A finales de junio la Junta de Control Fiscal celebraba la aprobación de un nuevo reglamento de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. En un comunicado en sus redes sociales y página web anunció con bombos y platillos el Reglamento para la Administración Retributiva del Gobierno Central de Puerto Rico. La noticia, como era de esperarse, cubrió las primeras planas de los periódicos principales, toda vez que comunicaba una nueva escala de retribución para aproximadamente 23,000 trabajadores y trabajadoras del sector público que ubicaría el punto medio de esta en el de trabajadores y trabajadoras del sector privado. Uno de los cambios principales era que los aumentos ya no se vincularían a la antigüedad y sí a la formación y destrezas adquiridas por las trabajadoras y trabajadores.
Obviamente, la Junta presentaba y celebraba la reforma como un asunto de disciplina fiscal y equidad en cómo se pagan los salarios públicos y como un paso más en la consolidación de su proyecto de gobierno. Sí, leyó bien, de su proyecto de gobierno, no del proyecto colectivo de un país que no eligió a ninguno de los miembros de una junta producto de la imposición colonial.
Y sabemos que el proyecto de gobierno de la Junta se alinea con una visión de achicamiento gubernamental, por lo cual el cambio de una visión colectiva en la mejora de las condiciones de trabajo a una individualista, donde imperará el sálvese quien pueda disfrazado de destrezas y capacitaciones individuales socavando sustancialmente las demandas colectivas.
Hace casi treinta años, los trabajadores y trabajadoras del sector público lograron la aprobación de la Ley 45. Fue esa legislación la que le permitió organizarse sindicalmente y negociar de manera colectiva salarios, beneficios y condiciones de empleo. La ley es clara en cuanto a los salarios: son un área mandatoria de negociación. Y si algo sabemos, es que no es lo mismo enfrentarse solo a un patrono para negociar un salario que enfrentarse colectivamente. La Junta también lo sabe.
Por eso, ese nuevo reglamento vacía de contenido y derrota la negociación sindical. En palabras sencillas: deroga administrativamente la Ley 45. No se trata de justicia salarial, al contrario, se trata de que tengas que enfrentarte sola a un patrono todopoderoso en la negociación de tu aumento. Si la Junta está comprometida con la justicia salarial, debe comenzar por los miles de empleados gubernamentales que hace décadas no reciben un ajuste salarial que permita compensar el aumento en el costo de vida y ni se diga un aumento salarial.
Afortunadamente, el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el Reglamento por incumplir con requisitos procesales para su aprobación y el Tribunal Supremo denegó la revisión que el Gobierno solicitó. Sin embargo, esta fue un wakeup call para los trabajadores y trabajadoras del sector público y sus organizaciones sindicales: la negociación colectiva está en riesgo.
