado

Aquí reside la potencia política del 25N: nace señalando la responsabilidad estatal. Por eso, las feministas latinoamericanas empezaron a hablar de feminicidio como crimen de Estado. No se trata solo del acto de matar por razones de género, sino de la indiferencia institucional, el abandono y la burocracia que producen una violencia sistémica. Es un Estado que conoce el patrón, que podría intervenir transformando las causas, y decide no hacerlo.

Desde una óptica abolicionista, esto es central: no estamos ante un sistema “bueno” que falla ocasionalmente. Estamos ante un sistema político, económico, colonial y patriarcal que funciona perfectamente para lo que fue diseñado: jerarquizar vidas, precarizar a unas más que a otras y administrar la violencia.

La violencia no es un error del sistema; es uno de sus principales lenguajes.

La trampa vino después. Muchos Estados cooptaron la palabra feminicidio, incorporándola a los Códigos Penales con penas más severas. El efecto fue ambivalente: se reconoció la gravedad del delito, pero se desplazó el foco. El feminicidio dejó de entenderse como síntoma de un orden social violento y pasó a venderse como algo que se resuelve con más cárcel.

Este es el giro del populismo punitivo: usar nuestro dolor y nuestro miedo para justificar más castigos, sin tocar ni una sola de las condiciones estructurales que generan el daño.

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Abolicionismo y realidad puertorriqueña

Como abolicionista y feminista, no niego la violencia; la tomo tan en serio que me rehúso a convertirla en la identidad eterna de alguien. No hablo de “agresores” como entes monstruosos nacidos de la nada; hablo de personas que han ejercido violencia dentro de un sistema que las formó, las precarizó y les enseñó que el daño es una forma válida de relacionarse.

En Puerto Rico, la violencia no es una suma de anécdotas individuales; es un patrón cruzado por la pobreza, el racismo, la xenofobia y el coloniaje. Ser mujer aquí no es una experiencia universal: si eres negra, pobre, migrante, trans o vives en un barrio criminalizado e hipervigilado, la maquinaria estatal te deja morir más rápido.

Por eso, para mí, el 25N tiene que regresar al origen radical:

1. A las Mirabal, que nos recuerdan que el Estado es un productor directo de violencia.

2. A Campo Algodonero, que establece que la negligencia estatal es complicidad criminal.

3. A la idea del feminicidio como crimen de Estado, y no como un artículo más para inflar el Código Penal.

La apuesta no puede ser darle más poder al sistema de castigo. No podemos remendar un sistema que funciona a base de triturar gente. Hay que construir otra cosa:

• Vivienda segura y autónoma, para que nadie tenga que elegir entre el maltrato o la calle.

• Acceso real a la salud física y mental, sin elitismo ni patologización.

• Independencia económica para romper relaciones de dependencia letal.

• Educación antirracista, anticolonial y con perspectiva de género.

• Recursos directos a las comunidades que ya están poniendo el cuerpo para sostener la vida y desescalar conflictos sin llamar a la policía.

Cada dólar que se traga el Complejo Industrial Carcelario es un dólar que no llega al albergue, a la organización comunitaria, a la prevención real.

No se trata solo de que no nos maten. Se trata de dejar de organizarnos alrededor del miedo y el castigo, para organizarnos alrededor del cuidado y la vida digna.

La violencia no es la esencia de nadie, pero sí es el núcleo de este sistema. Si queremos honrar el 25N, no basta con exigir más penas; hace falta cuestionar el sistema entero y decidir, colectivamente, que no aceptamos seguir siendo materia prima de un orden que nos prefiere asustades y silencioses.

Me quedo aquí, en este tramo del 25N: entre el palacio con merengue y la cárcel sin silencio, entre La Cumbre y Campo Algodonero. En ese punto exacto en el que el Estado decide ser cómplice activo. El 25N es una denuncia contra la máquina de dejar morir. Y aquí, en Puerto Rico, nos dejan morir todos los días.

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¿Por qué un silbato o un pito?

Porque a ICE (Inmigración) y al Gobierno les gusta hacer las cosas en silencio y a escondidas. Además:

• Es barato y fácil de conseguir,

• Cabe en el bolsillo o en el cuello,

• Se escucha fuerte, más que un grito,

• Lo entiende cualquier persona aunque no hable español,

• Avisa a les vecines y al corille rápido.

Ruido = Visibilidad

Silencio = ICE y la Policía hacen lo que quieren

¿Por qué funciona?

• Cuando suenan muchos silbatos la gente sale y mira,

• ICE y la Policía saben que hay testigos y hay cámaras,

• A los guardias no les gusta que las comunidades y barrios estén pendientes,

• El sonido llama a más personas que un grito,

• El grupo da más fuerza y apoyo a la persona detenida.

Un silbato sin acuerdo es sólo ruido, con acuerdo es defensa de la comunidad.

Códigos

Un código es un acuerdo para comunicarnos entre nosotres cuando percibimos un peligro inmediato o inminente.

Código 1 | ICE o la Policía cerca (ALERTA)

Esta es para cuando ves:

• Guaguas o carros de ICE (Inmigración).

• Carros de policía, muchas patrullas en el área.

• Paradas raras, gente mirando puertas, veladores.

SEÑAL DE SILBATO CÓDIGO 1

Sopla CUATRO PITAZOS

cortos, con pausas:

“PRI-PRI-PRI-PRI”

(para, respira, y repite)

Si lo escuchas: respira, no corras sin mirar, mira bien los carros, los uniformes y las entradas, avisa a les vecines, al colmado y al chat del barrio. Si estás segure, acércate a mirar y graba.

SI ESTÁS EN LA CALLE Y HAY CÓDIGO UNO:

• Si vendes en la calle, avísale a les demás venderores.

• Si no puedes salir, manda nota de voz al chat de les vecines con lo que ves desde tu ventana.

• Si estás trabajando en un colmado, salón, barbería: asómate y mira qué pasa.

Código 2 | Redada o detención en curso (EMERGENCIA)

EstE es para cuando YA ves:

• Gente detenida en la calle.

• ICE o policía montando a alguien en una guagua.

• Entrando a una casa, un edificio o un negocio.

• Haciendo redada en una esquina, en un residencial o en un barrio.

SEÑAL DE SILBATO CÓDIGO 2

Sopla SEGUIDO SIN PARAR

“PRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

(pitidos largos, como alarma)

Si lo escuchas: no vaYas sole, ve con otras personas; activa la red y escríbele a tus contactos; documenta hora, lugar, placas, uniformes, graba.

Cuida a quienes quedan: familia, vecines, hijes. Ayuda a llamar a abogados, cuido, trabajo.

Cuidado Colectivo

No sólo se trata de repartir silbatos; el silbato por sí solo no hace mucho. Antes de repartirlos, la comunidad tiene que hablar:

• Qué significa CÓDIGO 1 y CÓDIGO 2

• Practicar los sonidos del silbato juntes

• Hacer un chat de emergencia con gente que sabemos que RESPONDE

• Mapear los recursos: abogades, cuido, prensa, etc.

• Adaptarlo a sus necesidades y ensayar lo que les funcione.

🔊 Qué hacer con este zine, tu silbato y este post

Este zine no es para quedarse guardado en la compu. Es para el barrio:

• Consigue un silbato (o varios) y acuerden los códigos con tu corille, tu edificio, tu calle.

• Compártelo con gente migrante, vecines, colmados, salones, barberías, panaderías. Que todo el mundo sepa qué es Código 1 y qué es Código 2.

• Practiquen: hagan un simulacro corto en el pasillo, en la acera, en la esquina. Que el sonido no les coja por sorpresa.

• Descarga e imprime el zine para pegarlo donde haga falta: tablones de anuncios, postes, neveras, cuartos, centros comunitarios.

  

  Silbatos contra ICE: llama a tu corille y hagan ruido

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  Este mini zine es una adaptación hecha por Rabiosa Medea de materiales comunitarios utilizados en EU para alertar sobre la presencia de ICE o redadas en curso en nuestras comunidades. Puedes descargarlo y adaptarlo a las necesidades de tu comunidad y practicarlo juntes para que, de manera rápida y eficiente, podamos alertarnos unos a otres de la presencia de ICE en nuestros barrios y comunidades.

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• Si conoces a organizaciones, iglesias, colectivos o redes de apoyo a migrantes, mándales el enlace también.

• Si lo lees en el celular, puedes hacer screenshot de las partes más útiles y compartirlas en tus chats.

Si quieres que facilitemos un taller para practicar los códigos de silbato, escríbeme.

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Este zine está preparado por Rabiosa Medea y se inspira en Silbatos contra ICE y materiales preparados por comunidades migrantes en Estados Unidos. PUEDES DESCARGARLO, ADAPTARLO Y REPRODUCIRLO PARA TU COMUNIDAD.

El pasado sábado 8 de noviembre, presenté estas reflexiones en el panel “Otro camino es posible”, como parte del Primer Conversatorio de la Coalición para la Transformación del Sistema Correccional de Puerto Rico: “Reescribiendo el futuro: Dignidad, oportunidad y retorno a la comunidad de las personas privadas de la libertad”.

Comparto con ustedes la ponencia.

Nos han vendido una estafa. Día tras día, nos hacen creer que la justicia es sinónimo de castigo, que la única respuesta a la violencia es más policía, leyes más duras y más jaulas. Pero el punitivismo es un espejismo.

Soy abogada, pero mi compromiso es con la transformación radical. Y desde esa trinchera, lo digo claro: justicia no es venganza. Como dijo la gran activista Fannie Lou Hamer, nuestro trabajo se ancla en la liberación colectiva, porque “nadie es libre hasta que todes seamos libres”.

La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el feminicidio en Puerto Rico nos grita en la cara el fracaso absoluto del sistema de criminalización para atender la violencia. La cárcel siempre llega tarde, pero, sobre todo, deshumaniza.

Pensemos con claridad: ¿De qué nos sirve un artículo penal más severo si llega después de que la compañera ha sido asesinada? ¿Evitó ese artículo que ella tuviera que regresar a la casa porque no tenía a dónde ir? ¿Le proporcionó un ingreso para ser autónoma? ¿Educó para desaprender el machismo?

No. El sistema penal nunca hace esas preguntas. Solo pregunta: “¿cuántos años le damos al que ya mató?”. Y a eso le llamamos “justicia”.

Eso es una trampa.

La Trampa de la “Justicia Restaurativa”

Para desmantelar esta estafa, me pidieron hablar de la justicia restaurativa, pero quiero usarla para alcanzar el horizonte necesario: la justicia transformativa.

Hay que reconocer que la justicia restaurativa da un paso valiente. Cambia la conversación.

Howard Zehr, uno de sus pioneros, explica el cambio de paradigma con unas preguntas simples pero profundas:

• El sistema penal pregunta: “¿Qué ley se violó, quién la violó y qué castigo merece?”.

• La justicia restaurativa pregunta: “¿Quién sufrió daño? ¿qué necesita? ¿quién asume la responsabilidad de reparar?”.

Esto es un avance inmenso porque desplaza el eje del castigo hacia la responsabilidad y la reparación.

Pero (y este es el “pero” central) la justicia restaurativa a menudo se enfoca únicamente en el incidente. Puede reparar una relación interpersonal rota, pero no pregunta por qué esa relación se rompió de manera tan violenta en primer lugar.

El Horizonte Abolicionista: Justicia Transformativa

Aquí es donde la justicia transformativa (JT) da el salto.

La JT no solo busca reparar el daño; también pregunta qué condiciones sistémicas y estructurales hicieron posible ese daño.

La justicia restaurativa repara el hecho; la justicia transformativa transforma las condiciones.

Cuando hablamos de “condiciones”, no lo hacemos en abstracto. Hablamos de:

• El patriarcado: ¿Cómo la socialización de los hombres en la dominación crea el terreno fértil para la violencia?.

• El racismo: ¿Cómo la deshumanización histórica de las personas negras y racializadas hace que la violencia contra ellas sea más invisible o recibida con más violencia policial?.

• La pobreza capitalista: ¿Cómo la desesperación de no tener para las necesidades básicas genera violencia social que se expresa en lo interpersonal?.

• El colonialismo: ¿Cómo un sistema que nos gobierna con violencia, como la Junta de Control Fiscal, nos ha enseñado que esa es la única forma de resolver conflictos?

• La transfobia y la homofobia: ¿Cómo el odio a quien no se conforma con el binario justifica la expulsión y la precariedad?

La justicia transformativa es, por definición, una justicia abolicionista. Entiende que la policía y las cárceles no son la solución, sino que forman parte del problema de la violencia sistémica.

Abolir no es un vacío, es construir

La sentencia sobre el feminicidio es una brújula que nos señala con claridad dolorosa: el camino nunca fue, ni será, el Código Penal.

Cuando hablamos de abolir la policía y las cárceles, no hablamos de un vacío. Hablamos de construir algo tangible en su lugar.

Hablamos de construir seguridad real.

Como nos enseñan las organizadoras abolicionistas, desde Mariame Kaba hasta Critical Resistance:

La seguridad no es un policía en cada esquina; la seguridad es tener tus necesidades cubiertas. La seguridad es la comunidad organizada.

La abolición es el trabajo de financiar masivamente:

• Salud mental comunitaria, accesible y gratuita.

• Mediadores vecinales y brigadas comunitarias entrenadas en desescalar conflictos.

• Economía solidaria, cooperativismo y vivienda segura.

• Sistemas de cuido infantil comunitarios.

• Educación sexual integral.

¿A qué comunidad se retorna?

Incluso cuando hablamos del “retorno a la comunidad” de las personas privadas de libertad, la justicia transformativa nos obliga a preguntar: ¿A qué comunidad están retornando?.

Si retornan a la misma comunidad precarizada y sin recursos que les empujó al sistema de criminalización en primer lugar, el “retorno” es solo una puerta giratoria.

Nuestro trabajo no es solo pensar en cómo las personas “retornan” de la cárcel. Nuestro trabajo es transformar la sociedad para que no existan jaulas.

La verdadera justicia no es encerrar a quien nos daña; es construir un mundo en el que ese daño sea, en primer lugar, impensable.

Otro camino no solo es posible. Lo estamos construyendo.

Esta conversación no termina aquí; es donde empieza la práctica. 🔥 El panel se tituló “Otro camino es posible”. Para ti, ¿por dónde empezamos a construirlo?

Quiero leerte. 👇

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Cárceles: la paradoja de la democracia es una publicación de Rabiosa Medea para conversar sobre la urgencia y la necesidad de abolir las cárceles. De manera simple e introductoria, te invito a explorar esta posibilidad y a cocrear el mundo en el que merecemos vivir.

En el link encontrarás una versión digital. 💌 ¿Quieres copias impresas para tu comunidad? Escríbeme.

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Nota: Esta fue la ponencia que ofrecí el 15 de octubre de 2025 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como parte del conversatorio “Repensar las violencias: Causas y Soluciones”, organizado por el UPRRP Forum & Debate Society.

Buenas tardes a todes, todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. Para mí siempre es un gusto participar de espacios como este, que promueven el pensamiento crítico y la imaginación radical. Estoy convencida de que sólo a través de la imaginación radical podremos construir el mundo en el que merecemos vivir.

La pregunta que nos convoca hoy —las causas de la violencia y sus posibles soluciones— nos obliga a mirar de frente las herramientas que hemos normalizado y a cuestionar si realmente nos han servido para atender las violencias.

Empiezo con una afirmación: el derecho, a diferencia de lo que nos enseñan, nunca es neutral. Siempre cristaliza y reproduce relaciones históricas de poder —clase, raza, género, propiedad, sexualidad, capacidades, entre otras—.

En contextos coloniales, como el nuestro, esa no-neutralidad se agrava: el orden jurídico se diseña para administrar la subordinación política y económica y acaba gestionando el conflicto social que esta misma desigualdad genera.

Si reconocemos esto, la pregunta urgente no es “¿cómo castigamos mejor?”, sino “¿cómo creamos las condiciones para reparar, cuidar y sostener la vida de manera justa y democrática?

Y hablando de democracia, no podemos pasar por alto que nuestro diseño político-jurídico es una derivación del modelo estadounidense y que es producto de una relación colonial que limita nuestra voz, nuestro poder y nuestros recursos. Un modelo de democracia que, en su diseño fundacional, fue excluyente: de hombres blancos, propietarios y ricos. Afuera quedaron las mujeres, las personas esclavizadas, los pueblos originarios, a quienes despojaron de su territorio y, por supuesto, del medio ambiente.

Esa matriz institucional, diseñada para el beneficio de un grupo específico, nunca se universalizó y es a partir de allí que se decide qué vidas valen, qué conflictos se tipifican como “delitos” y qué necesidades quedan fuera del campo de los derechos.

La cárcel, entonces, funciona ideológicamente como un lugar abstracto donde depositamos a las personas que consideramos indeseables, liberándonos de la responsabilidad de pensar en los problemas reales que afectan a sus comunidades.

Desde ahí se despliega una estructura de criminalización que, agravada por la colonialidad, define la pobreza, la racialización, la migración, las identidades sexuales, las neurodivergencias y la diferencia como amenazas por gestionar. Un claro ejemplo de ello es la reciente orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Noem v. Vázquez Perdomo, donde se valida que meramente existir como persona latina, te convierte automáticamente en sospechose.

Así, se normaliza el encierro de personas que no pueden pagar fianzas; se procesan como delitos conductas de supervivencia; y las crisis sociales —salud mental, uso problemático de sustancias, falta de vivienda— se canalizan a través de la policía y el sistema correccional. Criminalizamos la supervivencia y la convertimos en delito. Luego llamamos “reincidencia” al retorno forzado a la misma precariedad que nunca atendimos porque solo escondimos a quienes la experimentan.

La industria carcelaria como negocio

Al mismo tiempo, la industria carcelaria es un gran negocio. Los fondos públicos se desvían de forma acelerada a los bolsillos de los contratistas privados. Necesidades básicas como la alimentación, la salud y las comunicaciones en las cárceles se convierten en un negocio en el que el incentivo es abaratar costos y aumentar ingresos, no en expandir derechos ni en descarcelar.

¿Cómo se sostiene esta industria? Con métricas equivocadas: equiparando justicia con castigo, arrestos, “casos esclarecidos”, años de sentencia. Esas métricas celebran la gestión del castigo, no la reducción del daño, la reparación a les sobrevivientes ni el abordaje de las causas de la violencia.

Al contrario: la inversión masiva en la industria carcelaria implica, necesariamente, la desinversión social y la desatención de las causas que hacen posible la violencia en primer lugar.

¿Qué es el abolicionismo?

Desde el abolicionismo, la afirmación es simple: las cárceles no son una característica inevitable de nuestras vidas; por lo tanto, pueden abolirse. No es utopía. No es ingenuidad.

Como nos enseña Mariame Kaba, no se trata de “derribarlo todo y esperar lo mejor”, sino de un proyecto positivo enfocado en construir las instituciones de cuidado que hagan obsoletas las cárceles.

Esto no admite reformas que solo busquen “humanizar” las jaulas. Requiere pasos abolicionistas: cambios que reduzcan el poder punitivo hoy, sin expandirlo mañana; es decir, sin nuevas jaulas “con otro nombre”, ya sean medidores de riesgo, grilletes electrónicos o “policía comunitaria” que solo enmascara la vigilancia.

Hacia un viraje estructural: Algunas pistas

¿Qué implica, entonces, un viraje estructural abolicionista para Puerto Rico? Es aquí cuando les voy a desilusionar. No tengo la respuesta. Es algo que tenemos que cocrear porque su éxito radicará ahí, en el acuerdo y en el reconocimiento de nuestra humanidad. Mariame Kaba dice que conlleva un millón de experimentos. Y es así, porque estamos co-creando algo completamente nuevo.

Algunas pistas en las que pienso que vale la pena pensar:

1. Reducir el sistema carcelario mediante un horizonte de cierre (decarcelación). En el contexto de Puerto Rico, implica la reducción de la población privada de libertad mediante la conmutación de sentencias y la ampliación de los mecanismos de excarcelación, como la libertad condicional o la libertad bajo palabra. Los recursos liberados deben reinvertirse en vivienda, salud comunitaria y empleo digno para la población excarcelada.

2. Descriminalizar las conductas asociadas a la pobreza y la supervivencia. Esto incluye el uso de drogas, sustituyendo la criminalización por programas de reducción de daños, y el trabajo sexual, garantizando derechos y seguridad a quienes lo ejercen.

3. Eliminar las fianzas en dinero e instituir la libertad como norma. Se debe sustituir el control coercitivo por un acompañamiento psicosocial no policial, proporcionado por equipos interdisciplinarios y no vinculados al sistema de criminalización, y no por dispositivos de vigilancia como grilletes u otros tipos de supervisión electrónica.

4. Pasar del punitivismo a la justicia restaurativa y transformativa, fuera del circuito de criminalización. Establecer mecanismos comunitarios, como círculos y conferencias, para las personas impactadas por la violencia, incluyendo tanto a quienes han sufrido como a quienes han perpetuado el daño. El objetivo es promover acuerdos de reparación, apoyo integral y garantías de no repetición, con las comunidades codiseñando, ejecutando y evaluando dichos procesos.

5. Crear una respuesta civil 24/7 ante crisis comunitarias. Equipos interdisciplinarios de profesionales de la salud, trabajo social y mediación deben ser la primera respuesta ante crisis de salud mental y conflictos interpersonales, con protocolos de desescalación y rutas de cuidado, no de castigo.

6. Invertir en el cuidado y en la creación de espacios comunitarios seguros. Esto incluye iluminación, transporte digno, centros culturales y de ayuda mutua, junto con apoyo económico, vivienda de transición y permanente para quienes egresan de la cárcel, y la eliminación del certificado de antecedentes penales como barrera al empleo.

¿Y qué pasa con la violencia grave?

Seguramente se preguntan: “¿y los casos de violencia grave, como asesinatos o violaciones?”.

Hoy, el sistema punitivo ya les falla a la mayoría de las personas afectadas por la violencia: no previene, no repara y, con frecuencia, las revictimiza. El encarcelamiento es una consecuencia sumamente infrecuente para quienes incurren en conductas de violencia sexual. Y en Puerto Rico, sólo alrededor del 20% de los asesinatos se esclarecen.

La respuesta abolicionista no es negar el daño, sino tomarlo en serio: recursos inmediatos para quienes sobreviven; procesos de responsabilidad que transformen conductas y garanticen la no repetición; y un entorno social que reduzca la probabilidad de que el daño vuelva a ocurrir. La cárcel promete control; la justicia transformativa trabaja en las causas y consecuencias de la violencia.

Cambiar las métricas para cambiar los resultados

¿Cómo sabremos que funciona? Cambiando lo que medimos para cambiar lo que producimos: más personas sobrevivientes reparadas y acompañadas; más personas con vivienda y empleo; menos ingresos sumarios a la cárcel por pobreza; menos reincidencia; y más transparencia y participación comunitaria con poder real de decisión.

Para lograrlo, necesitamos recursos; por eso, hay que desinvertir en las cárceles para invertir en la gente.

Cierro donde comencé. El Derecho no es neutral; en Puerto Rico, debido a la colonialidad, su sesgo de exclusión es estructural. La seguridad no se decreta desde una celda: se construye con vivienda, salud, ingreso y vínculos. La tarea jurídica y política es desarmar las máquinas que producen daño para construir juntes ecologías de cuidado.

Como leí los otros días en un post de Simbiosis Curativa: “Mientras el capitalismo busca soluciones individuales, el micelio resolvió en red.”

Menos jaulas. Más comunidad. Más justicia. Gracias.

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¿Qué alternativas comunitarias al sistema punitivo conoces o te gustaría ver en Puerto Rico?

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En el más reciente episodio de nuestra serie de microdocumentales, “La Paradoja de la Democracia”, abordamos uno de los gritos más ignorados en el sistema carcelario: la salud mental. El guion del episodio se construyó a partir de una realidad que nos golpea a diario: la cárcel se ha convertido en la respuesta fallida a problemas sociales profundos.

Para ampliar lo que discutimos en el video, quiero compartir los datos que respaldan el episodio y profundizar en por qué el camino abolicionista no es una utopía, sino una necesidad práctica.

El infierno de Jonathan: cuando el sistema castiga la enfermedad

Comenzamos el episodio con la historia de Jonathan, un joven diagnosticado con esquizofrenia paranoide a los 18 años. Su primer encuentro con el sistema carcelario no fue por un acto de violencia premeditada, sino como resultado de un episodio de salud mental en el que su familia, buscando ayuda, terminó encontrándose con la Policía.

Esa primera vez estuvo preso durante cuatro semanas. Desde entonces, ha entrado y salido varias veces. Hoy, sigue preso.

La historia de Jonathan es un microcosmos de la tragedia sistémica. No solo su condición de salud mental no se trató adecuadamente, sino que el propio encierro exacerbó su vulnerabilidad. En la cárcel desarrolló colitis ulcerosa, una condición tan grave que derivó en la extirpación de su colon.

Su caso, documentado por El Nuevo Día (ver nota 1 y nota 2), no es una anomalía. Es el resultado esperado de un sistema diseñado para castigar, no para sanar.

Lo que dicen los datos (y lo que callan)

La cárcel es el espejo del fracaso de nuestras redes de apoyo comunitario. Cuando miramos los números, la evidencia es irrefutable.

Es crucial establecer un criterio de verificación: los datos oficiales más recientes del propio Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre el perfil de la población confinada datan de 2019. Para la población de menores, no se actualizan desde 2021. Esta opacidad ya es, en sí misma, una forma de violencia. Pero incluso esos números desactualizados pintan un cuadro desolador.

Salud Mental al Ingresar:

• El 20% de los hombres y el 57% de las mujeres ya tenían algún diagnóstico de salud mental al momento de ingresar a prisión.

• En el caso de los menores, las cifras son aún peores: el 69,05 % de los varones y el 100 % de las niñas presentaban diagnóstico al ingreso.

El Deterioro Adentro:

El encierro no solo no cura, sino que enferma.

• Según ese mismo informe de 2019, un 34% adicional de la población adulta desarrolló alguna condición de salud mental tras ingresar a la cárcel.

• En los menores, ese número (en 2021) aumentaba al 73% tras el ingreso.

El Uso Problemático de Sustancias: La Salud Pública Criminalizada

Estos porcentajes ni siquiera incluyen a las personas que enfrentaban trastornos por uso problemático de sustancias.

• Hablamos del 65,25 % de la población adulta.

• A elles se les sumaron 629 personas más que comenzaron a consumir luego del ingreso.

• En menores, la cifra es casi total: 95,56 %.

¿La consecuencia más trágica de esto?

El “Informe de Muertes de Confinados” señala la intoxicación como la causa principal de muerte. Esto no es un accidente. Es el resultado directo de un manejo fatal del sistema de salud mental y de la entrada de drogas en las propias instituciones que deberían custodiar. Esta crisis ha sido ampliamente documentada, como lo demuestra la serie “Salud Mental en Prisión” del Centro de Periodismo Investigativo (ver la serie).

Esto no es una falla, es un diseño

¿Pero sabes qué es lo peor de todo esto? La mayoría de estas personas nunca recibió el apoyo que necesitaba antes de ser encarcelada.

Más del 70% de quienes usaron drogas de manera problemática NO recibieron servicios previos a terminar en una celda.

Aquí es donde desmontamos la narrativa de la “falla del sistema”. No es una falla; es un diseño. Es un sistema que nos empuja activamente al “enjaulamiento” de personas. El Estado está activamente castigando a personas por un problema de salud pública (como el uso problemático de sustancias o las enfermedades mentales) que no tiene la voluntad política ni fiscal de resolver en la comunidad.

La activista y académica Angela Davis lo dijo claramente en su libro ¿Son obsoletas las prisiones? (Te dejo el libro en PDF):

Esto, señala, es una consecuencia directa de la desigualdad estructural en el acceso a la salud.

La sanación solo puede ocurrir en comunidad

Si el problema es el aislamiento y el castigo, la solución no puede ser más de lo mismo. La cárcel es un modelo único que fracasa de manera única.

Como enfatiza la organizadora Mariame Kaba, las alternativas deben ser múltiples y arraigadas en la comunidad. La verdadera seguridad no se construye con celdas, sino con recursos.

¿Qué sí funciona?

1. Descriminalización: Dejar de tratar el uso de drogas como un crimen y empezar a tratarlo como lo que es: un asunto de salud pública.

2. Tratamiento Comunitario: Invertir de manera masiva en programas de tratamiento comunitarios, accesibles, gratuitos y basados en la ciencia.

3. Reducción de Daños: Implementar programas que no exijan la abstinencia total para acceder a los servicios. El cuidado no puede estar condicionado.

4. Respuesta de Crisis No Policial: Crear equipos de respuesta a crisis de salud mental que no involucren a la policía, para que una llamada de ayuda no termine, como en el caso de Jonathan, en un arresto.

¿Queremos sanación y seguridad real? Debemos exigir que el presupuesto que hoy se destina a castigar el dolor se invierta en programas que lo atiendan.

La sanación sólo puede suceder en la comunidad, con apoyo y acompañamiento, no con aislamiento ni encierro. Podemos y debemos imaginar y construir un Puerto Rico donde el apoyo esté disponible para todes, no sólo para quienes pueden pagarlo.

Recomendaciones

• We Do This ’Til We Free Us — Mariame Kaba (Haymarket Books). haymarketbooks.org

• ¿Y quién ama esta locura? — Adlie Cordero Espada publicado por Las Marías Editorial

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El Lobo, protagonista de esta historia, no salió de la nada, salió de un sistema. Es un paciente de salud mental que estuvo 15 años encarcelado. Un día antes de los hechos, Corrección lo dejó en la plaza pública de Villalba sin vivienda ni medicamentos. Había “cumplido su sentencia”. ¿Seguimos creyendo que la cárcel previene la violencia o aceptamos al fin que solo oculta sus raíces, la esconde y la reproduce?

Según el presupuesto certificado para el AF2026, Puerto Rico destina $519.6 millones al sistema carcelario (Departamento de Corrección y Rehabilitación + Salud Correccional). La mayor parte se va a nómina y operación del encierro: $251.8M en nómina y costos relacionados (sueldos, horas extra, beneficios, reclutamiento), $48.1M en pagos de facilidades y utilidades (PREPA, PRASA, PBA, combustible), y $68.4M en servicios adquiridos, dentro de los cuales $31.0M son para alimentos de la población confinada.

Por otro lado, solo $4.13M se asignan a programas comunitarios y centros de rehabilitación. Es decir, menos del 1% del gasto del sistema carcelario es explícitamente etiquetado como “programas” frente a 99% en sostener la maquinaria de encierro (nómina, facilidades, alimentación, contratos, etc.).

Ese patrón ocurre dentro de un Fondo General de $13.10 mil millones para el AF2026. Llamar a todo esto “seguridad pública” oculta una decisión clave: invertimos en cárceles más que en las condiciones que reducen el daño (vivienda, salud, educación y empleo). Es más, invertimos más en cárceles que en los municipios.

A la red de intereses gubernamentales y corporativos que se benefician de que haya más encierro, más contratos y más vigilancia, se le llama complejo industrial carcelario (PIC).[Como advierte Angela Y. Davis, el encarcelamiento masivo “devora la riqueza social” que necesitaríamos para atender las causas del daño y termina reproduciendo las condiciones que llevan a la gente a prisión.

Cuando el presupuesto prioriza las jaulas sobre la prevención, no es solo contabilidad: es un ejercicio de poder. Se equipara “seguridad” con “castigo” y se margina todo lo que cuida, repara y transforma.

Hay caminos probados para reducir daño y aumentar seguridad sin expandir el encierro, acá te presento algunos:

• Salud mental con respuesta 24/7: equipos móviles de crisis (sin participación de la policía) que estabilizan, conectan a servicios y desvían de la vía penal u hospitalaria.

• Vivienda primero y empleo con apoyo: la evidencia es robusta en que la estabilidad en vivienda es fundamental; sin techo no hay reinserción posible.

• Justicia restaurativa/transformativa: procesos guiados que asumen responsabilidad, reparan el daño y previenen la repetición.

Si movemos una fracción de los recursos que destinamos para sostener la industria del encierro hacia estas respuestas, la historia cambia. No es ingenuidad: es eficacia y costo-efectividad basada en evidencia.

Un hombre con diagnóstico de salud mental, 15 años preso, y un Estado que al salir lo abandona sin techo ni medicamentos. La “seguridad” falló en cada etapa. Si hubiéramos invertido parte de esos $519.6M en tratamiento, vivienda y acompañamiento, quizá hablaríamos de otra cosa.

El dolor pide castigo, cuánto más duro, mejor; es comprensible. Pero hacer política pública desde ese impulso es como apagar un incendio con gasolina. La verdadera seguridad no se mide por cuántas o cuán rápido encerramos personas, sino por cuántas vidas cuidamos y cómo nos cuidamos.

Y ahora, conversemos:

• Si pudiéramos reasignar parte del presupuesto correccional a salud mental, vivienda o educación en tu municipio, ¿qué cambiarías mañana?

• ¿Qué prácticas de cuidado y rendición de cuentas ya existen en tu comunidad y merecen financiamiento estable?

• ¿Qué datos locales necesitamos visibilizar para salir de los mitos punitivos?