Se me paran los pelos cada vez que un titular anuncia décadas de cárcel como sinónimo de justicia. Luego de la sentencia a 38 años de prisión impuesta a Anthonieska Avilés Cabrera por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la discusión pública se ha volcado de inmediato a la aritmética del castigo y el encierro. Que si cuántos años cumplirá realmente, que cuándo cualificará para la Junta de Libertad Bajo Palabra y que qué porcentaje de su juventud quedará confiscada por el Estado.
Sin embargo, ese debate no responde a la pregunta fundamental que el abolicionismo penal y el feminismo antipunitivista no pueden callar: ¿qué hace exactamente el Estado con las mujeres jóvenes a las que decide enterrar en vida en nombre de la justicia?
El discurso oficial insiste en que las cárceles rehabilitan. Nos repiten que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no es una trituradora de carne humana, a lo Pink Floyd, sino un espacio de transformación individual. Sin embargo, los propios datos del DCR correspondientes al año fiscal 2024-2025 desmienten claramente esa ficción: el sistema correccional de Puerto Rico no fue diseñado para rehabilitar a nadie, y en el caso de las mujeres, su abandono roza la violencia estatal.
Al examinar datos que me entregó el DCR a través de la Ley de Transparencia sobre los programas educativos y vocacionales disponibles, la brecha de género es un esquema de exclusión estructural. De más de 3.9 millones de dólares asignados en contratos directos para formación de la población penal, menos del 5% del valor de esos fondos llega de forma tangible a las mujeres privadas de libertad.
Mientras a las instituciones de varones se les asignó un programa técnico de construcción (Construir para Ganar) con $1.8 millones y 675 cupos para enseñar oficios con verdadera demanda y remuneración en el mercado laboral abierto, para las mujeres en el Complejo de Rehabilitación de Bayamón la oferta en ese renglón fue de exactamente cero. Ni un solo taller de plomería, electricidad o carpintería. Asimismo, el acceso a la educación superior formal con créditos universitarios a través del Prison Education Program (PEP), financiado con fondos Pell federales en convenio con Caribbean University, se distribuyó a lo largo de seis cárceles de hombres con 165 cupos. ¿Cuántos para las mujeres? Cero.
La oferta programática que el Estado reserva para las mujeres privadas de libertad reproduce los roles más tradicionales del patriarcado: unas pocas plazas en siembra de plantas aromáticas, teatro o talleres psicoeducativos donde el objetivo no es dotarlas de autonomía económica o emancipación intelectual, sino domesticar su conducta. Si una mujer ingresa a los 18 años a una celda sin haber culminado su formación y el Estado le niega acceso a la universidad y a oficios técnicos de alta remuneración, ¿cuál es la reintegración que se pretende al cabo de 5, 10, 15 o 25 años?
Ninguna. La cárcel no repara el daño irreversible causado a la familia de Gabriela Nicole ni previene la violencia machista o comunitaria que desgarra a nuestros barrios y comunidades. La cárcel únicamente aísla la precariedad, la esconde tras muros de hormigón rodeados por serpentinas y perpetúa ciclos de pobreza y trauma.
Desde la perspectiva abolicionista, la justicia no se mide en la cantidad de años de encierro que se le imponen a una joven, mientras el propio aparato carcelario le niega las herramientas materiales más elementales para reconstruir su existencia. Exigir cuentas al Estado por este crimen social no minimiza la gravedad de la violencia, como sugieren algunos. Más bien significa reconocer que más castigo, sin recursos, sin educación y bajo un sesgo de género atroz, solo produce más ruina.
Si el DCR solo tiene para ofrecer a las mujeres privadas de libertad abandono presupuestario y exclusión educativa, admitamos de una vez por todas la verdad: las cárceles no rehabilitan; solo están administrando lo que consideran el desecho social que la propia sociedad se niega a sanar.