Ep. 2 - El complejo industrial carcelario
¿Seguridad o negocio? Lo que revela el presupuesto certificado para el año 2025-2026 del Departamento de Corrección.
Una mujer sale a correr como cualquier otro día cuando un hombre aparece entre la maleza, la sujeta de los hombros y se la lleva. Otra persona escucha los gritos y la auxilia. Se salva, pero la historia pudo haber sido otra.
El Lobo, protagonista de esta historia, no salió de la nada, salió de un sistema. Es un paciente de salud mental que estuvo 15 años encarcelado. Un día antes de los hechos, Corrección lo dejó en la plaza pública de Villalba sin vivienda ni medicamentos. Había “cumplido su sentencia”. ¿Seguimos creyendo que la cárcel previene la violencia o aceptamos al fin que solo oculta sus raíces, la esconde y la reproduce?
Según el presupuesto certificado para el AF2026, Puerto Rico destina $519.6 millones al sistema carcelario (Departamento de Corrección y Rehabilitación + Salud Correccional). La mayor parte se va a nómina y operación del encierro: $251.8M en nómina y costos relacionados (sueldos, horas extra, beneficios, reclutamiento), $48.1M en pagos de facilidades y utilidades (PREPA, PRASA, PBA, combustible), y $68.4M en servicios adquiridos, dentro de los cuales $31.0M son para alimentos de la población confinada.
Por otro lado, solo $4.13M se asignan a programas comunitarios y centros de rehabilitación. Es decir, menos del 1% del gasto del sistema carcelario es explícitamente etiquetado como “programas” frente a 99% en sostener la maquinaria de encierro (nómina, facilidades, alimentación, contratos, etc.).
Ese patrón ocurre dentro de un Fondo General de $13.10 mil millones para el AF2026. Llamar a todo esto “seguridad pública” oculta una decisión clave: invertimos en cárceles más que en las condiciones que reducen el daño (vivienda, salud, educación y empleo). Es más, invertimos más en cárceles que en los municipios.
A la red de intereses gubernamentales y corporativos que se benefician de que haya más encierro, más contratos y más vigilancia, se le llama complejo industrial carcelario (PIC).[Como advierte Angela Y. Davis, el encarcelamiento masivo “devora la riqueza social” que necesitaríamos para atender las causas del daño y termina reproduciendo las condiciones que llevan a la gente a prisión.
Cuando el presupuesto prioriza las jaulas sobre la prevención, no es solo contabilidad: es un ejercicio de poder. Se equipara “seguridad” con “castigo” y se margina todo lo que cuida, repara y transforma.
Hay caminos probados para reducir daño y aumentar seguridad sin expandir el encierro, acá te presento algunos:
Salud mental con respuesta 24/7: equipos móviles de crisis (sin participación de la policía) que estabilizan, conectan a servicios y desvían de la vía penal u hospitalaria.
Vivienda primero y empleo con apoyo: la evidencia es robusta en que la estabilidad en vivienda es fundamental; sin techo no hay reinserción posible.
Justicia restaurativa/transformativa: procesos guiados que asumen responsabilidad, reparan el daño y previenen la repetición.
Si movemos una fracción de los recursos que destinamos para sostener la industria del encierro hacia estas respuestas, la historia cambia. No es ingenuidad: es eficacia y costo-efectividad basada en evidencia.
Un hombre con diagnóstico de salud mental, 15 años preso, y un Estado que al salir lo abandona sin techo ni medicamentos. La “seguridad” falló en cada etapa. Si hubiéramos invertido parte de esos $519.6M en tratamiento, vivienda y acompañamiento, quizá hablaríamos de otra cosa.
El dolor pide castigo, cuánto más duro, mejor; es comprensible. Pero hacer política pública desde ese impulso es como apagar un incendio con gasolina. La verdadera seguridad no se mide por cuántas o cuán rápido encerramos personas, sino por cuántas vidas cuidamos y cómo nos cuidamos.
Y ahora, conversemos:
Si pudiéramos reasignar parte del presupuesto correccional a salud mental, vivienda o educación en tu municipio, ¿qué cambiarías mañana?
¿Qué prácticas de cuidado y rendición de cuentas ya existen en tu comunidad y merecen financiamiento estable?
¿Qué datos locales necesitamos visibilizar para salir de los mitos punitivos?
Si este análisis te resuena, comparte, comenta qué alternativas ves posibles en tu comunidad y suscríbete para seguir construyendo esta conversación de manera informada y sosegada.
